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Carlos Garrido.
El último 19 de junio dos policías locales de El Campello (Alicante) tuvieron una guardia con sorpresas sobre rutinas. Tras recibir una alerta en el patrullero lograron liberar, del maletero de un turismo, a una mujer maniatada y amordazada llamada Alina. Es de origen ruso y apenas hablaba español. Su pareja, el también ruso Pavel S., fue quien denunció telefónicamente el suceso tras zafarse de un grupo de captores.
Ambos vivían en San Juan (Alicante). Desde allí condujeron a Pavel y esposa dos falsos policías salmantinos -junto a una intérprete rusa- para intentar trasferir varios millones de euros en moneda virtual. Pavel sería un experto informático y operaría distintos monederos de criptodivisas como contable de inversores de todo el mundo. El ruso tendría distintos domicilios alicantinos donde se custodiarían claves propias y ajenas del dinero virtual.
Al reconocer Pavel y Alina, en dependencias policiales, a uno de sus captores fueron detenidas un total de seis personas. En Alicante (3), en Huelva (2) y en Madrid (1). Todos están encarcelados desde finales de junio. Carlos Garrido, quien lideraría el grupo, logró huir del escenario de los hechos. Se muestra sumamente escurridizo y mudo ante un sumario que instruye el Juzgado nº 3 alicantino y diligencia la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita (UOPJ). Entre ambos organismos intentan resolver las incógnitas que recaen sobre este extraño suceso. Garrido es la principal cuestión y quien actúa de la forma más imprevisible.
Detectives a go-gó
El secuestro, aunque su resultado fuera fallido, estaba calculado al milímetro. No contemplaron sus gestores el oficio de Pavel. Al final no desveló las claves que perseguían sus raptores para trasferir millones de euros. Garrido indicaría antes a sus compinches que el ruso integraría una supuesta mafia del dinero virtual que habría contraído ingentes deudas con sus inversores, captadores de activos e intermediarios (brokers). Previo al secuestro, Garrido contrataría al Detective Privado C. L. O. en Huelva. Su misión sería la de localizar el domicilio del ruso y conocer sus movimientos cotidianos. Dicho investigador privado fue Sargento en la Guardia Civil, experto en ciber-delincencia y ex Jefe de Equipo en la UOPJ onubense.
Ese detective privado rentabilizaría su pasado profesional tras prejubilarse de la Benemérita muchos años antes que el resto de la ciudadanía. Como otros privilegiados (militares y policías, sobre todo) cobraría una pensión máxima lustros antes de los 67 años, edad de jubilación mínima para funcionarios, autónomos y empleados (Ley 21/21, del 28 de diciembre).
Los uniformados usan eufemismos sobre el agravio al resto de cotizantes: reserva activa, segunda actividad, disponible forzoso, difusas razones de estado o de la seguridad patria tras secuelas o bajas médicas exageradas.
El gremio de los detectives privados atrae la peor codicia de estos ex funcionarios. Algunos sólo persiguen dinero rápido. Pero antes de los 67 años precisan la preceptiva autorización de compatibilidad acorde al Artículo nº 3 de la Ley 53/84. De lo contrario, compiten deslealmente con la mayoría de los detectives privados, profesionales libres que declaran y pagan impuestos, tienen agencia física y ratifican sus informes y operativos ante la Justicia.
Estos prejubilados por lo general desarrollan funciones concurrentes a las previas y conservan placa-insignia, pistola y ‘fuentes’ con ex compañeros/as de sus antiguos cuerpos. Nos preguntamos si ante la libertad de mercado estos servidores públicos no renuncian a sus sueldazos prejubilatorios, piden la excedencia o la baja de sus respectivos cuerpos.
Además del Detective de Huelva, otro investigador [‘civil’, para entendernos] con licencia de Valencia aparece en el caso como testigo. Realizaría informes sobre la pareja rusa y desconocería que se preveía sobre la misma un secuestro.
Un tercer Detective, también de Valencia, habría sido requerido para contratar a una traductora de ruso. Los dos últimos investigadores privados no habrían cobrado un céntimo de Garrido. Su ‘desaparición’, desde el día del secuestro, dejó deudas e interrogantes.¿Casualidades?
El secuestro de Pavel se orquestó cuando en El Campello se implantaba una moneda digital local, conexa al euro, como medio de compra-venta de productos o servicios. Una experiencia idéntica ya funciona con éxito en Bristol (Reino Unido) desde 2012.
Pero resulta que parte de los monederos, gestores y granjas del dinero digital estarían bajo el punto de mira de unidades policiales y del fisco antifraude españolas. Las paradojas económicas virtuales y herramientas de su transacción se multiplican sin estar implantadas globalmente.
Además, los movimientos dinerarios, patrimoniales y en cripto-activos de oligarcas rusos y ucranianos afincados en el Levante y Baleares más Costas del Sol y Brava españolas son seguidos de cerca por agentes de la inteligencia europea, rusa, norteamericana y de potencias asiáticas. Especialmente desde que comenzó la invasión de Ucrania por Rusia.
Que Carlos Garrido haya focalizado, al parecer, su empeño para reembolsar supuestamente una equivalencia de millones de euros desde plataformas virtuales sobre Pavel S. es llamativo. Sobre todo, tras conocerse los últimos movimientos del sevillano, al que la UOPJ busca desde hace meses.
Que se subcontrate para el secuestro a un detective y cualificado ex guardia civil quien delegaría en dos personas que usurparían funciones policiales añade dolo y suma turbios antecedentes a los falsos agentes de la ley. Este asunto sería la punta de un iceberg del que se trasparenta muy poco.
Otra casualidad son los planes que, en 2023, proyecta implantar Hacienda para forzar la declaración al fisco (AEAT) de cripto-activos de empresas y particulares contribuyentes en España. El férreo control que pretende el Ministerio ya chocó con el consabido garantismo legal y sucesivos dictámenes contrarios del Consejo de Estado y Agencia de Protección de Datos.
La Ministra del ramo [Mª Jesús Montero] ‘cocina’ además un Reglamento, de inminente publicación en el BOE, que contempla tres modelos de declaración (172, 173 y 721) para controlar la tenencia, intermediación y añadir cargos tributarios sobre las plusvalías en criptomonedas. La voracidad recaudatoria no tiene techo, ni suelo. Su ubicuidad es infinita.El dinero no tangible causa furor entre grandes fortunas y propietarios, empresarios y profesionales de éxito, más quienes manejan dinero al margen de la legalidad tributaria (narcos, defraudadores, operadores en la economía sumergida, millonarios foráneos, el crimen organizado....).
Las monedas virtuales, lo que blanquean y mueven ya causaron estragos personales. El fundador de Tuenti, Zaryn Dentzel, fue retenido bajo la amenaza de armas cortas en su ático de Madrid por cuatro secuestradores que le robaron joyas. No lograron apoderarse de las claves para obtener los
25 millones de euros que pretendían. Fueron detenidos, los malhechores, el pasado octubre y el misterio tapa a los instigadores de la trasgresión.
Otro caso lo protagoniza Javier Biosca tras suicidarse en Estepona a finales de noviembre en 2022. A este estafador de 50 años le perseguían casi 1.000 inversores en bitcoins y mafias internacionales que le confiaron millones de euros. Biosca no los devolvió en los plazos concertados y con los intereses pactados. Sobre el triste final de este bróker hay más silencios que certezas.
¿Quién es Carlos Garrido?
Nacido en Sevilla en marzo de 1982, llevaba una vida tranquila y anónima. Operaba una empresa del sector regalos de empresa. Administraba, desde
2009, una sociedad con capital simbólico, cuya sede se ubica en la calle Juan Carballo. Habría vivido con su pareja, nacida el día de los Santos Inocentes de 1984, e hijos menores cerca del Parque Amate hispalense.
Su discreta vida en
parte la alteraron sus vínculos con una vivienda en el término de Ayamonte (Huelva). Desde su ordenador y continuos viajes a Portugal se cotizarían sus habilidades como experto en blockchain. Nos referimos a una ‘cadena de bloques’ que codifica monedas virtuales y se aplica a transacciones, la gestión pública, energética o internet.
Su atribuido liderazgo en el intento de apoderarse de los millones en cripto- monedas que manejaría Pavel se trasmutó hasta ser un fugitivo de la ley. Huyó, apresuradamente, de Alicante y desatendió citas judiciales como investigado del citado juzgado alicantino. Mientras, seis encartadospermanecen en prisión incondicional y comunicada desde el último junio por presunto secuestro, usurpación de funciones y organización criminal.
La Magistrada de Instrucción nº 3 de Alicante dictó contra Garrido una orden europea de detención. Desde hace meses expertos de la Guardia Civil y la Guardinha (GNR) lusa buscan a Garrido sin éxito, tras difundirse en redes e INTERPOL su fotografía, la que ilustra este trabajo.
Cercado por las pesquisas policiales, Carlos Garrido filtró unas declaraciones exculpatorias a EL MUNDO el pasado 15 de noviembre y que son telegráficas: ‘No encargué ningún secuestro. Ni soy un peligroso delincuente, ni jefe de una banda’. Añadió Garrido que ‘contraté a un detective para recuperar mi dinero. El ruso [Pavel S.] me debe dos millones’. Fuentes consultadas indican que contactar con la prensa sería una estrategia calculada que antecedió a un paso inesperado del fugitivo.
Extraña libertad
Durante la mañana del 24 de diciembre Carlos Garrido D. compareció en la comisaría de Policía Nacional de La Línea (Cádiz) junto a un abogado, del que no ha trascendido su identidad. Es sorprendente que obrase así por ser la Guardia Civil quien investiga al sevillano. Posteriormente, es puesto a disposición judicial. En el Juzgado nº 5 linense se entregarían unas evidencias que hicieron llegar a su homólogo alicantino telemáticamente.
Determinadas incidencias, difíciles de comprender, logran que Garrido fuese puesto en libertad a las pocas horas de visitar dependencias policiales y judiciales a cientos de kilómetros de donde debería haber comparecido para aclarar su relación con unos hechos inquietantes.
Ciertas crónicas periodísticas indican que el fugitivo sigue libre porque faltarían validaciones oficiales y firmas autorizadas en la orden europea de detención que activó el juzgado alicantino que le investiga. Tal orden no estaría grabada en el sistema informático (SIRAJ) aunque la UOPJ difundió su foto y cargos interesando su localización y detención por orden judicial.
La versión alternativa que evitaría a Garrido de la cárcel que sufren sus presuntos cooperadores chirría más. Habría justificado, ante el juzgado campo gibraltareño, documentos y pagos del Ministerio del Interior. En los mismos constaría, según parece, como colaborador en un operativo contramafias internacionales.
En el Juzgado de Instrucción nº 3 y la Benemérita (UOPJ) alicantinos tal realidad causaría sorpresa por desconocerse a priori el posible estatus de
’agente’ oficial encubierto del sevillano. Además, transcurridos casi siete meses de instrucción judicial el sumario incluye una pieza que la Magistrada ha declarado secreta y se custodia encriptada bajo llave.
Paradójicamente, los seis encarcelados por el secuestro de Pavel y Alina llevan meses privados de libertad. Los intentos de sus abogados por excarcelarlos repitieron en vano recursos contra una realidad que parece desproporcionada tras la extraña libertad de Garrido. En especial para la traductora rusa que facilitó un veterano detective valenciano. La intérprete estaría en el lugar y momentos equivocados.
Las incógnitas que rodean a Carlos Garrido siguen intactas. Su puesta en escena ante la prensa y juzgado linense, más ciertas realidades, le asocian a un personaje que juega bien sus cartas. No compareció el pasado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, en el juzgado alicantino donde se esperan sus aún inéditas declaraciones. En el juzgado linense donde estuvo días antes dejó unas señas familiares en Sevilla. Allí podrían acudir agentes de la ley para buscarle nuevamente. Desconocemos si las incidencias sobre la orden de detención europea se repetirían en el futuro.
Surgen varias preguntas sobre el personaje: ¿Será detenido o seguirá libre Carlos Garrido? ¿Por qué no declaró aún sobre su señalada participación en el secuestro de la pareja rusa? La respuesta ante las últimas preguntas sería reveladora: ¿Quién protege, que es lo que sabe o calla este sevillano?
De Carlos Garrido se desconoce, por la opinión pública, si es un inversor o bróker que quiere recuperar millones en monedas virtuales del ruso secuestrado. O si es parte de una operación oficial encubierta que patrocinarían ‘fondos oficiales’ contra mafias, que manejarían dineros turbios, implantadas en territorio español. O acaso estamos a la versión
‘cripto-blockchain’ del Comisario Villarejo. El ex preso y falso detective usaría en el pasado destinos policiales y encargos oficiales propios de los servicios de inteligencia para hacer una nutrida fortuna privada. El tiempo y la Justicia nos darán más razones y argumentos para cerrar los interrogantes que abrió un justiciable cargado de virtualidades que chocan con la más cruda realidad. Seguiremos atentos en esta sabatina de #Infraganti al tema. Seguro que deparará más sorpresas.