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Andalucía Viva
Quienes se suceden en el poder en España son reticentes a dar explicaciones por sus actos o trasparentar sus decisiones al ciudadano, opositores, inversores, licitadores, emprendedores y agentes sociales.
Fue la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno la primera norma española que regula el tema. Es vigente desde el primer mandato de Mariano Rajoy (PP). Pero desde hace más ocho años espera un Reglamento que la desarrolle. La operativa de la norma exige un oficioso ‘manual de procedimiento’ para evitar los males que el legislador prevee esquivar.
Sólo meses después de promulgarse dicha Ley, la Junta publica la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Ésta norma es vinculante para las distintas administraciones públicas que conviven en la comunidad más contribuyente, extensa y poblada de las españolas. Los reflejos del gobierno andaluz de entonces, encabezado por José Antonio Griñán (PSOE), fueron más rápidos que otras autonomías españolas.
La norma andaluza generó una herramienta para plasmar los fines del legislativo. Es el Consejo de Trasparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA). Opera desde 2016, tiene sede en Sevilla e integra a alrededor de 40 empleados. Lo preside, por unanimidad parlamentaria, el reputado Catedrático de Derecho Constitucional Manuel Medina. El jurista insistió, tras ser nombrado en 2016 a este periódico, que su objetivo es ‘recuperar la confianza de los ciudadanos hacia la acción de gobierno’.
Trasparentar lo público
Los pocos años de vigencia de sendas leyes, española y andaluza, acercan a los ojos del ciudadanos, empresas y organismos lo que se ocultaba de la res publica. Crean una perspectiva antes inédita. El gobierno de Madrid y otros autonómicos no son proclives a desvelar sus peores vergüenzas, las que defraudan la confianza popular ante quienes ejercen la autoridad.
CIVIO es una Fundación Ciudadana creada en 2011. Hablamos de un colectivo independiente, sin ánimo de lucro, que vigila a los poderes públicos. Su misión es compartir con los españoles lo que deben saber. Presiona, con distintas accciones, para lograr transparencia real en la administración pública. Se sustenta con donaciones de afiliados, tras efectivas campañas y peticiones dignas de aplauso.
La principales batallas de CIVIO, integrado por jóvenes profesionales teletrabajadores, se focalizan en conocer sueldos, currículums, destinos y otros datos entre cargos de confianza que cobran de la nómina pública. Es decir, lo que cobran del erario por designación ‘digital’. También, CIVIO quiere conocer cómo, por qué y cuánto se paga a los proveedores de las distintas administraciones desde que sufrimos la pandemia del Covid-19.
La opacidad, lo urgente sobre lo importante y el paganini lo comparten miles de millones de euros que irían a bolsillos cercanos al poder. Como es imaginable, la colaboración ‘pro transparencia’ de órganos administrativos es mínima, tardía y parcial. Pero CIVIO estará erre que erre. No se quiere decir en suma que la IIIª Guerra Mundial carece de ejércitos uniformados y armas convencionales. Vale recordar palabras del primer Barón de Rostchild al preguntarle un periodista cómo y cuándo hizo su fortuna. El millonario noble respondió: ‘cuando había sangre en las calles’.
El titánico trabajo de CIVIO se trasparenta en su web, abierta a los no socios de su Fundación. Algunas ventanas del portal son ilustrativas de su labor: indultómetro (identidad y datos de ‘perdonados’ por el gobierno), BOE nuestro de cada día, medicamentalia, Covid-19, España en llamas, Quién cobra la obra [pública], quién manda, derecho a saber. Sólo lo oculto del coronavirus ya merece un vistazo https://civio.es/coronavirus/
Comentarios expertos de Javier de Vega, portavoz de CIVIO, dan a entender que la cultura de la trasparencia, el acceso a lo público y el control de datos llega a poco a poco a la mente española. Lobbys, periodistas, bufetes, consultores, empresarios y valedores del derecho a saber dónde va el dinero de los impuestos serán los que consoliden esta demanda social. Parecía exclusiva propiedad de quienes ocupan el poder y cargos públicos.
Andalucía trasparente
El CTPDA ratifica que los cinco años de trabajo que llevan dio muchos frutos. El portal del Consejo aloja un buscador que obvia datos personales
Se cuelgan más de mil resoluciones tras demandarlas distintos peticionarios. Proteger datos personales y trasparentar lo público en Andalucía exige base jurídica, agilidad y afán de evitar conflictos. Sólo 36 resoluciones se replicaron en la jurisdicción contencioso-administrativa por afectados de resoluciones del CTPDA.
Quienes se dirigen al CTDPA es porque no les contestaron sus peticiones, lo hicieron parcialmente, fuera de plazo o bien no se atendió la demandado originalmente. La Junta de Andalucía tiene veinte días para contestar las peticiones que le llegan a través de sus distintos portales de transparencia. El resto de administraciones tiene un mes, prorrogable a otro más justificadamente. En tal período deben responderse las preguntas, ya sea por vía digital, por correo electrónico o postal.
Hay portales de órganos públicos andaluces que esquivan facilidades telemáticas para tramitar peticiones del derecho a la información. O dan error, o el sistema tarda excesivamente en tramitar o se logra desesperar el navegante. Se desconoce si aburrir telemáticamente es parte de la transparencia. Las respuestas extemporáneas invocando consultas a terceros para autorizar datos personales es otra forma de escurrir el bulto.
Un ejemplo: un peticionario de datos sobre traspaso de licencia oficial para negocio sanitario encontró opacidad. La Consejería de Salud pidió autorización de facilitar datos personales del concesionario y transmitente. La respuesta oficial cayó en la más clamorosa opacidad. Obviamente, había un traspaso especulativo detrás de un trapicheo que causó agravios. Lo grave es que ese secretismo se avale con la protección de datos personales, con firma y membrete oficial. El juzgado de guardia será el siguiente paso.
Hay administraciones públicas que usan ‘casualmente’ a los señalados o sospechosos de arbitrariedad. O de ¿corrupción, nepotismo...?... para responder cuestiones. Obviamente, quien replica oficialmente, desde el cargo , no contesta lo preguntado. Esquiva lo comprometedor, alega falta de legitimación o bien contesta sobre la luna cuando se pregunta por el sol.
Es decir, la norma si cae en manos y mentes acusadas de opacidad, ocultación o empeños peores tendría respuesta poco objetiva o ‘interesada’, por usar un eufemismo. En los casos más flagrantes la vía judicial, repetimos, o denuncia en comisaría sería lo más adecuado. Los lectores más sagaces saben de lo que se escribe. Servir a la administración pública no equivale a ser ‘intocable’ en un mínimo de casos. La inmensa mayoría está al servicio del ciudadano. No se olvide.
El sevillano modo
Entre los organismos sevillanos que más resuelve en contra el CTPDA encontramos varios colegios profesionales, registradores, sindicatos, Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial. Casi siempre se piden datos y actas en procesos electorales, contrataciones de personal, oposiciones, licitaciones, concesiones... La Justicia avala casi al 100% el dictamen del CTPDA. Además de singularizarlos tienen solvencia jurídica. Los juzgadores corroboran un trabajo que va en pro del bien común.
El Ayuntamiento de Sevilla merece paréntesis. Una resolución del pasado diciembre del CTPDA estimó parcialmente lo que solicitaba una plataforma sobre usos en la antigua Jefatura de Policía en Plaza de la Gavidia. Un abogado del colectivo demandó expediente sancionador a un empleado de la Gerencia de Urbanismo por incumplir sus obligaciones. Entendía que el funcionario actuaba ‘de forma flagrante, dolosa, arbitraria y frontalmente contraria a derecho’.
Oro caso, de un sevillano que quería conocer concesiones de casetas feriales entre 2001 y 2019 recibió vaga respuesta municipal. El Juzgado Contencionso nº 9 de Sevilla condenó en firme al Ayuntamiento a dar la información requerida en una impecable sentencia. La misma condena a costas, con límite de 500 euros, a la ‘Casa Grande’ de los sevillanos.
Nos preguntamos si es de recibo, y no agravia más al ciudadano, tener que acudir a la Justicia para plasmar un derecho, el de la información, que es fundamental. Surge una pregunta: ¿Limitar el pago de costas a la administración es equitativo para el justiciable?. Las minutas de Abogado y Procurador en un procedimiento contencioso de peso cuesta el cuádruple de los 500 euros al demandante que al Ayuntamiento se limitan. Recordemos que elmunicipio sevillano tienen en plantilla un tropel de abogados expertos en contencioso-administrativos. Manda.....
El Ayuntamiento de Sevilla casi colecciona el mayor número de reclamos ante el CTPDA entre sus homólogos andaluces. Se desconoce si hay muchos más en otras vías, pues este órgano sólo resuelve lo que se somete a su resolución. Se sabe que muchas respuestas municipales a preguntas ciudadanas vía portal transparencia son verbales y previa bronca del jefe a quien verbaliza la respuesta. El papel es sufrido y compromete.
La moraleja que podía deducirse de las normas de transparencia es tributaria de la experiencia de países de que ya las implantaron. El ojo sevillano, andaluz y español debe saber a lo que tiene derecho, vigila el abuso y desvío del poder, el nepotismo y la corrupción. Las herramientas para que esa vista sea amplia pueden ser públicas (CTPDA) o las nacidas de la iniciativa popular (CIVIO). Ese ojo no es, ni de lejos, un gran hermano orwelliano. Será el que acabe con la opacidad en los asuntos públicos, informe a los ciudadanos y use la innovación para acceder libremente a la información que importa. La que quiere ver ese ojo.