Magrudis: ¿Demasiadas incógnitas?

La firmeza de la Jueza que encarceló al Administrador y Gerente de Magrudis contrasta con el relajo de controles sanitarios, impunidad de la ‘mafia de la carne’ y una economía sumergida que perjudica a quien paga al fisco.

El ‘Affaire Magrudis’ escribió prólogos y varios capítulos. Queda mucho por leer, tras escribir renglones muy torcidos. Imaginamos el epílogo. Cuando se haya olvidado, se desplegarán estrategias para minimizarlo todo. Ya pasó con el escándalo de la colza en los ochenta y el brote de Legionella del Hotel Macarena en 2009 o la caída de un Muro (caso Bazar España) que estaba demolido pero ahorraba un vallado a una constructora.

Serán difícil olvidar a sus deudos 3 fallecidos, 7 abortos a sus progenitoras y más de 220 contaminados por el más virulento brote de Listeriosis español. Tuvo epicentro en Sevilla, en la nave de Magrudis. Más difícil parece el empeño de conocer toda la verdad, por muy cruda que sea, en un caso que atacó la línea de flotación de la salud pública y seguridad alimentaria.

Dobletes y tripletes de MAGRUDIS

La judicialización del caso ha detenido a Mario, uno de los hijos de quien se considera el cerebro del ‘Affaire Magrudis’ José Antonio Marín Ponce. Era único socio y administrador de ELABORADOS CÁRNICOS MARIO SLU, cuya sede está en nave contigua de Magrudis. Carece de permisos sanitarios, de plantilla, de flota, de cuentas transparentadas. La ‘empresa’ tiene capital simbólico (3000€). Nos preguntamos ¿Para qué se creó? ¿Es un almacén con empresa?. Nos tememos que facture en plan ‘contabilidad creativa’, la de los economistas autonómicos ante el Tribunal de Cuentas.

El olfato benemérito del UCOMA (Unidad Central Operativa-Medio Ambiente) registró una nave en Dos Hermanas ligada a Magrudis. Los tricornios e inspectores de la Junta ya desvelaron listas de elaborados de Magrudis sin membretar en supermercados y bares con precios sin IVA. La lista ‘b’, la que no aparece en web o el catálogo, existe. La carne no llega ni sale siempre de la nave ‘oficial’ de Magrudis por lo que intuimos. Nos preguntamos: ¿Estamos ante la economía sumergida? ¿La telaraña es para esquivar controles oficiales?

La Magistrada del caso Magrudis, Pilar Ordóñez, pone los pelos de punta sobre la ‘diligencia’ de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla en tareas inspectoras. Un escrito suyo informa que Magrudis se crea en 2013. Hasta diciembre de 2015 la Junta no la autoriza sanitariamente, aunque se constatan irregularidades (el objeto social no coincide con las actividades a desarrollar).

Hasta 2016 no aparece por Magrudis una inspección del Ayuntamiento. Una Veterinaria etiqueta a Magrudis como clase ‘A’, a inspeccionar cada 6 meses. En Julio de 2017 la pasa a clase ‘C’, a inspeccionar cada 18 meses. No hubo más inspecciones. La ‘declaración responsable’ que sustituye a las Licencias de Apertura la firma un arquitecto. No sabemos si es el mismo que suscribe la ampliación de Magrudis. El proyecto se presentó tras concluir las obras en verano del 2019. Tan evidente política de hechos consumados hace pensar que la buena fe que presume el Ayuntamiento en un interpuesto de empresario con muchas ‘marcas’ habría sido vulnerada.

Cuando el administrador de Magrudis, Sandro Marín, hijo del cerebro de la empresa lleva muestras en febrero 2019 a analizar a Microal lo hace porque había sospechas de contaminación en lotes comercializados en Huelva, en diciembre 2018 los asistentes a un bautizo.

Además de dar positivo en Listeria monocytógenes, pide más pruebas con otros productos que dan negativo. Ni el Laboratorio, ni Magrudis comunican nada a la Junta, ni al Ayuntamiento. Microal, quizá cercado por su singular praxis, comunica al juzgado en septiembre algo que -de darse en su día- evitaría muertos, abortos y hospitalizados muchos meses antes.

Parece imperativo, y si se permite de sentido común, que al ‘autocontrol’ de la empresa alimentaria se le sumen inspecciones sanitarias aleatorias y sin aviso. Fidedignamente, se sabe que los controles inspectores se avisan a priori. Quien tenga algo que ocultar sabe cuándo actuar. Debe regularse normativamente la obligación de denuncia ante un riesgo objetivo de epidemia, contaminación, foco bacteriano. Estimados lectores y lectoras, salud pública y seguridad alimentaria no son una broma.

Ya escribimos en esta serie de ‘Affaire Magrudis’ sobre la obligación de denuncia. La tiene cualquier ciudadano ante el conocimiento o sospecha fundada de un hecho delictivo, según la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. La tienen funcionarios con especial énfasis como avales de la norma, profesionales sanitarios ante una patología o lesión de origen no natural o accidental.

Pocas palabras se escriben sobre el sector cárnico andaluz y español, en un 99% cercano a la excelencia y caracterizado por las buenas prácticas. Los expertos sitúan en el cerdo como la estrella de la demanda. Los entendidos no descartan que hay más consumo que producción. El cerdo patrio tiene un plus cuando se le añade raza: el ibérico. El ‘pata blanca’ es más barato aunque igual de nutritivo. Sabemos cómo se nutren, imaginamos cómo engordan y reparten los dividendos de un sector poderoso. Mueve más de 2.000 millones de euros y emplea a más de 25.000 personas.

Se sabe, felizmente, que el SEPRONA-Guardia Civil investiga, desde hace años, fraudes sobre el ibérico. La Benemérita es tenaz, no desfallece. Sabe que a Sevilla y Andalucía llegan miles de patas y paletas de la Europa del Este, llamativamente con pata negra. Se venden como si fueran de Trevélez, Jabugo o Los Pedroches.

La inspección de salud pública de la Junta (Cuerpo A4) está también ‘alerta’ por las fechorías de la ‘mafia de la carne’. Esta coloca partidas del carnes y patas de cerdos estabulados en Polonia, Bulgaria, Rumanía.... Además, se sabe de tramas de ‘empresarios’ que, con los mismos escrúpulos que Magrudis, compran en mataderos lo que nadie quiere o lo que no se puede pagar por quien lleva lotes al despiece.

El negocio del jamón reventó. Poco después de la burbuja inmobiliaria hace pocos años. La especulación lo recuperó. La mala praxis ayuda al empeño. El desplome de ventas que ha ocasionado el ‘Affaire Magrudis’ dará dividendos a los que esperan a comprar gangas para vender con pluses, que basculan sobre etiquetas que añaden marketing y palabrería al inocente consumidor: artesano, ibérico, gourmet, selección....

Quien compra, el que paga sin saberlo este repugnante negocio, el que se contamina por Listeriosis, está absolutamente indefenso ante hazañas de la mafia que está instalada en la médula del sector cárnico. El SEPRONA ha retirado miles de jamones siguiendo rutas de trazabilidad y etiquetado de jamones vendidos en un hipermercado. Los compró a la mayor distribuidora cárnica patria.

Las denuncias de patronales y empresarios afectados por la ‘mafia’ tiene hilo directo con la Guardia Civil. En el SEPRONA hay ojos que miran las rutas de Magrudis..

No es casualidad que ni la empresa, ni sus ‘factores notorios’ –José Antonio Marín y sus hijos Sandro y Mario- tengan bienes embargables. Nuestros ojos no vieron aún, para tranquilidad de afectados, una póliza de responsabilidad civil. La jueza del caso bloqueó saldos de once cuentas bancarias, intervino 6 vehículos e incautó en varias naves y domicilios otros activos. Se calcula un reclamo de al menos un Millón y medio de Euros que costó a las arcas andaluzas tratar, investigar y laminar el brote de Listeriosis. Felizmente, el brote ya está controlado aunque la cepa aislada de la bacteria resultó ser la más virulenta de las conocidas hasta hoy por los expertos.

Se calculan muchos más millones para atender lo que reclamarán casi 120 afectados que denunciaron ya en juzgados, los costes legales y lo que exijan las acusaciones populares (Defensor del Paciente, Justicia por la sanidad y FACUA). Un programa televisivo (Equipo de Investigación, La Sexta TV) constató que el Sr. Marín Ponce, Gerente de Magrudis, vive en un espacioso chalet de Dos Hermanas y usa auto de alta gama. Suponemos que estos detalles nos recuerdan que vivir a todo trapo ante mileuristas en una Sevilla con demasiadas desigualdades y aparecer como insolvente quizá moviendo dinero ‘cash’ será divertido para un ‘empresario’ que soñó ser un magnate aunque la realidad le hizo huir hacia adelante desde hace décadas.

Pero en otros países -quien suscribe les profesa envidia sana- esta conducta es más delito penal y alberga más reproche social. La ‘trama’ familiar de Magrudis está pendiente de

Que Magrudis SL tenga sólo capital social de 3000€ y facture casi 700.000€ en el último ejercicio contable que declaró ante el Registro Mercantil es una paradoja. Tan grande como la inseguridad legal y jurídica que generan empresas con capital simbólico. Cuando quiebran, concursan, cierran, declaran créditos incobrables o sus responsables son testaferros de terceros nuestro sistema legal es muy lento. ¿Hay culpa ‘in vigilando’ de las autoridades? Eso arguye la defensa de Magrudis para concretar parte de su estrategia.

Llegados a este punto, vimos que el Sr. Marín tiene antecedentes empresariales fallidos. Una jueza declaró insolvente EMBUTIDOS EL PATIO SL que administró. Antes, SANMASUR y SIERRA LA ENCINA SL dejaorn más deudas. Las inagotables variables de la ‘economía sumergida’ nos acercarán noticias más inquietantes de Magrudis: antiguos socios, proveedores, clientes y/o empleados opinarán. Podría trascender que habría quien cobra de Magrudis SL sin trabajar. La ubicuidad inversora tiene efecto óptico: nada es lo que parece, lo que vemos no es lo que hay. Dejamos ahí la cosa.

Dan ganas de llorar con los productos de Magrudis en su web. Añade que ’todo es natural’ sin explicarlo. Su autobombo no tiene abuela refiriéndose a su plantilla: ‘un equipo humano con ganas de hacer bien las cosas. Sospechamos que antes las harían peor. Y que ganas no faltan.