En julio se publicó una sentencia de Audiencia de Huelva-Sección 3ª. En 47 páginas condenan a dos años de cárcel, inhabilitación, multa de 18 meses e indemnizar con 30.000 euros por revelación de secretos (Art 197-3 Código Penal) a una reportera de Huelva Información. La reportera publicó crónicas del sumario desclasificado que investigaba al asesino confeso Bernardo Montoya de Laura Luelmo. Familiares de la desdichada docente fueron la acusación, a la que se unió Fiscalía.
El abogado de la informadora, Luis Carlos Molero, prepara recurso ante el TSJA, mientras la sentencia marca rayas inéditas sobre la libertad de prensa. Uno de los magistrados que suscriben dicha sentencia, Florentino G. Ruiz Yamuza ya vetó a los medios en la vista judicial. El Fiscal-Jefe Alfredo Flores (hijo del fallecido ex penalista y fiscal) fue irredento apoyando a la familia de la asesinada para encarcelar a la periodista. Una perla de estos jueces es ésta: ‘La justificación de la protección de la libertad de información en la relevancia social de lo que se comunica hace necesario verificar ese interés social de la información, derivado del carácter público de la persona a la que se refiere o por el hecho en que esa persona se haya visto involucrada’.
Es decir, Sus Señorías deciden qué es o no noticia, su interés público o también cuando existe o no la manoseada alarma social. Implícitamente, se condena al mensajero tras invitarlo a comer. A la mordaza de informadores sobre quiénes son sus anunciantes, editores y padrinos debemos sumar la censura previa judicial. Al parecer, habría de recabar el preceptivo ‘nihil obstat’ (nada que objetar) obligado que piden los obispos a sus sacerdotes.
Más corsés, demasiada auto-censura
Un conocido penalista, Benito Saldaña, cuando servidor le preguntó en 1991 para la sección Criminología de este periódico por los límites de la abogacía para ejercer la defensa respondió que el más preocupante a su juicio entonces era el corsé procesal. Hoy esa pregunta tendría más respuestas. La palabrería de los letrados obviamente se ha reducido en estrados por no ser políticamente incorrecto.
Peritos, detectives privados, fotoperiodistas, financieros, escritores o funcionarios han reducido, durante los últimos tiempos, su literatura textual para no ofender o molestar a minorías, hábitos privados, derechos fundamentales o dogmas que no pueden contrariarse. Reporteros de sucesos como la periodista condenada suponemos limitaron sus crónicas, primicias o revelaciones. Alguien se querellará por una tontería intimidatoria. Un Magistrado trufaba a servidor añadiendo de los justiciables que ‘la gente tiene la piel muy fina’.
Varios cómicos se sucedieron en las pantallas últimamente corroborando que ya no pueden citar y, ni de lejos, hacer chistes de gord@s, gitanos, colectivo LGTBIQ+++, discapacitad@s, delincuentes, políticos, menores, mujeres y un largo etcétera. Está bien, es esencial, el respeto y la tolerancia. Mucho mejor los avances sociales que acabaron con rancias costumbres, pero de ahí a la mordaza per se hay un trecho. Paradójicamente, la sátira o la mofa en días de carnaval vale, está aceptada socialmente.
La sensación es que con tanta mordaza, neo-censura y corsés invisibles se quiere anestesiar el espíritu crítico. Las noticias falsas, los fakes y los bulos más cutres reinan en la telebasura. Allí, y en las redes sociales, es más importante el armario que se abre, o la boda con exclusiva de ocios@s. O las mentiras más perversas y elaboradas para encime hacerle comprar lo prescindible. Hablamos, pues, de los ‘influencers’ más mediocres. La pregunta sería ¿Hasta dónde nos conduce este estado de cosas?.
Burofax, llamadas y otras técnicas
Quien suscribe es lego de lo jurídico, ni es periodista, ni tampoco hace negocios con lo que escribe. Nos referimos a esas lagunas o temas que jamás se tocan para no morder manos que alimentan. Puede comprobarse que, desde 2018, #Infraganti publica artículos de opinión de variada temática siendo predominante la crónica negra local o lo más insólito que pueda leerse.
Llevar este 2023 más de 40 años en el noble y denostado oficio de la investigación privada como detective independiente da cancha para conocer demasiadas historias sórdidas, con final feliz o grandiosas. También da oportunidad de cómo se cocinan algunas intimidaciones artificiadas.
El primer paso de todo es una llamada anónima, con firma de bufete o bien con alguna carta que si lleva datos carece de remitente. Este peldaño de la neo-censura es válido para aflojar la fortaleza personal y profesional. Pasado un tiempo aparece la notificación de un burofax. Apenas cuesta unas decenas de euros, pero para cualquiera con el miedo a flor de piel es muy rentable.
Para colocar fijamente la mordaza, multiplicar el miedo o abandonar un tema vale cualquier denuncia-vacuna, alguna mentira bien vestida con medias verdades ante cualquier autoridad (policía, inspección de trabajo, fiscal, canal denuncia de empresas) o bien obviar ese ‘qui prodest’ (quién se beneficia) que rápido pregunta cualquier abogado para abordar un caso.
Las nuevas censuras no son genéricas, ni transversales. Algunas aparecen en el BOE, otras revolotean sobre cualquier individuo cuya verdad molesta sin pretenderlo. La auto-censura, la mascarilla de libertades y derechos quieren que nos la pongamos todos. Y que sólo ¡opinen y decidan una minoría caprichosa, millonaria y mediocre. ¡Basta ya!. Ojalá.
