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In fraganti

Oficina Antifraude andaluza: ¿Neo-Chiringuito o ¡Basta ya!?

Juan-Carlos Arias jcdetective /
01 may 2021 / 03:49 h - Actualizado: 30 abr 2021 / 09:56 h.
"In fraganti"
  • Foto: Andalucía Viva
    Foto: Andalucía Viva

Quienes se suceden en el poder andaluz desde la preautonomía repiten ad nauseam palabras que resultan vacuas por lo que ve el ojo ciudadano. Buen gobierno, ética, compromiso, sostenibilidad, transversalidad, emblemático o que somos la California de Europa. Se calculan 1.500 altos cargos de la Junta, Ayuntamientos, Mancomunidades, empresas públicas y Diputaciones encartados por sumarios de corrupción. Dos presidentes andaluces, Chaves y Griñán (PSOE), están condenados por un despilfarro millonario que despedió, prejubiló o ficcionó empleabilidad, aunque el escándalo ERE y otros (Invercaria, Isofotón, IFA, IDEA...) no estaban en el ‘ámbito de sus decisiones’ (sic) según los imndicados presidentes.

Al final, la sentencia de los ERE condenó a casi 20 altos cargos del PSOE y a un modelo político sobre los iniciales ‘cuatro golfos’ que dilapridaron a su antojo un fondo de reptiles que acabó en parte en copas, whiskerías, rayas de coca y asar vacas

Todo eso parecerá pronto Historia. Despreocúpense. Andalucía imparable tendrá ‘stop’. El Vicepresidente Juan Marín (Cs) re-anuncia la creación de una oficina antifraude aprobada en San Telmo. El sanluqueño, también Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, demandó apoyo parlamentario para lograr unanimidad. El proyecto normativo exigirá consenso para conformar un equipo que lamine un cáncer que llegó para quedarse. Marín, antes aliado de Susana Díaz (PSOE) que llama al gobierno actual ‘trifachito’ quiere, según declaró, ‘limpiar el nombre de Andalucía’. Entiende que es una tarea pro bien común tras gobernarla PSOE casi 40 años, ‘desde Madrid’ añadimos.

Expertos calculan que el fraude corrupto supera los 10.000 millones de euros. Pero tales números serían optimistas, pues amen de los recursos públicos se añaden sobrecostes, aplazan obras, impugnan convocatorias o se desvían fondos que oficialmente no se malversan. Ya abordábamos en #Infraganti la hipocresía del poder.

Un ejemplo fue en los 80s. El Vicepresidente Rodríguez de la Borbolla descartó sutilmente una oferta de detectives andaluces para documentar fraudes del PER. Su respuesta fue que quienes percibían el susidio por no trabajar eran votantes [del PSOE] y sería escandaloso investigar eso. El precedente de la Oficina Antifraude andaluza figuró en el programa electoral del PSOE en 2015 que lideraba Susana Díaz, que fue Presidente de la Junta (2013-2019) tras pactar con Marín la investidura. El bienintencionado proyecto acabó en un cajón. Y Marín se quedó callado.

En 2021 Marín enfatiza, sin embargo que la nonata agencia antifraude ‘será un instrumento de prevención, de combate y de protección de los denunciantes’. A los últimos los calificó de verdaderos héroes’

Si analizamos el decreto que el gobierno andaluz PP-Cs que apoya Vox se ve que hay trabajo y tiene buena pinta. La futura ‘agencia antifraude’ extenderá su ámbito sobre el sector público andaluz, entidades locales y universidades. Alcanzará a adjudicatarios de contratos y subvenciones. El proyecto de Decreto está pendiente de dictamen del Consejo Consultivo y registra el aprobado con informes de orgnaismos implicados en la futura agencia. Se estima su plasmación en la presente legislatura confiando no se cometan errores de antaño. Los insertos en el inédito manual del buen chiringuito’

Al Sr. Marín hay que recordarle, y a Elías Bendodo -cerebro del poder andaluz-, que la administración paralela que emplea -sin examenes ni pruebas de acceso- a casi 50.000 ‘enchufados’. Fueron contratados en la etapa del PSOE (1978-2019) y aún se audita, por empresas foráneas.... Y se ha producido un auténtico ¡Milagro!: Se han detectado duplicidades. El fraude y la corrupción serán laminados, no obstante, cuando haya sensibilización social y politicas de prevención. Esperemos que las intenciones del ejecutivo andaluz, de una vez por todas, las refrende el Parlamento autonómico y se sustancie un ente que acabe con la putrefacción del poder.

El ejemplo catalán

Andalucía, aunque es la comunidad española más grande, con más historia, extensa, poblada y contribuyente no es pionera en empeños anticorrupción. Cataluña, vanguardia de vanguardias, creó en 2008 la ‘Oficina Antifrau’. Es independiente de la Generalitat. Previene e investiga el destino ilegal de fondos públicos o aprovechamiento irregular derivado de conflictos de interés en beneficio privado. O informaciones desde el personal público. Comprueba actos de corrupción, fraude o ilegalidades que dañen intereses generales. La Oficina es un canal seguro ‘denunciantes’ que se filtran. Esta es la teoría más un plantel de técnicos.

Pero poco deben haber obrado los ‘Antifrau’ catalanes. Hasta partidos condenados por corrupción desaparecieron (CiU), flota un ‘3% per cent’ que esquiva el nacionalismo. O está vacío el banquillo para Jordi Pujol Sr. Paradojas de la historia, estuvo en la cárcel en la época franquista. A pocos años de crearse la ‘Antifrau’ su segundo jefe, Carles Quílez, aceptó regalada una motocicleta de alta cilindrada de un narco. La Audiencia de Barcelona archivó la causa en 2012 sin obviar que el regalo de la moto fue ‘por el cargo que iba a ocupar’. Vaya, vaya. El narco se adelantó.

Quílez, suponemos, hizo lo que pudo con su cargo y la moto. Desde hace años ejerce como reputado periodista de investigación y leído novelista.

El que fuera jefe del ‘Antifrau’ catalán (2011-2016), el Magistrado Daniel de Alfonso se vio envuelto en un escándalo mayor. Hablamos del ‘Caso Fernández Díaz’. Lo encarnó junto a un Ministro del Interior que acabó reprobado, en el Congreso de los Diputados, por unanimidad. Junto al juzgador, en el despacho ministerial y acorde a filtraciones en audio, se conspiraría contra dirigentes políticos del independentismo catalán. El objetivo sería fabricar escándalos contra partidos y organizaciones. Fernández afinaría todo en Fiscalía. Faltó entonces, en ‘Antifrau’, mucho seny y sobró politiqueo del malo.

Bienvenidos, los ‘antifraude’

Es obvio que en Andalucía hace falta regular, controlar y luchar el fraude, la corrupción y un nepotismo que no cesa, esté quien esté en el poder. La moral social no reprocha tan cuestionables conductas que perjudican a todos y sólo benefician a unos pocos. La Justicia –además-, aunque todo está tipificado, es lenta y perezosa. Primaría ilícitos de sangre y violencia. Pero el fraude genera despidos, suicidios, ruinas más daños irreparables al estado del bienestar.

En México dicen que ‘si quieres hacer plata, contrata obra pública’. Más gráfico imposible. En la Andalucía de un siglo XXI entrado en materia, pandemia incluida, es imperativo acabar con las sagas familiares o clanes de apadrinados en universidades públicas, contratistas que cambian identidades y nombres societarios sólo para licitar, cargos que llevan nombre y apellidos a priori, testaferros que despistan o ese ‘Vd no sabe con quién está hablando’ que algunos repiten dentro y fuera de los despachos.

Viene al pelo ilustrar lo que revela la teleserie de Netflix ‘Túnel de Corrupción’. Ficciona realidades de contratistas corruptos de Brasil que lavan dinero, pactan precios y donan a bolsillos corruptos. Desfilan personajes (jueces, contrabandistas, políticos, ejecutivos, fiscales...) que destapan un sistema que se retroalimenta a escala y transversalmente. Hasta arreglar las alcantarillas en ese Brasil tiene sobreprecio. La protagonizan dos policías honrados: uno sobrevivió al suicidio y despido jubilar, su compañera pagó cara su entrega a la verdad. El ‘Caso Lava-Jato’ equivale a lo sufrido por el dúo Lula-Roussef atrapado por tramas con antigüedad sobornando a partidos. Los actores repiten que la democracia es un juego con cartas marcadas

Antes que sea nombrado y –esperemos- concursada la plantilla ‘antifraude’ andaluza debemos aclarar que en Andalucía ya tuvimos ejemplos antifraude. Mercedes Alaya y Ángel Márquez entre los jueces más destacados. El último soportó lo indecible junto al policía José Antonio Vidal, cuyo olfato llevó al banquillo y cárcel a quienes creían ser inmunes e impunes. El ‘Caso Juan Guerra’ fue un termómetro. Incorporó delitos en área ‘cuello blanco’ del Código Penal

Las primeras gestiones de la Oficina Antifraude deberán concretarse entre quienes venden motos para regalar a sus futuros empleados. Esos concesionarios comercializan vehículos de dos ruedas. Confiemos que Juan Marín y quienes le sucedan no nos ‘vendan motos’ con la historia del Antifraude. Al periodista-escritor-antifraude se la regalaron. ¿La devolvió?


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