La justicia argentina da señales de adaptación a Milei: cerco a Cristina Kirchner y alivio para Mauricio Macri

Los efectos de la victoria electoral de la ultraderecha en Argentina comienzan a dejar sus marcas en los tribunales, siempre predispuestos a orientarse en dirección a los nuevos vientos de la política. Cristina Fernández de Kirchner cesa sus funciones como vicepresidenta el 10 de diciembre. En la tarde de este martes, la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, un juzgado de segunda instancia, dispuso la reapertura de una investigación en su contra por presunto lavado de dinero durante su Gobierno (2007-15). La llamada "ruta del dinero K". Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi revocaron con una mayoría acotada un dictamen del magistrado Sebastián Casanello, quien había rechazado como parte querellante a la oenegé Bases Republicanas, cercana al expresidente de derechas, Mauricio Macri, quien intenta según los analistas convertirse en un poder en la sombra de la futura presidencia de Javier Milei. 

La causa se inició hace una década, cuando menguaba la administración de Fernández de Kirchner, y terminó con la condena del empresario de la construcción Lázaro Báez, estrechamente ligado a Néstor Kirchner en sus inicios. En septiembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal, también anuló dos fallos de primera instancia que beneficiaban a la actual vicepresidenta: uno, el presunto encubrimiento de iraníes acusados de estar detrás del atentado antisemita que en 1994 provocó 83 muertos en la capital argentina. La causa se había cerrado por considerarse que no existía delito al intentar tomarle declaración indagatoria a esas personas en el marco de un acuerdo con Teherán que nunca se cumplió. A la vez, se ha reabierto una causa por supuesto lavado de activos a través de dos hoteles familiares en la Patagonia.

Fernández de Kirchner tiene 70 años y concluye su gestión enfrentada con el presidente saliente, Alberto Fernández, por desavenencias políticas y personales. A la sensación de fracaso de un Gobierno que prometió "volver mejor" que las administraciones kirchneristas precedentes se le suma el cerco judicial que también incluye una condena a seis años de cárcel e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos por corrupción en la gestión de obra pública. La vicepresidenta calificó ese dictamen de una farsa que ha intentado proscribirla. El fallido intento de asesinato en su contra, dijo, no puede entenderse sin esas motivaciones.

La situación de Macri

Los hechos que involucran a Fernández de Kirchner son apenas una de las caras de la moneda que se pone a tono con los cambios políticos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Macri y sus espadas en el servicio de Inteligencia, Gustavo Héctor Arribas y Silvia Majdalani, no serán investigados por haber espiado a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan que se hundió en 2017 en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes. El tribunal confirmó el criterio del tribunal de apelaciones: las tareas de inteligencia existieron, pero que no constituyeron un delito. Los magistrados que habían emitido en julio ese dictamen son Llorens y Bertuzzi, los mismos que han dispuesto la reapertura de la causa contra la vicepresidenta.

"Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del dinero K", escribió Fernández de Kirchner en X. "Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!". Llorens y Bertuzzi han estado relacionados con el macrismo desde 2015. El primer magistrado fue uno asiduo visitante del entonces jefe de Estado tanto en la sede del Ejecutivo como en la residencia presidencial, en la periferia bonaerense, en coincidencia con pronunciamientos judiciales que el Gobierno de derechas estimaba sensibles. Bertuzzi accedió al tribunal de segunda instancia sin el concurso constitucional necesario. Fernández de Kirchner hace a su vez referencia en su trino a otro episodio judicial resonante en un país que ama el fútbol: el exmandatario logró que se suspendan las elecciones en Boca Juniors, el club más popular de este país. Su candidato, Andrés Ibarra, compite en desventaja con el ídolo del club y exjugador del FC Barcelona, Juan Román Riquelme.

Los militares presos

El horizonte judicial posterior a la toma de posesión de Milei incluiría otros frentes: el destino de los militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-83). Unas 1.200 personas han recibido sentencias en su mayoría ejemplares. La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, ha impugnado esos procesos que han marcado las dos primeras décadas del presente siglo.

En este contexto, la Unión de Promociones, un grupo de oficiales que ha rechazado los juicios de lesa humanidad, ha pedido expresamente al mandatario electo una "solución definitiva" y de "rápida ejecución" para los exuniformados "injustamente detenidos". La victorial electoral de La Libertad Avanza (LLA) ha tenido un componente inédito en relación a otros comicios: numerosos exrepresores bajo el régimen de prisión domiciliaria fueron a votar por el anarco capitalista. Otros condenados auguraron la llegada de tiempos de revancha y reivindicación política. La expectativa de las familias de los militares que cumplen penas es de un indulto presidencial o la eliminación de las prisiones preventivas. Además de Villarruel, Guillermo Francos, señalado como el próximo ministro de Interior, se ha pronunciado al respecto del segundo escenario. "Hay varios casos de militares que están presos desde hace muchos años sin una condena o sin juicio", dijo.