El Supremo de EEUU se inclina hacia no restringir el uso de la píldora abortiva

El mismo Tribunal Supremo de Estados Unidos que derogó en junio de 2022 la protección constitucional al derecho al aborto y devolvió su regulación a los estados, llevando al país a una regresión en los derechos reproductivos que se ha plasmado en prohibiciones casi totales en 14 estados y severas restricciones en otra decena más, ha dado este martes señales de que rechazará intentos de restringir el acceso a la mifepristona. Ese es el medicamento que combinado con el misoprostol se emplea en casi dos tercios de las interrupciones del embarazo en el país y que más de 100 estudios han demostrado como seguro.

Esas señales han llegado en una audiencia que tenía en su núcleo la demanda que iniciaron en Texas contra la agencia del medicamento estadounidense (FDA por sus siglas en inglés) un grupo de médicos antiabortistas. Ese grupo, la Alianza para la Medicina Hipocrática, denunció a finales de 2022 a la FDA afirmando que la agencia había relajado a partir de 2016 de forma ilegal las regulaciones para el acceso al fármaco, al que dio luz verde en el 2000, sin considerar cuestiones de seguridad y riesgos para pacientes.

Concretamente, la FDA, que inicialmente había aprobado su uso solo en las siete primeras semanas de gestación (un tiempo en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas), amplió ese periodo hasta las 10 semanas. También redujo de tres a una el número de visitas que hacían falta para conseguir la receta y permitió que la recetaran no solo doctores sino también otro personal médico. Y en 2021, en medio de la pandemia, facilitó aún más el acceso, permitiendo la receta por telemedicina y el envío de las píldoras por correo (algo que ahora es especialmente vital en estados que han prohibido el aborto, incluyendo el que se realiza con estos medicamentos).

Un juez federal en Amarillo contrario al aborto y nombrado por Trump dio la razón a los médicos antiabortistas y cuando la decisión fue recurrida, uno de los tribunales de apelaciones más extremistas de EEUU revalidó la legalidad del medicamento pero impuso restricciones a su acceso. Esas limitaciones, no obstante, están paralizadas mientras se decide el futuro del caso, una decisión que tomó el Supremo el año pasado al devolver el caso al tribunal de apelaciones.

Escepticismo generalizado

A lo largo de las casi de dos horas de vista este martes, siete de los nueves jueces del Alto Tribunal, incluyendo los tres conservadores nombrados por Donald Trump y el también conservador presidente, John Roberts, han expresado escepticismo de que la asociación de médicos antiabortistas, que ha sido representada legalmente por el potente grupo cristiano Alianza en Defensa de la Libertad, puedan probar que se verían afectados directamente por la regulación de la FDA. Cuestionan, así, que tengan legitimidad para presentar la demanda.

Los médicos antiabortistas alegan que algunos miembros del grupo podrían verse obligados a tratar en salas de emergencias y contra sus valores y conciencia a pacientes que hayan sufrido complicaciones tras tomar la mifepristona. Pero la jueza Elena Kagan ha demostrado que no tienen un solo caso específico que probara que ese miedo esté fundado. Y dos jueces conservadores también han apuntado con sus preguntas a que los médicos siguen teniendo protecciones legales a sus objeciones de conciencia.

Solo los jueces ultraconservadores Clarence Thomas y Samuel Alito (que firmó la sentencia que derogó Roe v. Wade) han dado indicaciones de respaldar al grupo antiabortista. Y Alito ha planteado que tiene que haber posibilidad de demandar a la FDA, una agencia cuya autoridad científica y con trabajo de expertos tradicionalmente ha apoyado el Supremo pero que Alito ha cuestionado que sea infalible.

Anuncio en junio

El anuncio de la decisión del Alto Tribunal se espera para el fin de su actual curso legal, a finales de junio. Y una posibilidad es que desestime el caso con el argumento de falta de base legal de los demandantes, con lo que no entraría en el fondo de la cuestión.

Si fallan en contra de los antiabortistas, en cualquier caso, se restaurarían las condiciones de acceso a la mifespristona que desde 2016 fue ampliando la FDA.

Las elecciones

Falle como falle el Supremo,, la mera existencia del caso demuestra la persistencia de la cruzada conservadora no solo contra el aborto, sino en todo lo referente a derechos reproductivos. El grupo demandante declara en su página web su compromiso con proteger la vida “desde el momento de la fertilización”. Y ese concepto está también en el impulso de leyes estatales construidas sobre la idea de los fetos como personas o tras la reciente y polémica decisión del Supremo de Alabama de declarar “personas” a los embriones congelados, una sentencia que provocó un auténtico terremoto en el mundo de la fecundación in vitro.

 Los derechos reproductivos no solo se han judicializado en EEUU, también están profundamente politizados. Y se anticipa que van a ser uno de los elementos centrales en las elecciones presidenciales en noviembre entre Trump y Joe Biden. Desde la derogación de la protección constitucional al derecho al aborto, la defensa de esos derechos ha ayudado a los demócratas a movilizar votantes a su favor.