El Parlamento Europeo aprueba el pacto migratorio que refuerza el control y endurece el acceso al asilo

Para la extrema derecha el nuevo pacto de asilo e inmigración es "insuficiente" y no resuelve el problema migratorio de Europa. Para la izquierda y verdes, en cambio, socava el derecho al asilo, aumenta el riesgo de vulneración de derechos humanos y no corrige los fallos del reglamento de Dublín, la piedra angular de un sistema que estalló hace casi una década, a raíz de la crisis de los refugiados de 2015 y la llegada de más de un millón de personas huyendo de la guerra de Siria. Pese a esta oposición, populares, socialistas y liberales han logrado aglutinar este miércoles una mayoría en el pleno del Parlamento Europeo en torno al voluminoso paquete legislativo que conforma el nuevo pacto migratorio, que endurecerá el control y el proceso para acceder al asilo, e instaurará una solidaridad a la carta permitiendo a los países esquivar la reubicación pagando 20.000 euros por refugiado rechazado.

Tras más de ocho años de trabajo legislativo y difíciles negociaciones, los representantes del Parlamento Europeo y del Consejo, lograron cerrar un acuerdo político sobre la decena de reglamentos in extremis, a finales de 2023, bajo presidencia española de la UE. Quedaban dos etapas por culminar. La primera se ha logrado este miércoles al superar la reforma el penúltimo obstáculo en el pleno de la Eurocámara, durante una votación interrumpida durante algunos minutos por los gritos desde la tribuna del hemiciclo de activistas contrarios al acuerdo que han clamado repetidamente que: "Este pacto mata, voten no". Sus protestas no han cambiado el guión y la votación ha culminado sin problemas. "Es ahora o nunca porque no se va a repetir este momento", ha advertido la comisaria de interior, Ylva Johansson, aludiendo a un futuro hemiciclo más fragmentado y escorado.

El siguiente paso será la aprobación final (hace falta una mayoría cualificada) por parte del Consejo, previsiblemente en la reunión de ministros de Agricultura y Pesca del 29 de abril. Una vez que los gobiernos avalen la reforma entrará en vigor en el plazo de dos años, en 2026. "Hemos hecho historia. Hemos creado un marco legislativo sólido sobre cómo abordar la inmigración y el asilo en la UE. Han pasado más de 10 años en su elaboración. Pero cumplimos nuestra palabra. Un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Este es el camino europeo", ha destacado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sobre una de las estrategias más polémicas y divisivas de la última década y que ha contado con una decena de ponentes, entre ellos Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y Jorgé Buxadé (Vox).

Prueba de la importancia que las tres instituciones dan al momento es que ha comparecido junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el primer ministro belga, Alexander de Croo, en nombre de la presidencia rotatoria de la UE. "La inmigración es un desafío europeo que debe afrontarse con una solución europea. Una que sea efectiva, justa y firme y esto es lo que ofrece el pacto: fronteras más seguras, sabiendo exactamente quién entra, al tiempo que se garantizan los derechos fundamentales; trámites más rápidos y eficientes para asilo y retorno lo que significa que los que no tienen derecho al asilo no se les permitirá entrar mientras que quienes escapan a la persecusión podrán recibir la protección que necesitan", ha resumido la alemana.

"No estoy contenta, no voy a descorchar una botella de champán. Pero no nos eligen para adoptar cosas que nos gustan, sino para asumir nuestra responsabilidad. Y eso a veces es doloroso", admitía en vísperas de la difícil votación la eurodiputada liberal holandesa, Sophie in’t Veld, sobre un pacto que, según ha reiterado durante el debate parlamentario, no satisface del todo a nadie y sigue generando "dudas" y preocupaciones. "Todo dependerá de cómo se aplique", augura. En manos de un gobierno comprometido con los derechos humanos el paquete podrá "mejorar y reforzar derechos y condiciones de recepción de las personas que llegan" pero en manos de gobiernos más duros se podrán "prolongar las condiciones de detención".

Procedimiento acelerado

El nuevo sistema de asilo instaura un procedimiento acelerado de tramitación de solicitudes para las personas que llegan a las fronteras de la UE y tienen pocas posibilidades de obtener el asilo. Este trámite durará como máximo siete días y servirá para verificar la identidad, tomar huellas dactilares y fotografía además de realizar un control de salud, seguridad y vulnerabilidad, con salvaguardas para los menores que tendrán derecho a un representante y un mecanismo de seguimiento de los derechos fundamentales para proteger a las personas sometidas a examen que se realizará en “centros de recepción” ubicados en las fronteras exteriores o en sus proximidades, así como en otros lugares dentro del territorio.

La reforma también establece los criterios para determinar qué país será el responsable de examinar una solicitud de asilo. La idea es que la primera decisión se tome en un plazo máximo de 6 meses y concentrar los recursos en los casos de personas susceptibles de obtener la protección y evitar la saturación del sistema. Esta vía rápida entraría en juego una vez concluido el 'screening' previo. El país de llegada seguirá siendo a priori el responsable de examinar la demanda, pero también podría terminar gestionando la solicitud otro país en el que la persona tenga familia o vínculos de otro tipo. El sistema incluye la obligación de ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a los solicitantes en todos los procedimientos administrativos y salvaguardas para garantizar que los Estados miembros disponen de una capacidad adecuada de acogida.

Solidaridad a la carta

El nuevo pacto introduce una especie de solidaridad obligatoria a la carta de forma que todos los países de la UE tengan la obligación de ayudar a los países bajo presión migratoria. No obstante, en vez de cuotas obligatorias por país se ofrecen tres opciones a la carta que se gestionarán a través de un fondo de solidaridad: reubicar solicitantes de asilo --el objetivo es redistribuir a 30.000 al año--, pagar una contribución de 20.000 euros por persona que rechacen reubicar o aportación para financiar personal, instalaciones o equipamientos técnicos.

La reforma también regula cómo responder a situaciones excepcionales, cuanto la presión migratoria repunte ante una llegada masiva, y el sistema de asilo se vea afectado por una crisis o fuerza mayor. En estas circunstancias, las autoridades nacionales podrán echar mano de un mecanismo de emergencia. Por ejemplo, en situaciones de crisis el registro de las solicitudes podrá prolongarse hasta 10 días y el procedimiento fronterizo se extenderá seis semanas más cada uno. En situaciones de afluencia masiva, el umbral del procedimiento fronterizo se aplicará a los solicitantes con una tasa de reconocimiento de hasta el 50%, mientras que en situaciones de instrumentalización, el procedimiento fronterizo se aplicará a todas las llegadas.

Control de datos desde los 6 años

Otra de las grandes novedades se refiere a la actualización de la base de datos Eurodac, creada en 2003 para aplicar el reglamento de Dublín. A partir de ahora cambiará la forma de recabar datos al pasar a un recuento de registros individuales para dotar a la UE de un sistema de identificación más eficaz y evitar fraudes. La idea es tener "una foto más clara" de quién está en Europa y quién ha pedido asilo, aunque lo haya hecho en otro país, una medida para luchar por ejemplo contra los movimientos secundarios. El pacto rebaja el umbral de edad para recopilar datos --imagen facial, huellas, nombre, apellido, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, así como órdenes de expulsión o reubicación— que pasará de 14 a los 6 años. Según la Eurocámara, con esto se facilitará la identificación de menores no acompañados que puedan fugarse de instituciones de acogida o servicios sociales infantiles.