Argentina
Milei enfrenta la segunda huelga del movimiento obrero en medio del derrumbe económico
"Enfrentamos a un Gobierno que solo beneficia a los ricos a costa de los sectores populares, entrega de los recursos naturales y pretende eliminar los derechos de los trabajadores", dice Hugo Yasky, titular de la Central Única de Trabajadores
Abel Gilbert
"Los motes que me ponen los fracasados que hundieron el país me tienen sin cuidado; ahora lloran por el reconocimiento internacional que tengo". Javier Milei se canta a sí mismo, como en una reciente entrevista con la BBC en la que dijo haber salvado a Argentina de tener 90% de pobres y lograr que el salario se recupere frente a la inflación. Los elogios de los magnates internacionales, el respaldo todavía elocuente de una parte significativa de la sociedad, según las encuestas, suponen una alegría parcial para el Gobierno de ultraderecha.
A la par, enfrenta un doble conflicto: la calle y el Congreso. El movimiento obrero realiza este jueves su segunda huelga general contra el anarco capitalista. Rechaza su "motosierra", que ha dejado a miles de empleados públicos en la calle, y la llamada Ley bases que le otorga facultades excepcionales al Ejecutivo, abre la puerta al desguace estatal, y busca recortar derechos laborales, entre otras medidas. La normativa fue aprobada por la cámara de Diputados, pero enfrenta dificultades en el Senado, donde el oficialismo intenta avanzar por el escarpado camino de la aprobación el mismo día de la protesta sindical.
Milei es amo y señor del mundo digital. Desde las redes sociales pide paciencia a los argentinos y augura días de felicidad. El espacio público y la diplomacia le traen sin embargo ciertas amarguras. Días atrás, casi un millón de personas se manifestaronen defensa de las universidades públicas que son vistas por el Ejecutivo como reductos de "adoctrinamiento" socialista. Los roces retóricos con presidentes de otros países se han convertido a su vez en un deporte personal. Por estas horas, su batalla es con el sindicalismo. "Yo no paro", les hizo saber a través de Instagram.
Día descontado del sueldo
La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central Única de Trabajadores (CTA) ya habían convocado a un cese de actividades de 12 horas en enero. Esta vez, la medida de fuerza será por 24 horas y afectará al transporte público, los vuelos de cabotaje e internacionales, la actividad portuaria, los bancos, el comercio, las escuelas y el funcionamiento del Estado, pese a la advertencia de las autoridades que se descontará a los empleados el día no trabajado.
"Sin justificación"
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, consideró que la huelga "no tiene una justificación aparente". El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recordó que "ningún país salió del pozo haciendo una huelga". Las patronales la calificaron de "injustificada" y estimaron pérdidas por de alrededor 1.500 millones de dólares. La Sociedad Rural Argentina (SRA), que agrupa a los grandes productores agropecuarios, también expresó su desacuerdo con una medida "inoportuna, a destiempo", ya que "no es que la Argentina necesita para salir adelante".
Según Pablo Moyano, dirigente de los conductores de camiones, el objetivo de la huelga es "voltear" el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Ley Bases, "movilizar" y "estar presente en cada conflicto de los que se van a ir generalizando" con el correr de las semanas. Milei, dijo, ha tomado todas sus medidas "en contra de los trabajadores" y empiezan a verse "las reacciones de los diferentes sectores" de la sociedad. "Enfrentamos a un Gobierno que solo beneficia a los ricos a costa de los sectores populares, entrega de los recursos naturales y pretende eliminar los derechos de los trabajadores", dijo Hugo Yasky, titular de la CTA.
Datos alarmantes
En las vísperas de la protesta, se conocieron nuevos datos del cuadro recesivo de la economía que, para el sindicalismo, son una de las causas del malestar. La actividad de la construcción se ha derrumbado en marzo un 42,3% respecto al mismo mes de 2023. El índice de producción industrial manufacturero muestra por su parte una caída de 21,2% y se ubica en los mismos niveles de la pandemia. La decisión de las autoridades económicas de reducir los aranceles de importación para heladeras y lavarropas, golpea con fuerza a las fábricas locales que, informó 'La política online', han echado al 30% de sus empleados y, además, eliminaron turnos de producción.
El Gobierno espera que la inflación de abril sea de un dígito. La ciudad de Buenos Aires informó que el coste de la vida del mes pasado fue del 9,8% y se acumula un alza de 72,6% desde que llegó la ultraderecha. Para Milei, esa cifra representa una constatación de que el camino que se transita es el correcto ya que la inflación de diciembre había sido del 25%. La CGT tiene sus propios datos que refutan el entusiasmo presidencial: el consumo caerá a lo largo de 2024 cerca del 30%.
La inflación cede pero los argentinos cuidan los bolsillos o no se encuentran en condiciones de comprar lo que necesitan. En un país con casi 50% de pobres, los precios de la electricidad y el gas aumentaron en los últimos 12 meses el 300%, bebidas alcohólicas, 302%; alimentos, 306%; azúcar, chocolate y golosinas, 349%; pan y cereales, 352%; combustible y lubricantes, 364%; medicamentos, 379%; transporte público, 385%; aguas minerales, gaseosas y jugos, 386%.
Una ley en problemas
Con este trasfondo, el oficialismo empieza a tener obstáculos para avanzar en el Senado con la Ley Bases y la reforma fiscal. Hasta sectores de la centroderecha que habilitaron la aprobación en la Cámara de Diputados de ambas iniciativas se muestran reticentes ahora a responder a las urgencias del Gobierno. "La Ley Bases entra herida al Senado", señaló el portal 'Cenital'.
Ha llegado con la marca de un escándalo: el peronismo denunció que el texto fue alterado subrepticiamente. "Eso no puede pasar y es motivo de nulidad", sostuvo el legislador Germán Martínez. La exvicepresidente, Cristina Kirchner, ha redoblado su protagonismo público para tratar de impedir que se apruebe una normativa que llamó "el estatuto legal del coloniaje del siglo XXI".
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