Barnier aboga por recortes para atajar el déficit mientras lanza guiños a Le Pen con una política migratoria más dura

No es una obligación, es una tradición. En Francia, cuando el primer ministro asume el cargo es costumbre que dé un discurso de política general frente a la Asamblea Nacional, y así ha sucedido este martes. El nuevo jefe del Gobierno, Michel Barnier, se ha acercado al estrado y ha detallado su hoja de ruta política, durante más de una hora, con la que buscará sacar a Francia de uno de sus periodos políticos y económicos más oscuros y ha marcado.  

"Nuestro país está al borde del precipicio", afirmó Barnier nada más empezar: "Diré la verdad sobre la realidad de nuestras cuentas públicas y la realidad del impacto de nuestro modo de vida, y de nuestra economía sobre el medio ambiente". No llevaba ni cinco minutos sobre el atril cuando la bancada de la izquierda empezó a boicotear su discurso agitando al aires sus carnets de electores mientras voceaban. Con este acto, la izquierda quería denunciar lo que ellos creen que es un atentado contra la democracia; ganaron las legislativas, aunque no por mayoría y, sin embargo, no forman parte de este nuevo Gobierno. 

Nada detuvo al primer ministro, quien continuó con su discurso dividido en bloques, que abordaba como temas principales, la economía y la inmigración. El nuevo Ejecutivo de Macron se ha marcado como meta "reducir el déficit al 5% cara a 2025", y continuar su descenso para volver "por debajo del límite del 3% en 2029". "¿Cómo hacerlo?", preguntaba Barnier, reduciendo el gasto público: "reducir el gasto significa renunciar al dinero mágico, a la ilusión de que todo es gratis, y a la tentación de subvencionarlo todo". 

Para ello, Barnier evocó la "doble exigencia" de reducir la deuda presupuestaria y ecológica, mediante la participación colectiva de grandes empresas y grandes fortunas. Aunque no detalló medidas concretas, afirmó que quiere trabajar en una "contribución excepcional para los franceses más ricos", llevar a cabo "una caza al fraude", y recortar los impuestos decididos por el macronismo en los últimos siete años, que han "ayudado a muchos franceses y a muchas empresas". Unas medidas que, según Barnier, deben aplicarse cuanto antes y sin miramiento, porque los franceses no perdonarán el inmovilismo actual de la clase política.

Control de fronteras

Una hora y 30 minutos duró el discurso del primer ministro, aunque no más que su predecesor, Gabriel Attal. La inmigración fue otro de los temas que más tiempo ocuparon en este alegato, en el que Francia se inspira en Alemania para su nuevo modelo de control de fronteras.

Su objetivo es llevar a cabo una mejora de los controles fronterizos, como permite la Unión Europea y como acaba de hacer Alemania. Para ello, Barnier apostó por "devolver a Frontex a su misión principal de guardia de fronteras de la Unión Europea". Además de aumentar la prórroga excepcional de detención a extranjeros en situación irregular para cumplir mejor las órdenes de expulsión. 

Más control de fronteras, aumento de los centros penitenciarios y más seguridad en las calles de Francia. Michel Barnier quiere que las fuerzas del orden estén "más visibles y presentes en la vía pública" para reducir los altos índices de violencia en la calles francesas.

Su discurso pareció haber convencido a la extrema derecha, que en algunos momentos aplaudía todas estas medidas. Tras finalizar el discurso, Marine Le Pen subió al estrado y sin perder el tiempo, le pidió al primer ministro, una nueva ley migratoria para 2025.

Reforma de las pensiones y aumento del salario mínimo

Al presidente Emmanuel Macron le costó sacar adelante la reforma de las pensiones durante la pasada legislatura. Lo hizo incendiando las calles franceses durante meses y a golpe del artículo 49.3, el decretazo francés. Según el presidente, era una reforma necesaria porque el sistema no puede soportar más tiempo el cambio demográfico de Francia. Ahora, Barnier propone retocar dicha reforma, ya que considera "imperativo preservar el equilibrio sostenible de nuestros sistemas de pensiones de reparto", insistiendo que "algunos límites de la ley aprobada el 15 de abril de 2023 pueden corregirse". 

El nuevo Gobierno es consciente de las dificultades para llegar a final de mes de muchos franceses. Según los últimos estudios, uno de cada dos franceses han reducido las porciones de comida por la inflación. Por eso, Barnier presentó un aumento del 2% del salario mínimo a partir de este próximo 1 de noviembre. "Nuestro objetivo es que todos los franceses afectados por el alto coste de la vida vean una mejora en su nivel de vida", explicó. 

Entre las medidas para mejorar la vida de los ciudadanos y aumentar su poder adquisitivo, también planteó nuevas fórmulas sobre la vivienda, principal problema en ciudades como París o Lyon, donde los precios del alquiler cada vez son más altos o encontrar una vivienda digna es cada vez más difícil. Actualmente, el metro cuadrado en París ronda los 10.000 €/m2. La solución para el nuevo Gobierno pasa por reactivar las inversiones en alquiler y el acceso a la propiedad, entre otras medidas.

Los sindicatos se movilizan

Mientras el primer ministro presentaba su hoja de ruta, los sindicatos organizaban para este 1 de octubre una jornada de huelga y movilizaciones en sectores como transportes y educación. Aunque, lo que pretendía ser un martes cargado de presión para el nuevo Gobierno de Macron con 188 manifestaciones por todo el país, el día se quedó en un sutil aviso para el Ejecutivo. 

Miles de personas recorrieron las calles de Francia. En París, 17.000 personas según los sindicatos se reunieron en la histórica plaza de la Bastilla, en Marsella cerca de 3.000 personas desfilaron por el Puerto Viejo bajo pancartas de "Resiste, rechaza a este mundo macronista", y también en Lyon unas 6.000 personas recorrieron el centro de la ciudad. 

Según declaró la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, este 1 de octubre fue "una primera señal" para el nuevo Gobierno. Los sindicatos no bajan la guardia, como tampoco lo hace la ultraderecha de Marine Le Pen, que ya ha dejado claro que no apoyará una moción de censura al Ejecutivo, de momento, pero que se mantiene vigilante sobre sus movimientos.