Tensión en la frontera con Gibraltar: colas por la aplicación de controles estrictos tras el expediente al responsable de la Policía

El problema sin resolver sobre quién puede pasar y cómo desde Gibraltar a España está a punto de explotar, mientras España, Reino Unido y la Unión Europea arrastran los pies para alcanzar un Tratado que lo formalice. 

El jefe del Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción ordenó ayer a todo su personal que, “desde las 23 horas del 10 de octubre de 2024”, se procediera “al cumplimiento de los establecido en el artículo 11 del vigente Código de Fronteras Schengen y se estampe el sello que corresponda en los pasaportes de los ciudadanos originarios de Gibraltar, al igual que se viene realizando con el resto de ciudadanos de terceros estados”, según se lee en la comunicación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. 

La Policía se queja de la falta de instrucciones claras por escrito desde Madrid, y que ellos tienen que tomar decisiones que no les corresponden. No quieren que se cargue contra los agentes posteriormente por prevaricar, al no sellar los pasaportes como indica la ley. Es un movimiento defensivo después de que, el pasado mes de agosto, el jefe del puesto fronterizo fuera expedientado tras aplicar controles a militares y viajeros gibraltareños.

La ley impone ese sellado para saber cuántos días pasan los ciudadanos en el espacio Schengen. Si están más de 90 días de cada 180, entonces deben pedir la tarjeta de residencia en España y pagar los impuestos aquí. Muchos gibraltareños viven de hecho en las espaciosas urbanizaciones del lado español, en lugar de en la estrecha colonia británica, pero trabajan y pagan impuestos allí, donde se gana más y se aporta menos al erario. 

"Tácticas de presión como las medidas aplicadas en las últimas 12 horas"

La reacción de Gibraltar no se ha hecho esperar. Después de que España haya decidido endurecer las medidas de entrada, el Gobierno llanito ha decidido aplicar esta mañana la reciprocidad para la entrada de los miles de trabajadores españoles. “A regañadientes”, según un comunicado del Gobierno gibraltareño, se les ha empezado a exigir el pasaporte, algo que hasta ahora no hacía. 

Algunos lo tenían, otros no. Eso ha provocado el caos en la entrada en la colonia británica. “Esta medida de España se produjo sin ningún tipo de preaviso”, se lee en el texto. “Incapaz de hacer frente a la gran cola que se había formado, la Policía Nacional española volvió entonces al régimen provisional y dejó de exigir a los gibraltareños con tarjeta roja que sellaran su pasaporte”.

Como ha podido confirmar este diario, se han dado órdenes temporalmente de vuelta a "la situación anterior a las 23:00 de este jueves". El comisario provincial ha dado orden de priorizar "la seguridad y el transito fluido por el paso fronterizo a la espera de que por parte de la superioridad correspondiente se emita orden al respecto de como actuar", después de haber consultado con responsables policiales de la Comisaría General de Extranjeria y Fronteras y altos cargos policiales de Interior.

El propio ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha cargado contra la decisión de los agentes españoles. "Gibraltar no se verá obligado a someterse mediante tácticas de presión como las medidas aplicadas en las últimas 12 horas", ha asegurado.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, el municipio más afectado por las complicaciones en la frontera junto con Gibraltar, ha protestado por las dificulades de acceso. "Lo que está claro es que, en caso de que no haya un acuerdo respecto del Brexit, podemos encontrarnos con un colapso circulatorio", asegura en un vídeo Franco. Pide que se prepare ya "un plan de contingencia". Y ha anunciado que convoca a los habitantes de la localidad a una manifestación el próximo 25 de octubre para exigir medidas y ese plan de contingencia. Gibraltar ha hecho público uno detallado por si no se alcanza un Tratado.

Policía expedientado

El ministerio de Interior no estaba informado de esta medida, según el Gobierno Gibraltareño. El origen de la decisión de la policía de fronteras de empezar a aplicar estas medidas está en el expediente sancionador que recibió el jefe del puesto el pasado mes de agosto, como ha podido saber este diario. 

Se le afeaba que no hubiera informado a sus superiores de la actuación de la Policía en la detención de cuatro soldados británicos que fueron expulsados de vuelta a Gibraltar el pasado mes de marzo, después de que realizaran de dos en dos varias entradas sospechosas en territorio español. También que no accediera a dejar pasar sin revisar los documentos a los viajeros de los vuelos desviados del aeropuerto de Gibraltar al de Málaga. Cada vez que hace mal tiempo, los aviones del pequeño aeródromo gibraltareño se desvían al de la ciudad andaluza, más grande y seguro. Pero la Policía tiene que permitirles el paso por la Verja sin tener el listado de todos los pasajeros, lo que supone un riesgo para la seguridad, afirman fuentes policiales. 

El 13 de septiembre, se envió desde La Línea a los responsables de Interior una notificación en la que se exponía que en el Puesto Fronterizo “no se están aplicando correctamente los artículos 6 y 11 del Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), ya que no se solicitan los requisitos de entrada a aquellos ciudadanos británicos originarios de Gibraltar, ciudadanos a todos los efectos de terceros estados, y que habrían de cumplir todos los requisitos expuestos en el artículo 6 para autorizarles su entrada”. 

En sucesivos escritos, se solicitaban instrucciones concretas, por escrito, para evitar caer en el delito de prevaricación, la aplicación incorrecta de las leyes a sabiendas. 

España y Reino Unido llevan desde la salida del país de la Unión Europea aplicando medidas temporales no bien definidas al tránsito por la Verja, para cumplir con el espíritu de los Acuerdos de Nochevieja de 2020, que pretenden derribarla para generar un tráfico fluido y “prosperidad compartida”. Pero los escollos (desde el tránsito de militares a las cuestiones de impuestos o seguridad social) han impedido que se consiga cerrar un acuerdo en estos tres años.