La justicia asesta un revés a Meloni y ordena retornar a Italia a los migrantes trasladados a Albania

Chasco mayúsculo. Después de incontables polémicas y a menos de tres días del inicio de la operación, el Tribunal de Roma ha invalidado este viernes la reclusión en Albania de los 12 migrantes que quedaban en uno de los dos centros de identificación y expulsión creados por Italia en el país balcánico. Se suman a los otros cuatro que ya habían tenido que ser evacuados de urgencia al país transalpino, tras haber sido rescatados en el Mediterráneo y posteriormente trasladados a la estructura de Gjadër (con una extensión de 77.000 metros cuadrados y, de momento, una capacidad máxima para 400 personas). Los jueces tenían 48 horas para pronunciarse sobre la cuestión, y así ha sido.

La decisión, según la argumentación de los jueces, se debe a que se considera que "las instalaciones y áreas" creadas en Albania por el Gobierno de Giorgia Meloni no permiten establecer que los países de origen de los migrantes son "seguros". Por esta razón, es imposible aplicar "los procedimientos fronterizos" en estos lugares, que están equiparados a "zonas fronterizas o de tránsito italianas"; por tanto, los migrantes tienen "el derecho a ser llevados a Italia".

El duro revés judicial a uno de los planes migratorios más controvertidos de Meloni se conoce después de que, en tiempo récord, las autoridades rechazaran todas las 12 solicitudes de asilo presentadas por los migrantes egipcios y bengalíes recluidos en Albania. Un procedimiento que no está claro cómo se llevó a cabo de forma tan rápida, cómo los jueces pudieron verificar las informaciones que los solicitantes les proporcionaron , ni si contempló que los migrantes fueran asistidos por abogados.

Ataque a los jueces

El desenlace era, en todo caso, previsible después de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según este dictamen, para considerar un país como seguro, se debe demostrar que lo es en todo su territorio y no solamente en determinadas áreas o para determinados colectivos. Esto significa que las solicitudes de asilo de los migrantes no deberían haberse examinado con garantías mínimas y bajo un procedimiento acelerado.

Un enredo que ha dado aire a la oposición de centroizquierda para acusar al Gobierno de Meloni de estar no solo violando los derechos humanos, sino también gastando grandes cantidades de dinero en la iniciativa, toda pagada con dinero público. Aunque las cifras exactas no son claras, lo que sí se sabe es que el viaje de los primeros 16 migrantes a Albania ha costado entre 250.000 y 290.000 euros, y el Gobierno ha confirmado que el mantenimiento de los dos centros costará alrededor de 134 millones de euros al año.

Un sapo duro de tragar para la mandataria, como también reflejaba un ácido comunicado de su partido, Hermanos de Italia, difundido tras conocerse la decisión judicial. "Algunos jueces politizados han decidido que no existen países de origen seguros: es imposible recluir a quienes entran ilegalmente y está prohibido repatriar a los clandestinos", ha escrito. "Quisieran abolir también las fronteras de Italia, pero no lo permitiremos", han añadido.

Consejo de Ministros

Algunos aliados de Meloni también han alzado la voz. "Estoy acostumbrado a apoyar las decisiones del poder judicial, pero el poder judicial también debería respetar las decisiones del poder legislativo y ejecutivo", ha afirmado el ministro de Exteriores y viceprimer ministro, Antonio Tajani. "Apelaremos hasta el último grado", ha añadido por su parte el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Ahora queda por ver cómo se moverá el Gobierno italiano. Desde el Líbano, país en el que se encontraba en un viaje de trabajo, la propia Meloni ya anunció que ha convocado una reunión del Consejo de Ministros para este próximo lunes. "Perderemos más tiempo, pero seguiré hacia adelante. Los italianos me han pedido que luche contra la inmigración clandestina, y eso es lo que haré. Soy yo la que tengo que encontrar las respuestas", ha declarado la mandataria, criticando también a los jueces.

Un punto fijo, en cualquier caso, debería ser que al menos estos primeros 12 migrantes no podrán ser liberados en Albania, dado que eso no está previsto en el acuerdo entre Italia y ese país, y el primer ministro albanés, Edi Rama, ha repetido que no está dispuesto a aceptar que eso ocurra. "Nadie saldrá de los centros", repetía Rama en estos días.