Trump, primer presidente condenado de la historia de EEUU: ¿qué pasará con sus casos pendientes con la justicia?

Donald Trump ya era el primer expresidente de Estados Unidos declarado culpable por delitos penales y ahora será el primer delincuente condenado que gana la Casa Blanca. Con estas elecciones, el candidato republicano se jugaba algo más que la presidencia del país: la inmunidad o la amenaza de la cárcel.

El pasado 30 de mayo, un jurado popular de Nueva York declaró a Trump culpable de 34 cargos penales por haber comprado el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, con quién habría mantenido relaciones sexuales. Esta maniobra ilegal se produjo antes de las elecciones de 2016, que Trump terminó ganando. Su sentencia se retrasó al próximo 26 de noviembre para evitar "cualquier apariencia, por inmerecida que sea, de que el procedimiento ha sido afectado o busca afectar a las elecciones presidenciales", según dictaminó juez Juan Merchan. Eso hace que Trump pueda ser sentenciado a una pena de prisión siendo ya presidente electo de EEUU, si bien es improbable.

El próximo iniquilino del Despacho Oval podría usar sus renovados poderes presidenciales para bloquear los otros tres casos penales a los que se enfrenta.

La Fiscalía federal ha imputado cuatro cargos penales contra Trump por tratar de anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. Entre ellos, destacan el de conspiración para defraudar a EEUU y el de obstrucción de un procedimiento oficial. En total, los cuatro delitos acarrean penas que superan el máximo de 35 años de prisión.

La acusación, liderada por el fiscal espcial Jack Smith, alega que el entonces presidente presionó a funcionarios para que negasen los resultados que favorables a Joe Biden, difundió mentiras sobre un falso fraude electoral y trató de usar la insurrección violenta de sus seguidores contra el Capitolio para mantenerse en el poder.

En agosto, el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, aceptó un recurso de Trump y dictaminó que los presidentes gozan de inmunidad penal. Ante esa decisión, la fiscalía modificó los cargos para sostener que Trump actuó como candidato político y no como mandatario del país y presentó la acusación a un nuevo gran jurado. Por ahora, no está claro si habrá juicio.

A Trump también se le acusa de conspirar criminalmente para anular su derrota electoral en Georgia en 2020. Cuando se percató de que Biden le había ganado por la mínima, el entonces presidente llamó al principal funcionario electoral del estado, pidiéndole que "encontrara 11.780 votos". Por eso, se le imputaron 13 cargos penales, que han sido reducidos a 10, entre ellos por crimen organizado, que conlleva penas máximas de 20 años de cárcel. Otras 18 personas están acusadas.

Trump y los abogados republicanos han tratado de desacreditar a Fani Willis, la fiscal del condado de Fulton que lleva el caso. A partir del 5 de diciembre, un tribunal de apelaciones de Georgia deberá decidir si permanece al frente de la investigación o si se la aparta. Como resultado, el juicio se ha retrasado en varias ocasiones y no se producirá hasta después de la investidura presidencial de Trump, prevista para el 20 de enero de 2025. Aun así, Willis fue reelegida ayer como fiscal.

Este caso es particularmente complicado para Trump, pues al ser estatal no podría utilizar sus poderes presidenciales para autoindultarse.

El tercer caso penal que pende sobre Trump es la acusación por manipular indebidamente documentos clasificados de la Casa Blanca que se llevó a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras dejar el cargo. Además, la investigación también apunta a que obstruyó los esfuerzos del FBI por recuperar esos archivos. En total son ocho cargos que podrían superar los 30 años de cárcel de pena máxima.

El caso fue desestimado por una jueza de Florida el pasado 15 de julio, que argumentó que Smith fue designado ilegalmente fiscal especial, una importante victoria para Trump. Sin embargo, este apeló la decisión, abocando al caso a un limbo jurídico de futuro incierto. Trump y sus abogados lograron aplazarlo hasta después de las elecciones presidenciales. Aunque no está claro cuánto tiempo tardará en resolverse la impugnación, una presidencia trumpista podría terminar de sepultar el caso.

Despedir a fiscal que le investiga

En su búsqueda de poder casi absoluto, Trump ya ha avisado sin tapujos de que usará sus poderes presidenciales para indultarse a sí mismo y poner fin a las investigaciones que siguen abiertas contra él. "Le despediría en dos segundos", dijo hace dos semanas en referencia a Smith, que la lidera la instrucción de los casos relacionados con los esfuerzos trumpistas por anular los resultados electorales de 2020 y por la presunta posesión no autorizada de documentos clasificados.

Smith fue nombrado fiscal especial por el fiscal general Merrick Garland, que a su vez llegó al cargo bajo la administración demócrata de Biden. Si Trump opta por despedir a Smith, el nuevo Departamento de Justicia y fiscal general que designe tendría vía libre para retirar los cargos y poner fin a esas causas judiciales abiertas.