ANÁLISIS | FRANCIA

La alianza de la izquierda con la extrema derecha para tumbar el Gobierno en Francia allana el camino de Le Pen

"Queriendo o sin querer, se está normalizando al partido de ultra y facilitando su camino para llegar al gobierno", dice Tara Varma, analista de la Brookings Institution

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su primer ministro Michel Barnier París, 11 de noviembre de 2024

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su primer ministro Michel Barnier París, 11 de noviembre de 2024 / Ludovic Marin

Mario Saavedra

Mario Saavedra

En julio venía el lobo. Y la izquierda se unió para crear una coalición política que lo frenara. La llamaron Nuevo Frente Popular, una coalición de partidos de centro izquierda e izquierda radical nombrada en honor al Frente Popular Antifascista de los años de ascenso del nazismo. Comunistas, populistas de izquierdas y socialistas de toda la vida se unieron para intentar parar el avance de la ultraderecha de Marine Le Pen en las elecciones para la Asamblea Nacional. En septiembre, el presidente Emmanuel Macron les traicionó, o así lo sintió el Nuevo Frente Popular, que había ganado las elecciones, y nombró al frente del Ejecutivo galo a un conservador, Michel Barnier. La venganza de la izquierda ha llegado este miércoles histórico en Francia. El primer ministro no ha superado la moción de censura. Una clara mayoría de la Asamblea Nacional ha decidido expulsarlo. La izquierda votó con el lobo. Nuevo Frente Popular y Reagrupamiento Nacional echan a Barnier. 

“Queriendo o sin querer, todos están contribuyendo al proceso de normalización de Reagrupamiento Nacional y allanando el camino de su candidato, Jordan Bardella, hacia el Gobierno”, dice en conversación con este diario Tara Varma, analista visitante de la Brookings Institution de Washington. “Se confirma, por un lado, la idea de que la izquierda y la ultraderecha pueden encontrar objetivos comunes. Y el propio Barnier ha sentado un precedente en política económica, al negociar con los de Le Pen para que le salven a él y a los presupuestos”. Barnier ha intentado seducir a la ultraderecha; la izquierda ha apretado el botón nuclear con ella.

La Asamblea Nacional que salió de las elecciones de julio está dividida a grandes rasgos en tres bloques: uno de centro-derecha (liderado por los macronistas), otro de izquierdas (el resucitado Partido Socialista y la Francia Insumisa creada por el izquierdista Jean-Luc Mélenchon) y, el último, Reagrupamiento Nacional, nacionalpopulista y anti-inmigración. Emmanuel Macron podría haber nombrado a la candidata propuesta por la izquierda, Lucie Castets. Pero la joven política de 37 años había prometido derogar la reforma de las pensiones en la que Macron se dejó el pellejo y casi toda su popularidad. Macron decidió en su lugar girar a la derecha, con la esperanza de que Barnier, experto político francés, consiguiera seducir a un número suficiente de diputados para sacar sus presupuestos sociales. No lo consiguió.

Gobierno interino o nombramiento exprés

Francia se vuelve ingobernable, porque no sabe aún gobernarse en coalición. Puede aprender a hacerlo por la vía italiana, que ha tenido 70 gobiernos en 80 años de democracia. Un camino que ha concluido con el ascenso del primer gobierno de ultraderecha desde el final de la II Guerra Mundial, dirigido por Giorgia Meloni. O puede intentar lograrlo por el camino alemán: con una gran coalición entre los grandes partidos, los socialdemócratas y los demócrata-cristianos, que han compartido Ejecutivo en varias ocasiones y ahora aplican un cordón sanitario estricto a los ultras de Alternativa por Alemania. Incluso pueden seguir la ruta española, que tras años de vaivén político ha conseguido un Gobierno de coalición estable, siquiera de forma precaria y con altos costes. Lo que no puede permitirse Francia es la vía que parece más probable: una sucesión de Ejecutivos fugaces. Porque el panorama geopolítico se presenta aterrador. París debe aspirar a tener un gobierno fuerte que pueda reaccionar ante la amenaza de guerra comercial del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y que reduzca la deuda pública, disparada por encima del 114% del PIB, y el déficit, muy por encima de lo permitido por la Unión Europea. 

Pero casi nadie en la política francesa sabe cómo reducir esos números sin hacer que la calle arda. A Macron su reforma de las pensiones le costó varias huelgas generales y centenares de protestas, algunas violentas. Ahora, un recorte de 60.000 millones de euros, un tercio en subidas de impuestos y el resto en recorte del gasto, le ha hecho perder el puesto a su primer ministro. La izquierda y la ultraderecha luchan contra estos recortes (los de Le Pen, también contra el aumento impositivo) que casi nadie quiere en Francia. 

“Marine Le Pen ha aprovechado la moción de censura para recordar su programa y que ella y su partido habrían ganado si no hubiera sido por la estrategia de bloque de la izquierda y el partido de Macron”, ha dicho esta tarde Roxane Vigneron, politóloga francesa, a la cadena France 24.

Macron no renuncia

El presidente, Emmanuel Macron, creó esta crisis con su decisión de convocar elecciones anticipadas por sorpresa, tras la debacle de su partido en las europeas de mayo. Fue un movimiento “a lo Sánchez”, como explicó a este diario una fuente francesa: responder rápido a una caída electoral y pillar a los adversarios a contramano. 

Esta tarde, Francia Insumisa ha vuelto a pedir su dimisión, para que la democracia se purgue a sí misma y el país salga del pozo político. Macron se niega. Y la izquierda moderada avisa: es un muy mal momento, ya que una Le Pen al alza podría ganar unas presidenciales. Y ayudar a la líder ultra a eludir su cita con la justicia. 

“Marine Le Pen ha votado que sí en la moción de censura porque ha visto una oportunidad política en el hecho de que el país está dividido”, concluye Tara Varma. “Ella tiene por delante dificultades personales importantes para la primavera de 2025 y se enfrenta a su posible inhabilitación”. El próximo 31 de marzo se conocerá la sentencia por el caso de malversación de fondos de la UE que le impediría presentarse a las presidenciales, previstas para 2027.

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