La cruzada contra los transgénero de Trump y los republicanos llega al Supremo

A lo largo de toda la campaña electoral Donald Trump solía conseguir algunos de los mayores aplausos de sus seguidores cuando lanzaba la promesa de “sacar la locura transgénero de las escuelas y mantener a los hombres fuera de los deportes de mujeres”. En los mítines, y luego en redes sociales, empezó a proyectar un vídeo donde imágenes de ‘La chaqueta metálica’ de Stanley Kubrick y la palabra “entonces” se yuxtaponían con imágenes de gente defendiendo derechos de la comunidad LGTB y en drag y la frase “las fuerzas armadas de Biden y Harris”. 

El lenguaje despectivo, la deshumanización y las falsas representaciones de las personas transgénero se hicieron comunes en sus discursos y mensajes, mostrando oposición a los derechos de esa comunidad. Los dos últimos meses de la campaña lanzó la traca final, dedicando uno de cada cinco anuncios a atacar a la candidata demócrata con la cuestión transgénero. 

Según datos del Williams Institute de la Universidad de California en Los Ángeles de los 335 millones de habitantes de Estados Unidos, 1,6 millones de personas se identifican como trans, incluyendo unos 300.000 menores de entre 13 y 17 años. Son menos del 0,5% de la población, pero Trump los colocó en un papel tan central para su campaña como la economía, la inmigración o el crimen. Y en total, según datos de AdImpact, él, sus aliados y candidatos republicanos en otras carreras gastaron 250 millones de dólares en anuncios de esta temática.

Una polémica extendida

El presidente electo se movía por señales que le lanzaban sus propias encuestas internas y sondeos generales, en las que ocho de cada 10 republicanos, y la mitad de los estadounidenses, han expresado la opinión de que el apoyo a los derechos transgénero en el gobierno y la sociedad de Estados Unidos ha ido “demasiado lejos”. También azuzaba un fuego que en los últimos cuatro años los conservadores han extendido por juntas escolares, institutos, bibliotecas y legislaturas de todo el país.y que ahora ha llegado también al Congreso, donde tras la elección de la primera congresista trans, Sarah McBride, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, ha restringido el uso de baños que no se correspondan con el sexo asignado en nacimiento.

En estos años los republicanos han presentado centenares de iniciativas legislativas y solo en el último año han aprobado en 16 estados 47 normas restrictivas de los derechos de los trans, ya sea en uso de pronombres, de baños o vestuarios, respecto a literatura en bibliotecas o enseñanzas en aulas o a participación en deportes y tratamientos médicos. 

Esta última cuestión, especialmente en el caso de los menores trans, es una de las más conflictivas. Trump la ha definido como un “acto de abuso infantil” y la ha retratado como una "mutilación física, emocional y química de la juventud” con la que ha prometido acabar, amenazando con imponer un veto nacional y retener fondos federales a médicos que ofrezcan esos cuidados. Pero antes de que él se instale en la Casa Blanca con sus promesas, es un tema que ya ha llegado al Tribunal Supremo en el caso de momento más importante de este curso legal para la corte, donde la supermayoría conservadora ha dado señales este miércoles que no dejan demasiado espacio al optimismo para la comunidad trans.

El caso

En el Alto Tribunal se ha celebrado este miércoles durante dos horas y media la vista oral de EEUU contra Skrmetti, donde se debe decidir la constitucionalidad de la SB 1, una ley de 2023 que ha vetado esos tratamientos para menores transgénero en Tennessee. El sureño es uno de los 26 estados controlados por republicanos que, desde que Dakota del Sur y Arkansas dieron en 2020 y 2021 el pistoletazo de salida, han restringido esos cuidados, lo que ha dejado sin acceso a más de 118.000 adolescentes.

Tres menores trans de Tennessee, sus familias y una doctora de Menfis que ofrecía esa atención médica presentaron con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en ingles) la demanda contra la norma, que prohíbe que quienes no han alcanzado los 18 años reciban bloqueadores de pubertad, terapia hormonal, otros servicios médicos o cirugía si es para tratar la disforia de género (no para otros casos). La ley establece multas de 25.000 dólares a los médicos por cada tratamiento, medidas disciplinarias y les hace susceptibles de demandas civiles. 

Aunque inicialmente un juez nombrado por Trump dio la razón a los demandantes, dos de los tres jueces de un tribunal de apelaciones (nombrados también los tres por republicanos) revirtieron la decisión. Y tanto los demandantes originales como el Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden apelaron al Supremo. 

El Alto Tribunal aceptó la petición del gobierno, que a diferencia de la ACLU excluyó la cuestión de si los padres tienen derecho constitucional a tomar decisiones por sus hijos menores y el caso se centra ahora exclusivamente en dirimir si la ley discrimina por sexo.

Discriminación

La ley dice expresamente que pretende “animar a los menores a apreciar su sexo” y prohibir tratamientos que puedan “alentar a los menores a despreciar su sexo”. Permite a otros adolescentes acceso a los mismos tratamientos que se niega a los trans. Y por eso, según el gobierno y los demandantes, viola la cláusula de protección igualitaria recogida en la Enmienda 14 de la Constitución, que prohibe la discriminación basada en el sexo.

Son argumentos que este miércoles han defendido la abogada que representa al gobierno, Elizabeth Prelogar, y por parte de la la ACLU Chase Strangio, el primer letrado abiertamente transgénero que ha intervenido ante el Supremo.

Frente a ellos Matthew Rice ha representado al estado de Tennessee y a su fiscal general, Jonathan Skrmetti, que asegura que su ley no es discriminatoria pues el veto a los tratamientos afecta tanto a chicos como a chicas menores.

Los indicios del Supremo

El interrogatorio que han realizado a los abogados los jueces ha evidenciado la división ideológica del Supremo, donde ahora las tres magistradas progresistas son minoría. Mientras las preguntas y comentarios de las tres magistradas han expuesto su claro rechazo a la ley de Tennessee, los de de cinco de los seis magistrados conservadores han dejado señales de que se inclinan por mantener la ley restrictiva de Tennessee. La decisión no se espera antes de junio.

John Roberts, el presidente del Tribunal, ha señalado por ejemplo a lo que ha tildado de "creciente incertidumbre científica" sobre los riesgos a largo plazo de los tratamientos para menores trans. Tanto él como otros magistrados conservadores han señalado concretamente a casos de países de Europa que han dejado de ofrecer en sus sistemas públicos de salud bloqueadores de pubertad y otros tratamientos. En un documento previo presentado ante la corte, Prelogar, la abogada del gobierno, había recordado que ninguno de los países mencionados (Suecia, Finlandia, Noruega y Reino Unido) ha impuesto un veto tan categórico como el de Tennessee y este miércoles ha subrayado que en Reino Unido, por ejemplo, los tratamientos siguen disponibles de forma individualizada.

Después de que tanto la abogada del gobierno como el de la ACLU mencionaran repetidamente los beneficios de permitir los tratamientos, que las principales asociaciones médicas de EEUU aseguran que son cruciales para aliviar las presiones y trastornos psicológicos que sufren muchos jóvenes transgénero, el juez Brett Kavanaugh, también conservador, ha señalado a otros "riesgos", como la pérdida de fertilidad o los efectos psicológicos de quienes luego se arrepienten y buscan "destransicionar" (un porcentaje que no se conoce formalmente pero que muchos expertos creen mínimo).

Dada la mayoría conservadora, las expectativas de que el caso de los demandantes prospere no son halagüeñas. Desde el primer mandato de Trump, que colocó a tres jueces en el Supremo y garantizó una supermayoría conservadora de 6-3, la corte se ha movido abiertamente hacia el conservadurismo. La máxima expresión fue la derogación en 2022 de la protección constitucional al derecho al aborto que había estado en vigor durante 50 años. Eso, y el hecho de que en aquella sentencia se asegurara que un veto al aborto estatal no representaba discriminación por sexo, algo referenciado varias veces este miércoles, eleva el temor de que en este caso se de un paso atrás en las protecciones y no solo de los menores transgénero sino más amplio.

El único magistrado que no ha intervenido este miércoles ha sido Neil Gorsuch, uno de los jueces nombrados por Trump, en el que los demandantes tienen puestas algunas esperanzas. En 2020 Gorsuch firmó una sentencia que garantizó la protección de los transgénero contra la discriminación laboral, aunque en aquel caso se hizo bajo el amparo de una ley de derechos civiles, no en base a la Enmienda 14 que está en discusión en este caso. "Es imposible discriminar a una persona por ser homosexual o transgénero sin discriminar a ese individuo basándose en sexo”, escribió entonces el magistrado en una decisión que entonces también respaldó Roberts.

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