La cruzada contra los transgénero de Trump y los republicanos llega al Supremo

A lo largo de toda la campaña electoral Donald Trump solía conseguir algunos de los mayores aplausos de sus seguidores cuando lanzaba la promesa de “sacar la locura transgénero de las escuelas y mantener a los hombres fuera de los deportes de mujeres”. En los mítines, y luego en redes sociales, empezó a proyectar un vídeo donde imágenes de ‘La chaqueta metálica’ de Stanley Kubrick y la palabra “entonces” se yuxtaponían con imágenes de gente defendiendo derechos de la comunidad LGTB y en drag y la frase “las fuerzas armadas de Biden y Harris”. 

El lenguaje despectivo, la deshumanización y las falsas representaciones de las personas transgénero se hicieron comunes en sus discursos y mensajes, mostrando oposición a los derechos de esa comunidad. Los dos últimos meses de la campaña lanzó la traca final, dedicando uno de cada cinco anuncios a atacar a la candidata demócrata con la cuestión transgénero. 

Según datos del Williams Institute de la Universidad de California en Los Ángeles de los 335 millones de habitantes de Estados Unidos, 1,6 millones de personas se identifican como trans, incluyendo unos 300.000 menores de entre 13 y 17 años. Son menos del 0,5% de la población, pero Trump los colocó en un papel tan central para su campaña como la economía, la inmigración o el crimen. Y en total, según datos de AdImpact, él, sus aliados y candidatos republicanos en otras carreras gastaron 250 millones de dólares en anuncios de esta temática.

Una polémica extendida

El presidente electo se movía por señales que le lanzaban sus propias encuestas internas y sondeos generales, en las que ocho de cada 10 republicanos, y la mitad de los estadounidenses, han expresado la opinión de que el apoyo a los derechos transgénero en el gobierno y la sociedad de Estados Unidos ha ido “demasiado lejos”. También azuzaba un fuego que en los últimos cuatro años los conservadores han extendido por juntas escolares, institutos, bibliotecas y legislaturas de todo el país.y que ahora ha llegado también al Congreso, donde tras la elección de la primera congresista trans, Sarah McBride, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, ha restringido el uso de baños que no se correspondan con el sexo asignado en nacimiento.

En estos años los republicanos han presentado centenares de iniciativas legislativas y solo en el último año han aprobado en 16 estados 47 normas restrictivas de los derechos de los trans, ya sea en uso de pronombres, de baños o vestuarios, respecto a literatura en bibliotecas o enseñanzas en aulas o a participación en deportes y tratamientos médicos. 

Esta última cuestión, especialmente en el caso de los menores trans, es una de las más conflictivas. Trump la ha definido como un “acto de abuso infantil” y la ha retratado como una "mutilación física, emocional y química de la juventud” con la que ha prometido acabar, amenazando con imponer un veto nacional y retener fondos federales a médicos que ofrezcan esos cuidados. Pero antes de que él se instale en la Casa Blanca, es un tema que ahora llega al Tribunal Supremo en el caso de momento más importante de este curso legal.

El caso

Este miércoles en el Alto Tribunal se celebra la vista oral de EEUU contra Skrmetti, un caso que debe decidir la constitucionalidad de la SB 1, una ley de 2023 que ha vetado esos tratamientos para menores transgénero en Tennessee. Este es uno de los 26 estados controlados por republicanos que, desde que Dakota del Sur y Arkansas dieron en 2020 y 2021 el pistoletazo de salida, han restringido esos cuidados, lo que ha dejado sin acceso a más de 118.000 adolescentes.

Tres menores trans de Tennessee, sus familias y una doctora de Menfis que ofrecía esa atención médica presentaron con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en ingles) la demanda contra la norma, que prohíbe que quienes no han alcanzado los 18 años reciban bloqueadores de pubertad, terapia hormonal, otros servicios médicos o cirugía si es para tratar la disforia de género (no en otros casos). La ley establece multas de 25.000 dólares a los médicos por cada tratamiento, medidas disciplinarias y les hace susceptibles de demandas civiles. 

Aunque inicialmente un juez nombrado por Trump dio la razón a los demandantes, dos de los tres jueces de un tribunal de apelaciones (nombrados también los tres por republicanos) revirtieron la decisión. Y tanto los demandantes originales como el Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden apelaron al Supremo. 

El Alto Tribunal aceptó la petición del gobierno, que a diferencia de la ACLU excluyó la cuestión de si los padres tienen derecho constitucional a tomar decisiones por sus hijos menores y el caso se va a centrar exclusivamente en dirimir si la ley discrimina por sexo.

Discriminación

La ley dice expresamente que pretende “animar a los menores a apreciar su sexo” y prohibir tratamientos que puedan “alentar a los menores a despreciar su sexo”. Permite a otros adolescentes acceso a los mismos tratamientos que se niega a los trans. Y por eso, según el gobierno y los demandantes, viola la cláusula de protección igualitaria recogida en la Enmienda 14 de la Constitución, que prohibe la discriminación basada en el sexo.

Son argumentos que este miércoles, junto a la principal abogada del gobierno, defenderá por parte de la la ACLU y los demandantes Chase Strangio, el primer letrado abiertamente transgénero que interviene ante el Supremo.

Frente a ellos un abogado defenderá la posición de Jonathan Skrmetti, el fiscal general de Tennessee, que asegura que su ley no es discriminatoria pues el veto a los tratamientos afecta tanto a chicos como a chicas menores.

En el caso ante el Supremo se han presentado más de 80 opiniones y documentos, incluyendo los de las principales asociaciones médicas de EEUU que aseguran que los tratamientos prohibidos en Tennessee son cruciales para aliviar las presiones y trastornos psicológicos que sufren muchos jóvenes transgénero.

Por parte del gobierno estatal se habla de la incertidumbre científica y del papel del estado de proteger a los menores. Ademas, se pone el ejemplo de países europeos que han dejado de ofrecer en sus sistemas públicos de salud bloqueadores de pubertad y otros tratamientos, un argumento al que la abogada del gobierno ha replicado escribiendo que ninguno de los países mencionados (Suecia, Finlandia, Noruega y Reino Unido) ha impuesto un veto tan categórico como el de Tennessee y que los tratamientos individualizados siguen disponibles.   

Pendientes del Supremo

Desde el primer mandato de Trump, que colocó a tres jueces en el Supremo y garantizó una supermayoría conservadora de 6-3, la corte se ha movido abiertamente hacia el conservadurismo. La máxima expresión fue la derogación en 2022 de la protección constitucional al derecho al aborto que había estado en vigor durante 50 años. Eso, y el hecho de que en aquella sentencia se asegurara que un veto al aborto estatal no representaba discriminación por sexo, eleva el temor de que, cuando se anuncie la sentencia de este caso, que se espera en junio, se de un paso atrás en las protecciones y no solo de los menores transgénero sino más amplio.

Una esperanza que tienen los demandantes está en que Neil Gorsuch, uno de los magistrados nombrados por Trump, en 2020 firmó una sentencia que garantizó la protección de los transgénero contra la discriminación laboral bajo el amparo de las leyes derechos civiles.“Es imposible discriminar a una persona por ser homosexual o transgénero sin discriminar a ese individuo basándose en sexo”, escribió entonces el magistrado.

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