El Tribunal de Marsella condenó hoy a la empresa española de trabajo temporal Terra Fecundis a pagar algo más de 80 millones de euros por no haber abonado de forma regular las cotizaciones de miles de jornaleros empleados en explotaciones agrícolas francesas durante cuatro años.
Los jueces le impusieron el pago de 80.394.029 euros al URSSAF para compensar el perjuicio financiero sufrido por este organismo de la Seguridad Social, además de otros daños y perjuicios a sindicatos que se habían constituido en acusación particular.
Esta sentencia civil llega once meses después de que el Tribunal Correccional de Marsella hubiera sentenciado por la vía penal a Terra Fecundis por haber enviado a más de 26.000 obreros agrícolas entre 2012 y 2015 a explotaciones del sur de Francia sin declararlos de forma regular ante la Administración francesa.
En ese proceso penal, la empresa española y siete de sus dirigentes fueron condenados a multas de más de un millón de euros y a penas de entre uno y cuatro años de cárcel exentas de cumplimiento.
Los jueces consideraron demostrado que utilizó de modo fraudulento las disposiciones europeas sobre los trabajadores desplazados que permiten a las empresas funcionar con personal contratado en otros países de la UE siempre que sea para periodos cortos de tiempo.
En la práctica, a los jornaleros (en su inmensa mayoría latinoamericanos y africanos) se les pagaba sobre la base del salario mínimo francés, pero las cotizaciones sociales se abonaban en España, donde son notablemente más bajas.
De esta forma, el costo de la mano de obra para los agricultores franceses para los que trabajaban era mucho menor que si hubieran contratado a obreros declarados en Francia.
Según el abogado del URSAAF, Jean-Victor Borel, fue el mayor fraude a la Seguridad Social que se ha juzgado en Francia.
Terra Fecundis, por su parte, hizo notar en un comunicado que la sentencia civil no es ejecutiva y que por tanto esa cuestión va a quedar pendiente hasta que «se pronuncien los órganos comunitarios superiores», algo que todavía puede tardar «años».
De hecho, Jean-Baptiste Mousset, uno de los letrados de la defensa, precisó a Efe que se va a recurrir esta sentencia ante el Tribunal de Apelación de Aix en Provence, igual que ya se hizo con la condena penal de julio de 2021 ante esa misma instancia.
En caso de volver a perder allí, quedaría la posibilidad de elevar un recurso ante el Tribunal Supremo de Francia. Antes de contemplar una acción en las instancias europeas, hay que agotar las vías internas en Francia.
Mousset insistió en que contestan «la lectura» que ha hecho de los hechos el Tribunal de Marsella porque a su parecer el certificado español que utilizaba la compañía murciana es válido y tendría que haber sido aceptado como tal en Francia. El abogado consideró que detrás de todo lo que hay es «una cuestión diplomática».
Terra Fecundis hizo hincapié en su nota en que sigue trabajando «con total normalidad en Francia» y que tiene intención de seguir haciéndolo «en los próximos años, cumpliendo en todo momento con la legislación comunitaria, que será la que tenga la última palabra sobre este asunto».
La empresa subrayó que «este es un tema político entre los gobiernos español y francés, que deberán resolver entre ambos» y que ha cumplido «siempre» y «escrupulosamente» con «la normativa española, francesa y comunitaria».
Es más, puntualizó que si finalmente los órganos judiciales comunitarios ratificaran su condena «deberá ser el Estado español quien abone cualquier cantidad a Francia, ya que no es posible a una empresa pagar dos veces en dos países distintos».
No precisó en su comunicado si en ese escenario sería igualmente el Estado español el que habría de abonar la diferencia entre las cotizaciones pagadas en España y las que se tendrían que haber dado a la Seguridad Social francesa.
La compañía murciana se quejó de que «Francia cuestiona sistemáticamente los derechos nacionales contrarios a sus intereses, pero ningún país puede estar por encima de la legislación europea».
E insistió en que hará lo necesario para que se reconozca que siempre ha cumplido con la ley y «evitar así un nuevo atropello» de Francia a España «como ya han venido realizando estos últimos años a otros países comunitarios».