Lo contaron este martes los medios locales de Virginia (EEUU), y luego el periódico The Washington Post, porque el caso de aquella remota “manada” de presuntos violadores, muy famoso a mediados del siglo pasado, ha encontrado ahora, 70 años más tarde, un hito de perdón. El indulto lo ha concedido el gobernador de este estado, Ralph Northam, a título póstumo. Northam ha emitido más de 600 indultos desde que asumió el cargo hace más de tres años, lo que, al parecer, supera el número total de indultos otorgados por los anteriores nueve gobernadores de Virginia.
Los Siete de Martinsville fueron siete hombres de raza negra que fueron condenados por jurados formados exclusivamente por gente blanca, por la presunta violación de Ruby Stroud Floyd, una mujer de raza blanca, 32 años, que acudió, en enero de 1949, a la ciudad de Martinsville para recoger dinero por la ropa que había vendido. Según había declarado la chica después, pasó junto a un grupo de hombres negros que bebían junto a las vías del tren y uno de ellos la abordó de repente. Según relata el diario estadounidense, la mujer testificó que varios de aquellos hombres la violaron repetidamente, amenazaron con matarla si gritaba y la arrastraron luego al bosque, desde donde logró escapar. La Policía no tardó en detener a siete hombres negros y en presentar sus confesiones firmadas. Supuestamente, los siete admitieron haber tenido relaciones sexuales o haberlo intentado, pero sus descripciones de lo que pasó difirieron y, desde luego, todos –analfabetos y sin abogado- se declararon inocentes de los cargos de violación. No importó, porque en solo ocho días fueron condenados por jurados integrados totalmente por blancos y, en febrero de 1951, fueron ejecutados en la silla eléctrica. El caso provocó entonces protestas en la Casa Blanca y puso de manifiesto una desigualdad patente en el sistema de justicia penal: entre 1908 y 1951, solo en el estado de Virginia, habían sido ejecutados por violación 45 hombres. Por supuesto, todos eran negros.
Precisamente este hecho, al margen de la culpabilidad o la inocencia de los condenados, es el que motiva el indulto, pues se reconoce que los casos se habían tratado “con desigualdad racial” y había “deficiencias en el proceso”.
Al parecer, los familiares de los siete condenados prorrumpieron en aplausos y se emocionaron al oír la decisión gubernamental. Una de ellas, Pamela Hairston, llevaba tres décadas escribiendo cartas para llamar la atención sobre el asunto. Ella y otros familiares han contado repetidas veces que sus parientes habían sido interrogados bajo presión, sin abogado y que sus confesiones fueron coaccionadas bajo la amenaza de torturas.