Permiso de residencia de un año ampliable a tres, posibilidad de trabajar, acceso a la educación y la sanidad, ayuda social y apoyo económico son algunos de los derechos que tendrán los refugiados ucranianos que lleguen a España cuando se active la directiva europea de protección temporal.
Mañana jueves es el día previsto para que Bruselas apruebe formalmente la normativa legal diseñada para ofrecer protección inmediata a personas que llegan de forma masiva a territorio comunitario y no pueden volver a sus países por guerras, violencia o violaciones de los derechos humanos.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que 874.000 personas han abandonado Ucrania desde el inicio de la guerra, aunque estima que al final sean unos cuatro millones de ucranianos quienes busquen refugio fuera de su país, según informa ACNUR España en su Twitter.
España será uno de ellos. No en vano es el cuarto país europeo con una mayor diáspora de ucranianos, por detrás de Polonia, Italia y República Checa, según la oficina de estadística comunitaria Eurostat.
Ciento quince mil son los ucranianos que viven en España, la mayoría de ellos mujeres, y Madrid (23.072), Barcelona (14.052), Alicante (11.573), Málaga (11.425), Valencia (9.417) y Murcia (7.063) las provincias con más empadronados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2021.
Esta abundante presencia de comunidad ucraniana en el territorio nacional hace prever que serán muchos los ciudadanos de ese país que huyendo de la guerra opten por viajar hasta España para reunirse con familiares e instalarse aquí de forma temporal.
Serán ellos los que se beneficien de la directiva europea de protección temporal aprobada en 2001 tras el conflicto de los Balcanes, pero que no se ha aplicado nunca hasta ahora.
¿QUÉ CONTEMPLA LA DIRECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA?
Esta protección concede un permiso de residencia inmediata durante un año ampliable a tres, la posibilidad de trabajar y acceso a la educación, asistencia social, atención médica o de otro tipo y medios de subsistencia.
Desde Mérida, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado este miércoles que esta directiva agiliza muy especialmente la incorporación al mercado de trabajo de los refugiados, que se completa con el aprendizaje del idioma, una oferta de vivienda y manutención, y un acompañamiento para su integración si así lo deciden.
Sin aplicar esta directiva, es necesario que todas las personas soliciten asilo y se inicie el procedimiento para poder acceder a esos derechos. No obstante, esta normativa permite que los ucranianos en cualquier momento puedan pedir asilo y beneficiarse de una protección más permanente en el país de acogida.
Para los niños, niñas y adolescentes no acompañados, la protección temporal confiere derecho a la tutela legal y acceso a la educación.
ESPAÑA, PREPARADA PARA ACOGER A UCRANIANOS
Las cifras de los ciudadanos ucranianos que vendrán son inciertas pero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones «ya» tiene un plan de contingencia preparado, según han subrayado a EFE fuentes de ese departamento, que han explicado que la directiva no fija cupos concretos por lo que el sistema de acogida se irá flexibilizando en función de las necesidades.
«Tenemos un plan de contingencia, hay plazas preparadas y la red es flexible y se irá adaptando en función de las llegadas y de las necesidades en el momento inmediato en el que esas personas lleguen y pidan una acogida, y se hará en el lugar que la pidan», han precisado las fuentes consultadas.
El Ministerio, que está en coordinación con las comunidades autónomas y administraciones locales, «ya está aumentando» el número de plazas para acoger ucranianos, aunque no concreta cifras porque «en este mismo instante» siguen abriendo o bloqueando plazas de emergencia para cuando lleguen los desplazados ucranianos.
En este escenario, añaden las mismas fuentes, no se hace distinción entre las plazas destinadas para quienes solicitan asilo y las de ayuda humanitaria que se usan para la primera asistencia de quienes llegan a España mayoritariamente en patera.
La capacidad actual del sistema de acogida en todo el territorio nacional para quienes piden asilo es de unas 10.000 plazas, aunque en los últimos meses ha tenido que hacer frente a la llegada de afganos a raíz de la toma del poder por parte de los talibanes y a los traslados de inmigrantes desde Canarias.
«Aquellos que quieran venir se les acogerá rápidamente», ha remarcado Escrivá, que ha apuntado que, una vez lleguen, se abordarán sus necesidades y perfiles para ir derivándolos a las comunidades autónomas. «Lo importante es que la coordinación y los mecanismos de protección estén engrasados» para asegurar su protección, ha dicho.
La directiva europea incluye la creación de un estatus de protección con trámites reducidos para así evitar abrumar a los sistemas nacionales de asilo y permitir a los Estados miembros gestionar las llegadas de manera ordenada y eficaz.
Asimismo, la normativa dispone que mientras dure la protección temporal o cuando ésta haya finalizado, los Estados miembros deben tomar medidas para permitir el regreso voluntario de las personas protegidas.