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Miembros de la Asamblea Constituyente. / Efe
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, denunció la existencia de «una política de represión» en Venezuela destinada a «instalar el miedo en la población para acabar con las protestas» contra el Gobierno de Nicolás Maduro y advirtió sobre «el grave riesgo» de que la situación en el país caribeño «se deteriore todavía más».
La oficina de Al Hussein publicó ayer un informe, elaborado entre el 1 de abril y el 31 de julio, sobre la situación en Venezuela a raíz de las manifestaciones opositoras que comenzaron hace cinco meses y que dieron lugar a una ola de violencia que se ha saldado con más de cien muertos y miles de detenidos.
«Se han cometido extendidas violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas antigubernamentales en Venezuela» que sugieren «la existencia de una política de represión de la disidencia política para instalar el miedo», señaló el citado comisionado.
«El uso sistemático y generalizado de una fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y personas percibidas como opositores políticos indica que estos no son solo actos ilegales o canalladas de oficiales aislados», insistió.
El alto comisionado indicó que, de las 124 muertes registradas en dicho periodo durante las protestas contra Maduro, 46 son responsabilidad de las fuerzas de seguridad y otras 27 son obra de los grupos armados progubernamentales conocidos popularmente como colectivos.
Además, hasta el 31 de julio la Fiscalía abrió investigaciones por 1.958 casos de lesiones durante las manifestaciones. «El uso de la fuerza ha escalado progresivamente. En la primera mitad de abril la mayoría de los heridos eran por inhalación de gases lacrimógenos y en julio el personal médico estaba tratando heridas de bala», detalló en el análisis.
Según datos de una ONG local «fiable» que recoge el informe, de los más de 5.000 detenidos en el contexto de la crisis política en Venezuela, al menos 609 casos de civiles se han ventilado en tribunales militares y la ONU identificó «graves violaciones del derecho al debido proceso y patrones de malos tratos que en algunos casos constituirían tortura».