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Chavistas esperan en la calle para votar en el simulacro de las votaciones para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsa el Gobierno de Nicolás Maduro.
La Policía y la Guardia Nacional de Venezuela han aumentado sus operativos de seguridad en el marco de la escalada de tensión por las constantes protestas de la oposición contra el Gobierno de Nicolás Maduro para que convoque elecciones anticipadas, entre otras demandas.
La semana pasada, poco después de que concluyera una manifestación opositora, las fuerzas venezolanas irrumpieron en el completo de apartamentos de Montaña Alta, en Los Teques, una localidad del área metropolitana de Caracas, alegando que habían recibido información de que allí se estaban almacenando armas.
Según han contado los testigos del incidente, decenas de agentes se abrieron paso a golpes, rompiendo puertas y ventanas, por las casas sin mostrar en ningún momento órdenes de registro. Los inquilinos han contado que incluso llegaron a disparar balas de goma y lanzar gas lacrimógeno.
“Abrí la ventana y me apuntaron con sus armas. Me dijeron: ‘vuelva dentro señora o verá lo que ocurre’. Rompieron las cámaras de seguridad, destrozaron las luces y lo dejaron todo a oscuras”, ha denunciado Dilcia Díaz, de 63 años y una de las vecinas de este edificio de once plantas.
Arístide López, un agente de viajes de San Antonio de Los Altos, en Caracas, ha vivido una situación similar. De acuerdo con su versión, los agentes llamaron a su puerta y cuando abrió cinco hombres sin orden judicial ni identificación y con fusiles se colaron en su casa. “No les dije que pudieran entrar”, ha afirmado López.
Los uniformados registraron la vivienda y encontraron un bote de gas lacrimógeno gastado que su hijo de 17 años, Eduardo, se llevó a modo de recuerdo de una manifestación contra Maduro en la que no participó. Sin embargo, esta prueba sirvió para que él y su hijo fueran detenidos y pasaran 10 y 22 días en prisión, respectivamente.
Fueron acusados de incitar a la violencia en una protesta en San Antonio de Los Altos, a pesar de que las cámaras de seguridad del edificio mostraban que estaban siendo detenidos en el preciso instante en el que se suponía que debían estar manifestándose.
“Esto te deja en ‘shock’ porque tenemos una Constitución que dice que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Lo que puedo deducir es que aquí no hay ley. Esto es la ley de la jungla”, ha lamentado.
Las redadas sin autorización judicial son cada vez más frecuentes desde que el Gobierno anunció en mayo la ‘Operación Toc Toc’, que avala los registros exprés para descubrir supuestos complot contra el Palacio de Miraflores. El ‘chavismo’ sostiene que es necesario para evitar posibles golpes de Estado.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha abierto investigaciones por estas redadas, pero ella misma ha sido cuestionada por el ‘chavismo’ debido a sus crecientes críticas al Gobierno y está a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decida si debe ser cesada.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha advertido de que la actuación de las fuerzas de seguridad es reflejo de la deriva autoritaria de Maduro. “Hay una política de Estado destinada a amenazar e intimidar sistemáticamente a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta”, ha dicho, por su parte, el constitucionalista José Vicente Haro.