¿Puede una hermandad pedir que retiren imágenes del IPCE?

Todos los bienes de las hermandades, al ser asociaciones públicas de la Iglesia Católica, están bajo la autoridad eclesiástica

Juanmi Vega @Juanmivegar /
20 sep 2019 / 16:47 h - Actualizado: 20 sep 2019 / 22:12 h.
"Cofradías"
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El martes pasado, El Correo de Andalucía informaba que el Ministerio de Cultura había digitalizado buena parte de su archivo documental y que se podían encontrar expedientes de las restauraciones de las imágenes de algunas de las hermandades de la Semana Santa de Sevilla. Dos días después, el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) ha retirado dichos expedientes tras las quejas de los hermanos mayores de las corporaciones que aparecían en dichos expedientes, algo que el IPCE lo ha hecho «por deferencia» y hasta que la Abogacía del Estado aclare si las hermandades tienen derecho a la queja o no.

Derecho a reclamar

Hay que empezar recordando que las hermandades son asociaciones públicas de fieles de la Iglesia Católica erigidas por la autoridad eclesiástica competente. La Hermandad administra sus bienes bajo la dirección de la autoridad eclesiástica de la que depende, a la que debe rendir cuentas de esa administración todos los años.

Se usa el concepto de bienes eclesiásticos para delimitar el estatuto de los bienes de las personas jurídicas públicas de la Iglesia. El canon 1257 acota el concepto de bienes eclesiásticos en los siguientes términos:

Canon 1257 § 1: Todos los bienes temporales que pertenecen a la Iglesia universal, a la Sede Apostólica o a otras personas jurídicas públicas en la Iglesia, son bienes eclesiásticos, y se rigen por los cánones que siguen, así como por los propios estatutos. Puesto que las hermandades son personas jurídicas públicas en la Iglesia, tenemos que concluir que los bienes de las hermandades son bienes eclesiásticos.

El Derecho Canónico es claro sobre la propiedad de los bienes de las hermandades, por eso que el Ministerio esté consultando con la Abogacía del Estado si son ellas las que pueden exigir la retirada de dichos expedientes o es la Iglesia, que firmó un acuerdo con el Ministerio dentro de los Planes Nacionales, quién tendría que solicitar esa retirada.

Los Planes Nacionales

Para analizar esta situación habría que remontarse a la década de 1980, cuando las competencias sobre patrimonio habían sido transferidas a las Comunidades Autónomas y existía una nueva Ley de Patrimonio Histórico. Es en ese momento en el que se crean los Planes Naciones.

«Los planes nacionales de patrimonio cultural son instrumentos de gestión del patrimonio, compartidos por las diversas administraciones y con participación de otras entidades públicas o privadas. Su objetivo es el desarrollo de criterios y métodos compartidos y una programación coordinada de actividades en función de las necesidades del patrimonio, que incluye actuaciones de protección, conservación, restauración, investigación, documentación, formación y difusión.

Los planes nacionales constituyen de esta forma, una base informativa para tomar decisiones, establecen una metodología compartida de actuación y fijan prioridades en función de las necesidades del patrimonio, con el objetivo último de proteger y conservar los bienes culturales». Así se detalla en la página web de Cultura.

Según las bases reguladoras de esos Planes Nacionales el IPCE se reservaría el derecho de propiedad de las fotografías y explica que «previamente a cualquier intervención, se deberá procurar un conjunto de estudios previos interdisciplinares, con la finalidad de adquirir el mayor conocimiento posible sobre los bienes y su entorno. La síntesis y evaluación de toda la información y conocimientos adquiridos mediante dichos estudios será la base sobre la que se fundamentarán las propuestas de intervención a realizar. Aun así, es sabido que el propio proceso de intervención generará nueva información que deberá ser documentada y evaluada en un proceso continuo de replanteamiento de las hipótesis de partida, a medida que avanza el conocimiento sobre los bienes».

Para poder acceder al mayor conocimiento posible sobre los bienes y su entorno, el IPCE, tras cuatro años de trabajo y una inversión de 300.000 euros, publicó más de 40.000 documentos con los expedientes relativos a los procesos de intervención en bienes culturales muebles e inmuebles realizados desde 1961.

La opinión del Arzobispo

En una entrevista que mañana saldrá en El Correo de Andalucía, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha asegurado que «las imágenes tienen que ser tratadas con mucho respeto. Yo recomendaría una cierta prudencia. Puede ser interesante que estén en el archivo del IPCE al alcance de historiadores y técnicos porque pueden servir como criterio de restauración para otras personas. A mí, personalmente, me gustaría que no se publicaran para el gran público, pero sí para usos científicos».

Hablan los profesionales

Jesús Serrano, coordinador de ACRE Andalucía ha explicado que «son imágenes técnicas y no se degrada. Somos técnicos y la información compartida en la web del IPCE es meramente técnica, realizada por profesionales con enorme rigor y respeto como documentación para futuras actuaciones. Esta problemática se ha dado sólo en Andalucía porque en el resto de España no ocurre. Se ha hecho de forma torticera y todo el mundo sabe que las imágenes son de madera».

Serrano añade que «si un restaurador va a intervenir una imagen y ya ha sido intervenida previamente, lo lógico es que se pueda acudir al expediente. Luego encontramos restauraciones que no están hechas por profesionales y pasa lo que pasa».

«El IPCE ha dado la información y las hermandades, por redes sociales, nos han puesto a caer de un burro. El trabajo hay que promocionarlo y se está intentando politizar esta cuestión».

Por su parte, el restaurador Francisco Arquillo ha explicado que «es de mal gusto que la documentación científica se ponga al servicio de los demás».

El restaurador de la Macarena ha asegurado que «yo no he entregado la información y desconozco qué información ha entregado la hermandad. Cuando nosotros hacemos una restauración se lo tenemos que comunicar a la Iglesia».

José León es restaurador y una de las personas que mejor ha explicado la problemática, ha declarado que «para los restauradores contar con los proyectos e informes de las obras que vamos a intervenir es tan fundamental como para los profesionales de la medicina disponer de los historiales médicos de sus pacientes. El estudio de esta documentación previa ratifica el carácter científico de la restauración».

«Considerando el arraigo cultural de la religiosidad popular, que establece con las imágenes de la Semana Santa un trato familiar, puedo entender que la visualización de algunas de estas fotografías pueda herir sensibilidades, que en el caso de producirse sería responsabilidad de quien haga un uso indebido e injustificado de ellas».

Las imágenes que han causado la polémica estaban disponibles en internet desde el lunes, tras un largo proyecto para digitalizar más de 41.000 documentos del IPCE procedentes de proyectos de conservación y restauración desde mediados del siglo pasado.

Además de fotografías, también se han puesto a disposición de cualquier interesado planos de iglesias, monasterios, palacios, castillos; así como el fondo (4.000 archivos) del Archivo de la Guerra, que reúne la documentación de las dos instituciones que en la Guerra Civil protegieron el patrimonio español.