El Gobierno de Gibraltar ha calificado de "violación muy grave" de su soberanía y jurisdicción la entrada de dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de España, que resultaron heridos de diversa consideración en la madrugada de este jueves tras ser apedreados en la playa de levante de Gibraltar al intentar abortar un alijo de tabaco de contrabando.
Según han manifestado, esta intervención "constituiría una infracción muy grave de la ley" en el caso de "confirmarse que los funcionarios españoles dispararon sus armas en Gibraltar", además de ser una acción "imprudente y peligrosa" en una zona, según han recalcado, "de alta densidad de población civil, dada la proximidad de una urbanización residencial".
El Gobierno ha negado este viernes que la zona próxima a Gibraltar donde ocurrieron los hechos sea de una «supuesta soberanía británica».
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha condenado «la agresión sufrida» por miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera que intervenían «en una operación de lucha contra el contrabando en territorio y aguas españolas cercanas al Peñón de Gibraltar, con resultado de heridas graves».
En este contexto, desde el departamento que lidera José Manuel Albares han rechazado «tajantemente» los términos de la declaración conjunta emitida por representantes del Gobierno británico en relación con el incidente, «así como las pretensiones sobre una supuesta soberanía británica sobre el territorio y aguas de Gibraltar recogidas en ella».
En este contexto, los Gobiernos de Gibraltar y del Reino Unido han considerado que los acontecimientos "requerirán una cuidadosa evaluación en cuanto a la naturaleza y el nivel de la respuesta diplomática", por lo que han explicado que "se pondrán en contacto con funcionarios españoles para pedirles explicaciones sobre esta violación de la soberanía de Gibraltar antes de tomar una decisión definitiva sobre las medidas a adoptar".
"Las pruebas que rodean este incidente revelan una grave violación de la soberanía británica y, potencialmente, el incidente más grave y peligroso desde hace muchos años", ha afirmado el ministro principal, Fabián Picardo, que ha apuntado, no obstante, que "antes de reaccionar" van a "estar seguros de los hechos". "Pero los acontecimientos indican que la actuación de los funcionarios españoles es intolerable", ha criticado.