Actualizado: 23 jul 2021 / 14:01
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El secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Luis Fernández Palacios, y el director de Relaciones Institucionales de la patronal, Luis Picón, han mantenido esta semana un encuentro en la sede de la patronal andaluza con el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero, y con la portavoz adjunta, Mónica Moreno. Fernández-Palacios les ha transmitido la importancia que tiene el mantenimiento de la estabilidad política parlamentaria para el tejido empresarial, que la entiende como un elemento imprescindible para la recuperación económica de la Comunidad.
El secretario general de CEA ha subrayado el valor del Diálogo Social y de los acuerdos alcanzados en Andalucía para impulsar medidas de recuperación económica, posteriormente concretados en Decretos Leyes que deben ser ratificados aún por la Cámara autonómica; de ahí la importancia de la mencionada estabilidad y de la búsqueda de consensos entre los diferentes grupos parlamentarios.
En relación al calendario legislativo que se debate en estos días, desde CEA se ha insistido en el alcance económico y social de proyectos como la LISTA (nueva Ley del Suelo de Andalucía), la ley de tributos cedidos o el Decreto Ley de modernización de los establecimientos de alojamientos turísticos, iniciativas todas ellas que responden a la conformación de un escenario más favorable a la inversión en Andalucía y que ya han iniciado su tramitación parlamentaria.
Asimismo, respecto a normas que aún no han tenido entrada en sede parlamentaria, pero igualmente muy esperadas por el mundo empresarial organizativo, Fernández-Palacios ha compartido con Romero y Moreno el interés de CEA por la aprobación de la norma relativa al Plan de Mejora de la Regulación, que debe dar un nuevo impulso a la supresión de normas y trámites superfluos en Andalucía; la Ley de Economía Circular, que en su formulación actual responde a las necesidades empresariales, aunque debe adaptarse a la realidad en su apartado sancionador, muy elevado respecto a otros tipos; y la Ley de Participación Institucional, expresamente prevista en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y que en la última década ha sido varias veces anunciada por el Ejecutivo andaluz, sin que hasta el momento se haya iniciado ningún tipo de tramitación parlamentaria.
