Actualizado: 19 nov 2022 / 05:30
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De vez en cuando, a la Policía Local (PL) sevillana se le cuestiona todo. Lleva años cortita de medios técnicos, móviles y humanos. Llevamos años conociendo que sus mandos, ex jefes militares, policías nacionales o guardias civiles, abandonan o aguantan por el oropel del cargo y mejores sueldos. Más veces supimos de trapicheos en las oposiciones para acceder al cuerpo, dietas por ir a supuestos juicios, sindicalismo burócrata de ‘liberados’ holgazanes o tejemanejes de políticos que sólo creen en su PL una guardia uniformada servil.
No debemos ser pesimistas. En #Infraganti (https://elcorreoweb.es/in-fraganti) escribimos que, entre las fuerzas de seguridad y la Justicia hispalense, no corren buenos tiempos aportándose claves Esperemos que se solucionen las necesidades y se activen potencias existentes en el factor humano y la profesionalidad de dichos servidores públicos.
Estábamos tan tranquilos cuando un episodio de segundo nivel saltó al patio de las redes sociales y las portadas de los medios. Se renovaron, pues, polémicas que persiguen a nuestros policías locales, una inmensa mayoría vocacionales y serviciales. Una minoría engreídos de poder ante el sevillano, que sólo debe ver en su guardia municipal un servicio público.
Las malditas copas
Una rutinaria patrulla constata que un ciclista iba pasado de copas por la acera en Avenida de María Luisa. Le piden identificarse y se arremolinan conocidos del mismo protestando la actuación policial que, creemos, sólo cumplía su deber profesional para evitar males mayores al ciudadano, viandantes, conductores y la propia integridad del borracho.
Los tonos de voz suben y salen móviles grabadores cuyas imágenes no aparecen ‘después’. Surgen altercados tras subir al patrullero a una de las grabadoras, carente de identificación, como retenida. Más gritos surgen y reproches a los agentes actuantes. ¿Las consecuencias de la melopea estuvo presente en el desvarío?.
Hay datos objetivos. Agresiones verbales a los policías. Patadas y manotazos entre los contendientes. Alguien, la retenida, que no llevaba el pertinente DNI-NIF. Y un suceso que se le iba de las manos a las partes presentes. Que la retenida para proceder su identificación fuera una conocida actriz, María León, hizo que un tema de trámite se transforme en escándalo. Pero con efecto boomerang para la artista. Esta registraría un incidente similar, de desapego a cumplir normas que a cualquiera alcanza, el pasado 6 de enero del 2021.
Desde ese día contra María León le tramitarían multa por presunta ‘falta de respeto y consideración a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones’ (Art. 37-Ley 4/2015, de Seguridad Ciudadana, que el actual gobierno PSOE-UP rechazó siendo oposición).
Según crónicas el incidente de la sanción lo fue por vomitar León una borrachera en un taxi y negarse a pagar una carrera de 20,56€. Obviamente, el conductor pidió ayuda policial para cobrar por su trabajo y le limpiaran el auto de los excrementos digestivos de la actriz. Entonces, ella vomitó palabras que instó una denuncia forjada en cuerdas vocales femeninas.
La cosa no fue a mayores porque la madre de León, también actriz, pagó la carrera del taxista y la limpieza del asiento que ocupó su hija. También, llevó el DNI-NIF del que carecía María León. Es decir, la actriz se le ve alérgica a llevar identificación, craso error Sra. León. A lo mejor sería tan conocida que no precisa ser identificada, o bien le pesa demasiado en el bolso cualquier documento que la reconozca.
Las distintas versiones
Tras ser conducida María León a dependencias oficiales y liberada hay distintos relatos. De un lado, el atestado oficial aloja perlas (una patada de la actriz derriba a un agente -¿?- y otros paroxismos corporativistas) propias de los que entienden la ‘presunción de veracidad’ como dogma pragmático.
De otro, la actriz borda su papel. Doña María León se niega a declarar ante la autoridad, pero vuelve a vomitar en las denominadas redes sociales su particular versión. Este hecho es más grave por el irrespeto a la Justicia que evidencia. Entendemos que esto no pasará de largo en futura sentencia.
Las partes encartadas construyen sus trincheras. El Juzgado de Instrucción nº 18 sevillano personó en la causa a los policías actuantes, entre ellas una agente femenina agredida por su colega de género. Ese dato, felizmente, desmiente el socorrido machismo con que rápido se etiquetaría el caso. Javier Carnerero, veterano defensor de agentes de la autoridad cuestionados, será el Letrado de los policías, apoyados por algunos sindicatos y, con tardíos reflejos del Alcalde Antonio Muñoz, así como el resto de grupos municipales.
De su lado María León sigue actuando para forjar su defensa. Repite ser víctima del ‘abuso policial’ y denuncia ¿modo vacuna? una –presunta- ‘detención ilegal’. Las diligencias oficiales tramitan contra ella un posible delito, que no es venial, de atentado e insultos a la autoridad.
En el trajín orquestado aparece en su favor el hermano, Paco León, también del gremio actoral. Añade que para María ‘no se ha respetado la presunción de inocencia’. Cómo no, las redes sociales, el patio del siglo XXI, arden con este triste asunto que parece reportar a Sevilla como una Gomorra alcohólica que al cabo sufre a la peor policía imaginable.
María León contrató, para validar su estrategia, a los abogados José Antonio Sires y Carla Vall. Ambos suscriben un escueto comunicado ‘Ha sido presentada denuncia por los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral de nuestra representada María León...’
Paradójicamente, estos juristas contradicen a Paco León cuando esgrime el irrespeto a la presunción de inocencia de su hermana. Dicho dúo de Letrados da por sentado que tan graves delitos denunciados se cometieron por los policías. No añadieron la palabra ‘presunto’ que reclama a gritos el comunicado. Y tampoco esperan a que la denuncia que presentan sea admitida por algún juzgado. Nos preguntamos si es error de principiantes.
¿En qué quedará todo?
Nos encontramos ante un tema sobre el que el corazón popular apoya al débil y –presuntamente- vejado sobre la fuerza de la ley. Obviamente María León tiene presunción de inocencia, pero en su favor no juegan sus antecedentes vomitivos y mejorables pautas conductuales para con la Justicia y la Policía Local de la ciudad que le vio nacer.
El atestado policial, que no olvidemos tiene peso de veraz ante los ojos de la Justicia, recoge hechos claramente constitutivos de un –presunto- delito de atentado a la autoridad (patadas a una agente, graves insultos...). Pero es un misterio si hay, o no aparecieron, partes de lesiones. De haberlos, se descartan ingresos hospitalarios o que se precisase ayuda médica.
Otras veces, raras, lo que haga bien o mal, la policía se castiga peor que a cualquier ciudadano. Recordemos el caso de Casimiro Villegas. Un policía local sevillano allanado y atracado en su casa nazarena. Para defender su morada y a su esposa retenida tiroteó a unos ladrones que huían. El Supremo le condenó a cárcel tras una incomprensible sentencia, impensable fuera de España, donde el hogar es sagrado y se antepone su defensa y privacidad ante el delito más agresor.
Nos tememos que el ‘Caso María León’ tenga sentencia en unos años y que la instrucción judicial se dilate lo que enfría el asunto. Hay demasiados testigos y grabaciones que callarán, hablarán lo que convenga o simplemente dirán que ‘pasaban por allí’.
María León, con sensatez, repite que pasa días difíciles. Pero estas cosas no le pasan a cualquiera. Añadiremos fantasía desiderativa para pensar que vivimos en mundo donde no suceden determinados incidentes. De momento, la Justicia tiene la palabra.
