El caso ‘Reace’ fue un escándalo político-financiero que salpicó a la cúpula del franquismo. El hermano mayor del Generalísimo, Nicolás Franco Bahamonde integraba el Consejo de Administración de ‘Refinerías del Noroeste de Aceites y Grasas (REACE)’.
Una inspección, el 25 de marzo de 1972, de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (CAT) comprobó que no podía disponer de aceite custodiado por REACE en depósitos alquilados en Redondela (Pontevedra). Habían desaparecido nada menos que 4.036.052 litros, valorados en 250 millones de pesetas de la época (1,5 millones de euros al cambio, aunque su valor se quintuplicaría). Con ese aceite pretendía el CAT intervenir el alza de los precios en el mercado que regía por entonces.
El jefe denuncia y se ‘traslada’ de Vigo
El aceite ‘esfumado’ hizo que el Ingeniero-Jefe y Gerente de REACE, el vigués José María Romero González, denunciara en el juzgado, en julio de 1972, irregularidades. Y decidió abandonar su Galicia natal. Comenzaba así un asunto criminal que llevó a la tumba a 7 personas, hizo desaparecer millones de euros del siglo XXI y tuvo en vilo a la sociedad gallega durante casi 20 años. Los nexos sevillanos del caso fueron sustantivos, nada desdeñables.
Además de denunciar ante el juzgado la desaparición del aceite Romero González habría referido al oficial que le recogió la denuncia y documentación que aportó una orden que consideró ‘absurda’. La dió el Consejero Delegado de Reace, Isidro Suárez Díaz-Moris. Consistía en rellenar los depósitos destinados al aceite de agua potable natural.
Los hechos se precipitaron tras la denuncia. La primera víctima de ‘Reace’ fue el taxista Arturo Cordovés Diéguez, de 23 años y joven padre. Este conductor tuvo como clientes a directivos y clientes de REACE, mayoritariamente conserveros. El cuerpo apareció tiroteado dentro de su taxi en el barrio vigués de Alcabre la tarde del 9 de septiembre de 1972.
La única testigo presencial del asesinato sólo deslizó de su pánico que las balas que mataron al taxista salieron de un arma a muy corta distancia de su cuerpo. A pesar de practicarse 14 detenciones e interrogar a otros tantos sospechosos, el sumario registró el primer carpetazo del ‘Caso Reace’
¿Qué vió, supo u oyó el taxista para acabar baleado en su propio auto?
Muertes en Sevilla
A menos de un mes del homicidio en Vigo, el 30 de septiembre, en un piso de la calle Monzón sevillana aparecían muertos tres miembros de una misma familia. Todos fueron asesinados por armas de fuego. Las víctimas fueron José María Romero González, de 51 años, su esposa e hija de 21 años y estudiante de Arquitectura. La familia llevaba apenas 15 días viviendo en Sevilla. Los cuerpos aparecían entre charcos de sangre.
Las pesquisas policiales aclararon, desde la primera inspección ocular, que los cuerpos llevaban dos días sin vida. Las ventanas de la casa insonorizadas burdamente y los cables telefónicos arrancados. La esposa e hija del Ingeniero aparecieron de rodillas tiroteadas en la cabeza en una habitación. José María Romero yacía en otra pieza del piso con un certero disparo que alcanzó su corazón muy profesional
La prensa sevillana fue parca con el suceso. Esa tragedia laminó una familia completa. Deslizaba el suicidio del Ingeniero ‘denunciante’ tras acabar con la vida de su esposa y única hija. Pero los suicidas raramente apuntan el arma a su corazón; suelen introducirla en su cavidad bucal.
Las presiones que llegaron hasta Sevilla ‘desde Madrid’ enfocaron el trágico suceso como lo que hoy conocemos como ‘violencia de género’. Ello entrañaba una calumnia post-mortem contra el Ingeniero. El secreto del sumario ratificó la opacidad del caso. Resultaba inverosímil la tesis del suicidio de un profesional con la conciencia tranquila por sus denuncias en Vigo. Sólo pretendía que las amparara la justicia. Días antes de su muerte tuvo charlas con clientes y proveedores de REACE y nada presagiaba un suicidio o problemas con su pareja.
La conmoción en Vigo, donde era persona apreciada la familia, y en Sevilla hizo que la tesis del suicidio o crimen machista perdieran fuerza. La ganaba un ‘ajuste de cuentas’ ejecutado por sicarios para evitar que se supiesen datos incómodos sobre REACE y que, sobre todo, se involucrase al Hermanísimo de Franco.
No bastaron, pues, los supuestos y anónimos testimonios vecinales que inducían peleas matrimoniales, cuando el tiroteo no lo oyó nadie; durante dos días los cuerpos estuvieron solos. Además, la familia muerta apenas era conocida en el entorno vecinal. Las infamias intentarían tapar un probable crimen ‘por encargo’ ejecutado por personas que conocían a los muertos.
La extraña nota de suicidio
El juzgado que instruyó en Vigo el ’Caso Reace’, impulsado por la denuncia de José María Romero, recibió pocos días después de su muerte una carta mecanografiada con el remite sevillano del difunto. Según el laureado periodista y escritor Mariano Sánchez Soler en su excelente trabajo ‘La Familia Franco SA’ (Editorial Roca, Barcelona 2019), la misiva era reveladora: ‘Ilustrísimo Señor: El motivo de haber tomado la decisión de autoeliminarme no es por restar implicado en el Caso Reace... puedo jurar ante Dios (si existe) que tengo la conciencia absolutamente limpia... Voy a darle una lista de los que considero involucrados en el robo. En la lista doy puntos según méritos: Rodrigo Alonso fariñas, 10; Isidro Sánchez Moris, 8; Carlos Nogueira Prieto, 7: Alfredo Román, 7; Francisco Fernández Tapias, 6; Germán (no me cuerdo de sus apellidos), 4.... No me cabe más que desearle a Su Señoría los mayores éxitos posibles en bien de la Justicia y que los culpables del robo del aceite a la CAT paguen como se merecen... Me despido de Su Señoría hasta el otro mundo, Fdo. José Mª Romero González.’
Según el periódico gallego EL FARO DE VIGO, los expertos policiales dudaron en un dictamen la autenticidad de ese socarrón y jocoso escrito: ‘la carta no parece, ni por su extensión ni por su tono, la de un suicida...’ También dudaba de la versión policial –sobre posible suicidio o crimen machista- de José María Romero su propia hermana, según el indicado libro de Mariano Sánchez (Página 110).
Las muertes violentas en la calle Monzón de tres personas jamás fueron aclaradas por la policía, ni nadie se sentó en el banquillo perseguido por tan lamentables hechos. La variante hispalense del ‘Caso Reace’ entra, por derecho propio, en galería de #Infraganti para asesinatos impunes. Ya estaba el ‘Caso Torreblanca’ o el infinito de Los Galindos.
Muertes en cárcel y despachos
Las extrañas muertes no terminarían con la familia de José María Romero González. En prisión de Vigo, el 5 de abril de 1974, Isidro Suárez Díaz-Moris, ex Consejero Delegado de REACE aparece muerto como consecuencia de una intoxicación con monóxido de carbono procedente del calentador de las duchas. Fue detenido meses antes cuando huía en tren a Francia y se desprendía de una maleta repleta de billetes al ser esposado.
Según crónicas periodísticas, y el resultado de la autopsia, en las vísceras del cadáver del antiguo responsable de la arrendataria aceitera se habrían encontrado restos del gas tóxico. Perdería el conocimiento tras respirar monóxido de carbono. A posteriori habría golpeado la cabeza contra un saliente de la ducha. Pero nada de eso vieron otros presos, y no había jabón, ni resbalón, ni cariños carcelarios previos: ¡Si esas duchas hablaran!
Apenas dos semanas más tarde, el 20 de abril de 1974, fallecía asesinado en su despacho de Vigo el conocido empresario Antonio Alfageme del Busto. Aquí, el homicidio lo ligaron a faldas con su agresor, Francisco Rodríguez Rodríguez. El difunto tonteaba con la esposa del último. Alfageme fue un conservero, habitual cliente de ‘Reace’.
Cuando las trágicas muertes cercanas al ‘Caso Reace’ parecían finiquitarse aparece sin vida, también en su despacho de la calle Buenos Aires de Vigo, el 7 de diciembre de 1977, el cadáver del administrador concursal de REACE, Luis Mañas Descalzo, de 53 años de edad.
Con su desaparición parecían taponarse los últimos resortes informativos y documentales de este triste asunto criminal que esclareciera las oscuridades del caso. Se da la circunstancia que el administrador fue antiguo empleado de REACE. La muerte de Mañas fue ligada a un suicidio. Casualmente, acaeció ocho meses después de la muerte natural del hermano del dictador, Nicolás Franco Bahamonde que acaeció el día 15 de abril en 1977.
La sentencia del caso
El juicio del ‘caso REACE’ se inició a finales del mes de octubre de 1974. La decisión de los Magistrados de la Audiencia de Pontevedra se conoció rápido, el 31 de dicho mes. El Tribunal estuvo presidido por Mariano Rajoy Sobredo, padre del ex Presidente del Gobierno de España. Integraban la Sala Manuel Landeiro y Celestino Prego.
El sumario estaba compuesto de cinco mil folios, cifra de las más altas en la historia de la justicia española. Entre los abogados defensores se encontraban José María Gil Robles, ex Ministro y Diputado durante la Segunda República y José María Stampa Braun, prestigioso penalista. Rodrigo Alonso Fariña, presidente de la empresa fue condenado a doce años de cárcel. Ingresó en la de Vigo el mismo día de la resolución judicial.
A cuatro años de prisión condenaron a Alfredo Román Pérez, secretario de actas. Y a Miguel Ángel García Canals, funcionario de la CAT, a una multa de cien millones de pesetas. Además, la Audiencia estableció responsabilidad civil, pagadera por Rodrigo Alonso, de 167.615.172 pesetas. Las extrañas muertes ligadas al caso quedaron impunes, pues se decretó sobre las mismas archivos y sobreseimientos respetivos. El misterio del ‘Caso Reace’ llegó hasta el sur hispalense lleno de sangre.