El pasado 10 de agosto Ernesto Neyra fue detenido en un hotel de Matalascañas (Huelva) ante la sorpresa de su nueva pareja, una espectacular dama llamada Rocío. El Juzgado Penal nº 3 de Málaga decretó -el pasado febrero- su arresto por ‘...delito continuado de impago de pensiones...’ que lo condenó antes a tres meses de prisión y multa.
Es llamativo que la orden judicial, generada en 2018, tardara meses en sustanciarse. Neyra sería localizable. Residiría a escasos metros del cuartel de la Guardia Civil de Gines (Sevilla). A su última esposa, Lely Céspedes, Neyra le adeudaba más de 50.000 euros en pensiones alimenticias por tres hijos menores. Sucesivos acuerdos -generosos de parte de Céspedes- redujeron la suma considerablemente.
Pero Neyra incumplió las obligaciones de pago para sustentar a sus hijos. La libertad del preso fue casi inmediata. ¡Habemus Justitia!. La cárcel por condenas bajas, en España, es fácilmente eludible por trabajos a la comunidad, indemnizaciones, libertad vigilada o carecer de antecedentes ¡Encarcelar a un padre por no pagar pensiones a sus hijos fue una –fugaz- noticia!.
Quizá el hartazgo del Magistrado malagueño ordenó a Neyra ‘ingresar en la cárcel al no haber satisfecho ni la cantidad adeudada en concepto de pensión alimenticia ni la multa derivada por la responsabilidad civil de sus actos’. En juzgados le ofrecieron incluso fraccionar la deuda en nueve mensualidades. Pero Neyra declinó atender las facilidades de la Justicia.
El ‘caso Neyra & Céspedes’ incluye un circo mediático. Ambos frecuentan la denominada ‘prensa del corazón’. Neyra fue bailaor de Rocío Jurado en los ochenta. Se casó -en 1997- con la inolvidable Carmina Ordóñez (1955-2004), madre –también y entre otros- de los dos primeros hijos del diestro Paquirri Iº.
Curtido en la palabrería, dineros fáciles y postureo de platós, Neyra se divorció de la Ordóñez en 1999. Ella le acusó -años después- de maltrato machista previa exclusiva y mesándose el pelo en TV. Ni aportó partes médicos, ni lo demandó legalmente. Sólo logró el archivo de su denuncia por extemporánea. Flaco favor hizo así ésta Ordóñez –q.e.p.d- a las mujeres verdaderamente maltratadas por machistas sin escrúpulos.
Laly Céspedes imitaría, en 2020, a la Ordóñez. Aunque más legitimada, empoderada y autorizada. Aireó, en otro plató de TV cómo no, intimidades personales, familiares y de menores previo pago y sobre su ex marido entre rejas. Justifica que carece ahora de trabajo [fue azafata televisiva y regentó una agencia de modelos], excepto el de atender a su familia numerosa.
Repite, Céspedes, haber sufrido maltrato psicológico de Neyra, pero oculta que lo absolvieron tras sus denuncias. E insiste en ello tras cesar, hace muchos años, la convivencia. Todo ante la lucecita roja de la cámara televisiva. En ese patio del desamor se añade una hermana-portavoz de Neyra. Dibuja al ex bailarín como padre-perfecto y pagador de pensiones.
Este tinglado, perdonen estimados/as lectores/as, causa vergüenza ajena al firmante. Admitan, por favor, licencia por no ser neutral ante el verdadero maltrato machista, sobre víctimas que denuncian donde no deben, malos padres de hijos huérfanos en vida o esos shares televisivos que invitan a las infamias y al peor cotilleo sobre temas graves e importantes.
El cruel maltrato económico
El triste asunto ‘Neyra & Céspedes’ saca a la palestra un problema social que nadie reivindica, ni encontramos herramientas para paliarlo. Según dijo a este Correo la fedataria del Registro Civil de Sevilla durante 2019 se registraron 1518 divorcios. En los seis juzgados de Familia capitalinos y provinciales se tramitan cada año divorcios, de parejas casadas y no, sobre varios miles de expedientes.
El desafecto, el cese convivencial, o ilícitos fragmentan parejas y desamparan a miles de menores sevillanos, andaluces y españoles. En tiempos de pandemia las cifras se han multiplicado.
La acción penal por impago de pensiones alimenticias podrá generar pena de prisión de 3 meses a 1 año, o bien al pago de una multa de 6 a 24 meses, cuya cuantía establece el juzgador en función de varios factores. Es requisito para la denuncia el impago de pensión establecida judicialmente durante dos meses consecutivos, o cuatro meses no consecutivos.
La realidad suele anular la vía penal al realizarse pagos parciales, invocar insolvencia o aplazamientos burocráticos por la lentitud y el colapso judicial. Es noticia, y Neyra sería un caso atípico por su persistencia en el impago, que se decrete cárcel para morosos con sus hijos. Otro tema es la cuestión moral o el relativo papel paternal que desempeñan estos progenitores, cuya conducta en este campo es claramente mejorable.
El maltrato económico es el más sutil y dañino tras la ruptura de pareja. Casi un 85% de mujeres se estima que acaban custodiando a los hijos menores habidos de la unión. Aunque se ponderan las custodias compartidas, pactos y hasta divorcios en notarías (sin menores o incapacitados y tras tres meses de matrimonio), los litigios sobre régimen de visitas, repartos patrimoniales, adjudicación de pensiones alimenticias (para hijo/a/os/as) y compensatorias (para cónyuge más desfavorecido tras ruptura) son lentos, caros y traumáticos. Los sufren muchas más mujeres que hombres. Ellas son mayoritariamente las custodias de menores y más vulnerables tras la ruptura convivencial.
La primera razón del maltrato viene cuando la mujer intenta recuperar su trabajo o lo abandonó al centrarse en la maternidad. Esa vulnerabilidad que convierte a padres en ‘insolventes’ convierte en autónomos a ex empleados con sueldos altos, modificarlos a la baja o viabilizar horarios que permitan custodia total o compartida para no pagar y hasta cobrar de la madre. La respuesta que encuentran muchas mujeres en juzgados o en persona es así: ‘Esto es lo que hay’. A la adversidad de romperse la relación antes afectiva, se suma un bajonazo repentino que a veces acaba traumatizando a la mujer.
Otra razón es que la Justicia, sin pretender un desamparo, decreta pensiones alimenticias claramente insuficientes. La costumbre es sentenciar entre los 100 y los 300 euros/mes por cada menor. Díganme, por favor, que madre saca adelante a su prole con esa minucia. Las actualizaciones de pensiones alimenticias se rigen por el IPC. En los últimos años sube poquísimo mientras el mercado y los precios de necesidades básicas se alzaron más.
Los casos más extremos de maltrato identifican a individuos que se profesionalizan en el impago de pensiones, resultan ilocalizables, declaran penurias falsas ante el juzgador o les ampara algún negocio familiar o rentas/patrimonio oculto que falsea la realidad que disfruta el moroso.
En estos casos lo recomendable es contratar a un Detective El Juzgado de Familia 7 de Sevilla condenó a un expiloto que ocultó rentas y patrimonio millonario. Intentaba reducir a la mitad la pensión por un hijo que iniciaba su camino universitario. La Jueza y Secretaria le hicieron pagar en costas hasta la minuta del detective que desveló el capital oculto. Es decir, los gastos que generan quienes mienten a la Justicia para no pagar por sus hijos se reembolsan íntegramente, acorde al Art. 241-1º LECiv.
El maltrato del que escribimos raramente lo reivindican colectivos feministas, jurídicos, sindicales o sociales. Parece mudo e inserto en nuestro sistema legal. La rabia e impotencia de muchas mujeres ante tan evidente orfandad y desamparo de nuestro sistema judicial se suma al fracaso de la pareja, el vacío tras la ruptura y desdibujarse entre los/las menores ese rol sustantivo del padre que no debemos obviar.
Se desconoce si estos miles de litigios que ralentizan una Justicia carente de medios, reflejos, leyes obsoletas, burocracia decimonónica y personal suficiente son un negocio para alguien. Pero haberlo haylo, como las meigas. Es raro el bufete que no lleva divorcios. Estos abarcan distintas ramas del derecho (Penal, mercantil, civil, contencioso, canónico, laboral...). Además, procuradores, peritos, economistas, intérpretes, psicólogos, médicos... participan -como expertos- en estos procedimientos.
