Actualizado: 18 jun 2022 / 09:27
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La percepción que solemos tener de los garantes de la ley pivota sobre crédito otorgado, fe relativa en la equidad y el desasosiego. A la máxima de ‘pleitos tengas y los ganes’ se añade el factor tiempo. Cualquier conflicto del ciudadano con la administración, denuncia/querella penal, demanda mercantil, civil y social o concursos por ruinas exigen abogado, procurador y paciencia franciscana.
La alta conflictividad se centra en lo familiar, vecinal o laboral. También, en divorcios o herencias más la desigualdad social y pobreza, malos hábitos (drogas/fármacos, RRSS, internet, compras...) y perfiles criminógenos más amplios. Ese totum revolutum hace que hoy por hoy cualquiera pueda cometer un delito.
Y el dato sobresale por mucho que las estadísticas criminales oficiales señalen éxitos de la eficacia policial-judicial. La paradoja del logro comparte porcentaje del 56% de impunidad. Lo admite hasta el Ministerio del Interior
La sociedad que alojó la autocracia franquista (1939-1975) hizo que el delito estuviera más o menos controlado. Aquel ‘alias’ que policialmente etiquetó al criminal le reportaba a un segmento social marginal.
Pero Franco murió hace tiempo. La droga y su cosmos (narcos, camellos, blanqueos, chivatos, guarderías....), el dinero fácil de la corrupción y los vanguardistas ciber-delincuentes añaden personajes-tipo al delincuente siglo XXI. Tal realidad hace del Código Penal reinvención diaria. Baste un dato. Se calcula que de los casi 51.000 internos en cárceles españolas sobre un 90% lo son por sumarios o condenas de la corrupción y el narco.
Los delitos comunes y la violencia de género (VdG) completarían, a grandes trazos, la población reclusa. Otro dato: el síndrome de abstinencia suicida más de lo común en las dos grandes penitenciarías hispalenses (Sevilla 2 y Morón)
Policías de Sevilla, aprobado medio
Entre distintos cuerpos que actúan en la provincia para prevenir e investigar delitos las Policías Locales (PL) actúan menos en temas penales pues comparten competencias con misiones administrativas y tareas de tráfico vial. En Sevilla, no obstante, hay excepciones plausibles de Grupos especializados que acotan e investigan trasgresiones: Diana (focalizado en VdG) y Giralda (sobre turistas).
Pero llevamos años, en la metrópolis hispalense, viendo cómo a la plantilla envejecida de PL les faltan sobre 500 agentes, patrulleros, medios... O no les pagan extras horarios, se recurren o amañan oposiciones para acceder al cuerpo
También, vemos cómo se imputan a sus mandos o a algunas élites de PL por cobrar dietas o pluses ‘atípicos’. Investigar asuntos internos (Gepol) fue alérgico a ciertos intereses. Los directivos de PL en Sevilla, desde hace décadas, son ex mandos de Policía Nacional/PN, Guardia Civil/GC o militares. Aguantan, a veces, hasta el paroxismo por el sueldazo, tiran la toalla del cargo o se pasan jornadas replicando denuncias sindicales.
Los últimos años de la Benemérita y Policía Nacional comparten eficacia por la curtida profesionalidad de sus agentes y mandos. La vis militar de GC hace que sus incendios se sofoquen dentro o se propagan, limitadamente, fuera del Cuerpo. Acordémonos del arresto colectivo -durante 2016- en Isla Mayor. Allí ‘asuntos internos’ probó nexos narcos-GC, ya trufados de condena.
En 2020 se reiteran tales vínculos con la detención de un Teniente (Ex Jefe de USECIC) y subordinados. En GC no cejan de cercar a los ‘garbanzos negros’, estén donde estén. Se hace buena la cara ‘B’ de Benemérita con una máxima que viene al pelo: quien anda con harina acaba blanco.
De su parte, la denominada mafia policial (PN) que limpió -con métodos cuestionables- la Sevilla pre-Expo’92 del menudeo de la droga salió absuelta. Una reveladora película (Grupo 7, Director: Alberto Rodríguez, 2012) y muchos reportajes destaparon una omertá que el tiempo no diluiría. El mínimamente condenado ‘cambiazo’ de alijo de coca de 100 Kgs en los bajos de la Jefatura de PN sevillana en 2008, más no encontrar a Marta del Castillo desde 2009 tras vanas búsquedas -de coste millonario al erario-, decepcionan bastante. Nos preguntamos algo: ¿Los niñatos, y sus compis, que desfilaron mintiendo en comisarías y juzgados tapan a alguien, o a algo peor sobre Marta?. Chocaban ruedas de prensa con uniformes condecorados explicando lo que sea sobre una desdichada jóven, a la que nadie sabe aún dónde llevar flores.
La valentía y profesionalidad policial de antaño trabajando, contra la poderosa Sevilla ultra, en el Caso Torreblanca [sumario impune sobre violación y asesinato de un niño en 1984] chirrió con el carpetazo judicial del asunto.
Algo parecido ocurrió en el también impune caso -desde 1975- de Los Galindos. En sendos escándalos, Galindos y Torreblanca, el trabajo de la Policía Científica y GC fue revelador, pero ninguneado en los cajones del archivo penal.
Los agentes de la ley destinados en Sevilla compartirían problemas y carencias. Hablamos de una capital con casi 700.000 habitantes, corona metropolitana y provincia que superan el millón y medio de almas. Según distintas fuentes, la insuficiencia de sus plantillas es uno. Otro, la carencia de medios y recursos. Lo comparten, sin excepción, PL-GC-PN.
La desmotivación, burocracia interna, bajas y prejubilaciones esquilman además las plantillas policiales. Y explican algunos fichajes de ex servidores públicos por el negocio privado. Se descabezan, inclusive, grupos de expertos que combaten al narco, la ciber-delincuencia, la corrupción y el fraude fiscal.
Este dato añade otro factor a considerar. En PN, por ejemplo, la irredenta interinidad de sus mandos explica que ningún Comisario opte por Sevilla. Algunos fichan lejos de Sevilla, o se van al Senegal. Así lo relatamos en #Infraganti https://elcorreoweb.es/in-fraganti sobre un mando con plaza en Dos Hermanas.
La lenta Justicia
Ernesto Mallo escribió algo fácilmente comprensible en Sevilla: ‘Leyes hay, lo que falta es Justicia’. Los distintos órganos hispalenses hacen lo que pueden en tiempos difíciles. El desborde causa aplazamientos a años vista. O que el Supremo revoque orden [que no sugerencia] del irrenovable CGPJ para que un magistrado hispalense, Francisco Gutiérrez, dicte 6 sentencias al mes. El jurista, tras abandonar la judicatura y destapar vergüenzas del CGPJ destacó que ‘Sevilla tiene los juzgados más saturados de España’.
Según la Memoria del 2021 del TSJA en Sevilla se precisan 18 nuevos jueces, no más órganos jurisdiccionales. La prevista ‘Ciudad de la Justicia’ se comparte en bastantes capitales españolas. Pero en la de La Giralda lleva la velocidad de las tortugas. Como las que sostienen a la Diosa Híspalis en Puerta Jerez. Mientras tanto, ciertas inmobiliarias perciben rentas, años y años, por sedes judiciales que se pagan con nuestros impuestos.
El Covid-19 remató, desde marzo del 2020, el preexistente atasco judicial. Más lentitud y medidas anti-pandemia [ideal para funcionarios holgazanes], aplazan juicios, sentencias años y años en la jurisdicción civil, social, mercantil y contenciosa. La instrucción penal se salvaría de tales dilaciones en parte por los plazos procesales. La abogacía de parte, obviamente, replica lo que es adverso a sus patrocinados. El cuello de botella de la apelación –Audiencia- pinta regular, digamos que tirando a mal.
El preocupante panorama hace que la mediación, el arbitraje y el pacto extrajudicial gane enteros, salve empresas, indemnice, cobre deudas con quitas relevantes y sobrevivan los empleos. De otro lado, corrupción, incontables sumarios complejos y el narco multiplican los clientes y los fajos en negocios privados remunerados espléndidamente en nombre del Derecho menos talentoso y de palabrería que apenas justifica defensas con rigor
El Registro Civil hispalense quizá sea el único órgano judicial más ágil. Son gratis e inmediatos los certificados de bodas, defunciones y nacimientos. Muy distinto es casarse allí. El incontable número de peticiones de boda llena las notarías de parejas y de divorcios pactados sin menores. Son más rápidos ante cualquier fedatario/a que en los distintos Juzgados de Familia.
Lo que ocurre en la Audiencia sería infrecuente, si lo comparamos con otras españolas. Magistrados de Sala piden destino a juzgados de menor rango por culpa de las macro-causas, o se prejubilan con 60 años. A Carlos Lledó, Presidente de la Sección 4ª-Penal se asociaría su cese anticipado por la ‘degradación generalizada del sistema judicial’. Pero Lorenzo del Río, Presidente del TSJA, replica que estamos ante la ‘situación menos mala posible’. Algunos prejubilados con toga judicial aterrizan o crean bufetes. Desde esos despachos defienden y relativizan el delito que antes castigaban. Paradójico.
Ese cambio de acera no se sabe si es compatible [la mayoría de españoles se jubilan a los 67 años, progresivamente, desde los 65] o la ética los bendice. Doctores tiene la Ley para dictaminar.
Ciertas excedencias de fiscales, magistrados, LAJ (ex secretarios judiciales), inspectores fiscales y laborales también cambiaron de acera. Y encontramos eufemismos (segunda actividad, reserva transitoria, disponible forzoso...) que prejubilan a ex militares, GC y PN lustros o décadas antes que el común de españoles. La mayoría, sin dejar de percibir nómina, conservar placas y pistolas, monta negocios concurrentes con sus antiguos destinos oficiales. El agravio a otros servidores públicos es llamativo. Nos preguntamos, de paso, si no habría competencia desleal con los profesionales privados que no tienen la nómina en cuenta a primeros de mes.
Decía Séneca que ‘Nada se parece tanto a la injusticia como una justicia tardía’. Pues bien, el atasco por asuntos de corrupción generados durante la etapa del gobierno socialista andaluz (1979-2018) en la Audiencia aplazará la vista de una macro-causa al 2024. La misma despilfarró 40 millones de euros por UGT-Andalucía. El sumario registró ya dilaciones, desde hace quince años, más nula colaboración del histórico sindicato. Invocaron desde siempre ser puntal constitucional para vacunar su ruina reputacional.
Otras causas de corrupción, con distintas piezas judiciales (EREs, Isofotón IDEA, Invercaria, Cursos Formación), colmatan juzgados de instrucción y salas de Audiencia de aplazamientos y recursos sobre cualquier Auto comprometedor. Pero –hipócritamente- se exige celeridad a la Justicia. Por tal desvarío fallecen ciertos encartados, desaparecen testigos, se aplaza todo sine die o se diluye lo importante. Vaya, lo que interesa al ciudadano: Destapar la malversación desde cargos a los amigos del partido del poder.
Una Comisión del Parlamento Andalucía el pasado abril, y por mayoría, concluyó que existía una ‘corrupción institucionalizada y vomitiva’ tras analizar detalles, testimonios y documentos a la FAFFE. Hablamos de una Fundación pro empleo que sólo dio trabajo -sin ir al despacho y cobrando pluses- a sus directivos y casi 1.600 enchufados afines al PSOE andaluz de Chaves-Griñán-Díaz. FAFFE pagó copas y putas tras ‘perderse’ cientos de millones de euros.
La pregunta final es si la Sevilla judicial y policial mejoraría sus ratios de eficacia y credibilidad con más medios y funcionarios. La respuesta la tienen, incuestionablemente, nuestros políticos. ¿También se contemplaría castigar incompatibilidades funcionariales, acotar el negocio del Derecho, despolitizar a la Justicia y policías o dotar de más servidores públicos y recursos?. No sobraría fomentar la profesionalización conjunta para hacer pareja colaborativa a lo público y privado sin vulnerar normas. La ciudadanía, nunca lo olvidemos, tiene a nuestros policías, guardias civiles y profesionales de la Justicia en alta estima. No lo estropeemos más.
