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Actualizado: 12 nov 2021 / 21:54 h.
  • Mutuas: ¿minimizan bajas, accidentes y enfermedades laborales?

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales [EP] de la Seguridad Social (MATEPSS) están tuteladas por el Ministerio de Trabajo. Gestionan a empresas y autónomos –imperativamente- los siniestros laborales y de EP, previenen riesgos y mejoran condiciones de trabajo saludables. Además, controlan y pagan la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes y cese de actividad de los Autónomos.

Estos organismos, colaboradores de la Seguridad Social [SS], se definen como empresarios privados sin ánimo de lucro, siendo su ámbito operativo el territorio español. Sus presupuestos se nutren de pagos delegados de la SS. Los últimos años, tras informes del Tribunal de Cuentas, ciertos sumarios judiciales y corruptelas clamorosas, las Mutuas patrias se concentraron y trasparentarían más su proceder.

Pero lo que ofician –como veremos- sobre Autónomos, accidentados e incapacitados laboralmente superaría la lógica. Los mutualistas deben, incomprensiblemente, pleitear por sus derechos. Revocar ‘altas’ que constatan milagros de la recuperación, EP, y ningunear pensiones por incapacidad o accidentes laborales -por ejemplo -‘in itinere’ (producidos al ir o volver al lugar de trabajo) sería el cotidiano

Lo más paradójico es que, ante una realidad que chirría, se observa silencio total de los principales sindicatos y autoridades de la SS, representados en los consejos ejecutivos de las Mutuas. Y todo esto sucede siendo España el segundo país europeo, tras Rumanía. El 12,9% de nuestros compatriotas no gana lo suficiente para sobrevivir, una pobreza que ratifican números de EUROSTAT. Sevilla además lidera el paro juvenil español y registra intolerables cuotas de precariedad laboral. Lo último influiría en la causalidad de bajas laborales.

Vicenç Navarro (Catedrático de Economía Aplicada-UPF y Políticas Públicas-UB) afirmó hace años algo vigente: ‘....las mutuas no pagan las compensaciones debidas a los familiares de los fallecidos, consiguiendo un ahorro y unos beneficios claramente exuberantes. Aun cuando se definen como entidades sin afán de lucro, los ingresos entre los dirigentes y gestores de estas mutuas, así como los pagos por dietas complementarias, están entre los más altos en el mutualismo español...’. Navarro añade ‘....las enfermedades laborales apenas se registran...[unas 30.000/año de media], la inmensa mayoría de ella son leves y sin baja. Las cifras reales, sin embargo, son mucho más grandes: cerca de dos millones de españoles padecen enfermedades laborales...’

Demasiado absentismo laboral

Escaquearse del trabajo para una minoría representa algo más que una tendencia. Sevilla es poco absentista y Andalucía está a la cola del problema, aunque el estereotipo injurioso siempre apunta al sur español.

El fraude de las bajas cuando eran Ministros de Trabajo Javier Arenas y el dimisionario mudo Pimentel (PP) se instruyó que lo investigaran las Mutuas. El fiasco terminó contra los sufridos Autónomos. Sus ínfimas plantillas no son clientes de Mutuas ‘sin afán de lucro’. Es decir, estos empresarios no le ingresan mucho dinero a unas Mutuas que no se lucran sobre el papel. Pregunta: ¿¡Son ONGs!?.

El resultado de tales políticas llenó los juzgados laborales de demandas, sentencias adversas a mutuas y las nutrió de médicos fidelizados para la causa, fisios con antenas y enfermería delatora. En la calle multiplicó a detectives licenciados. Estos, sin embargo, los desecharon por caros y porque cobraban IVA.

Un caso, revelado en 2007 en Sevilla, destapó que MAZ usaba a un ex guardia civil -expulsado por narco- para vigilar a un infartado de baja que vivió en la UVI una temporada por si ‘trabajaba’. Su delito fue coger a su bebé en brazos saliendo de su casa en un adosado del Aljarafe.

Refieren a #Infraganti que en juzgados los médicos de las Mutuas declaran sobre pacientes que jamás vieron. Suelen ser directivos clínicos. A algunos/as les expulsan de estrados por el/la juzgadora con reflejos. En ciertas Mutuas no se fìarían de sus propios galenos. Además, son médicos sin especialidad que oirían el primer día de cursillo precontrato algo revelador: ‘...Ustedes no están aquí para curar a nadie, son despachadores de altas...’. Los que pasan el filtro judicial despliegan palabrería farragosa sobre Traumatología, Oftalmología, Cirugía, etc... La mayoría impulsa ‘altas’ voluntarias por estos vigilantes de la salud laboral que en realidad ahorran dinero a sus jefes y a la SS.

Más pleitos

Algo que muchos trabajadores no entienden es por qué tienen que contratar abogado, procurador, perito y hasta detective para defenderse de las negativas de las Mutuas a seguir de baja, pensión por incapacidad, acreditar accidente o enfermedad laboral. Las mutuas más grandes (FREMAP, ASEPEYO....) tienen hospitales propios, expertos médicos y voluntariosos recuperadores de la salud laboral, pero la política del ahorro hace estragos.

Otras Mutuas suelen contratar especialistas ajenos para ahorrar costes por bajas y accidentes laborales o EP. Muchos de ellos entrarían en el terreno de la incompatibilidad. O trabajan para la sanidad pública, hospitales consorciados o concertados. Algunos creen en los milagros recuperadores en dictámenes ‘a la carta’. La paradoja da de alta por la tarde lo que debe guardar cama hospitalaria por la mañana. O en determinadas secuelas incapacita más o menos. Dependen si el informe clínico lo paga la nómina oficial o la Mutua a modo de ‘bolo’ espléndidamente pagado.

Bajas, el fraude omnipresente

El gran demonio de las Mutuas lo representan las bajas, es decir, los procesos de incapacidad laboral. Según últimos estudios existe un 7,1% de bajas sobre la población trabajadora. Según Adecco 1.700 millones de horas se pierden. El coste es 36.900 millones de euros. Un 3,3% del PIB. Esas cifras prometen crecer en 2022 por los EREs, cierres, despidos, ruinas y cuadros de ansiedad y depresión que causa el Covid.

Además de los legítimos controles internos que tienen las Mutuas para minimizar un problema que lastra la economía española, vemos en últimos BOE y portal de contratación estatal licitaciones de concursos contratar detectives licenciados que investiguen el fraude por bajas y accidentes.

Llamativamente, los precios que adjudican son ínfimos (sobre 150 euros/día incluyendo informe previo, vigilancia, dietas y desplazamiento más ratificación judicial, en su caso). Más llamativo es que los precios finales se tarifan en ‘positivo’ o ‘negativo’ por el resultado de la observación.

Este dato público invita a las defensas de afectados/as para asumir que al detective le pagan más por determinados hechos. Nos preguntamos: ¿Priman igual a su plantilla sanitaria las Mutuas?. Los que desechan conductas incompatibles con la recuperación de la salud laboral ‘no interesan’, no se investigan o no se relatan. Peor es saber que estos contratos públicos se subcontratan con detectives autónomos muy mal pagados. Este dato deterioraría la calidad investigadora. Lo más sensato, según detectives consultados al efecto, sería desertar de estas licitaciones por parte de los detectives más ecuánimes.

Si nos referimos a los autónomos su trato por parte de las Mutuas sería mejorable, si usamos un eufemismo. Quien no puede trabajar cuando lo hace hasta los domingos es tratado con la sospecha del fraude y hasta se le pregunta por qué se da de baja en consultas de mutuas. Si pretende alargarla porque el médico de familia así lo prescribe, en la mutua se contrarían. El choque de competencias para las bajas enfrenta a la sanidad pública y unas Mutuas cuya política de ahorro de prestaciones sería un desvarío, como pronosticó y demuestra el Catedrático Navarro.

Muchos médicos de familia consultados por este periódico decano hispalense no niegan que las Mutuas relativizan las bajas que diagnostican. Las basan en actos clínicos y hechos contrastados, más los oportunos controles preexistentes. Las sinergias de mutuas-inspección-UVMI (Unidad de valoración médica e incapacidades) miran descaradamente de reojo al médico de cabecera, precisamente el que mejor conoce al paciente.

El fin de las Mutuas choca con una realidad que precisa reformularse. Se evitará duplicidad y sobrecoste controlando las bajas. ‘Quien corresponda’ debería tomar nota del conflicto que sufren miles de sevillanos con derechos minimizados por los que pagan un dineral (autónomos) o les descuentan de la nómina (asalariados). El vigente estatus quo de las Mutuas necesita una urgente actualización para equilibrar derechos de quienes pagan a los que controlan la salud laboral. Y así evitar más desvaríos, más derechos conculcados.

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