El desastre económico a causa de la pandemia va a ser, sencillamente, descomunal. Según el FMI, el PIB español caerá el 12,8 por ciento. Todo lo ganado en los últimos 6 años se evapora de pronto.
El déficit del Estado llegará al 13,9 por ciento del PIB lo que significa un mayor desastre. Y, en 2021, el crecimiento será del 6,3 por ciento del PIB lo que representa que el escenario es el peor de los posibles. Si sumamos a todo esto que el paro alcanzará en momentos puntuales una tasa del 30 por ciento podemos afirmar que la crisis como esta nunca antes se conoció y que la recuperación será, muy posiblemente, lenta y penosa.
Es evidente que esto no se puede arreglar con una subida de impuestos y un reparto de cantidades para paliar desequilibrios sociales. Los ciudadanos tardarían más en mostrar su preocupación y su descontento, pero sería cuestión de tiempo que la falta de generación de empleo y riqueza hiciera saltar por los aires la paz social.
Los impuestos, eso sí, tendrán que ser mucho más eficaces y la economía mucho más competitiva.
El Gobernador del banco de España, Pablo Hernández de Cos, invita a tomar medidas urgentes y a que se lleven a cabo cambios estructurales de forma inmediata. Ha dicho que «la estrategia deberá estar basada en consensos amplios para que pueda tener vocación de permanencia y resultar creíble»; es decir, que todo lo que se haga esté consensuado con los agentes sociales correspondientes. Por su parte, Bruselas nos exigirá que las reformas estructurales sean las necesarias y se realicen muy pronto. No hay que olvidar que de Europa llegarán cantidades importantísimas con las que se nos obligará a realizar y llevar a cabo un plan de reconstrucción serio, estable y acorde a las necesidades y posibilidades; un plan que afectará al sistema público de pensiones, al mercado laboral condenado a flexibilizarse al mismo tiempo que genera empleos de calidad y no precarios como lo son actualmente.
Estamos ante un reto sin parangón.