Ha decaído el estado de alarma en España y ha estallado la irresponsabilidad por todos los rincones del país. Desde luego, esto obedece a la actitud lamentable de muchas personas que parecen ser ajenos a una situación de extrema gravedad. No hay que olvidar que la pandemia sigue siendo la misma y que, echando un vistazo a los datos actuales, la situación es bastante parecida a la del comienzo por lo que no se justifican acciones tan peligrosas y gratuitas. Solo las vacunas están paliando una situación que no cede de ninguna manera diferente a esta. Seguimos sin una cura eficaz, sin tratamientos que acaben con tanto dolor.
Sea como sea, la explosión de actitudes incívicas e inaceptables por parte de un enorme número de personas es producto de la dejadez de funciones por parte del presidente del Gobierno de España. Ha dejado sin legislar la llegada de una situación tan crítica como la actual y carga el peso de lo que suceda sobre la espalda de la Justicia española. Un error de bulto que puede provocar una nueva ola, nuevas presiones hospitalarias, muertes o disturbios inesperados.
Solo el 20 por ciento de la población española está vacunada, con pauta completa o primera dosis; y la incidencia acumulada sigue siendo muy alta. Los hospitales siguen teniendo problemas de capacidad y el personal sanitario está exhausto. Las muertes son numerosas y los nuevos contagios afectan de forma brutal a personas jóvenes. El despropósito es de un tamaño más que considerable.
El desconcierto de la ciudadanía es total. Ni se sabe qué hacer, ni se sabe qué no hacer; nadie tiene claro qué situación está viviendo. La decisión del Gobierno puede ser catastrófica e injustificable puesto que la función del presidente del Gobierno de España y de sus ministros es legislar; y eso es lo que falta en una situación que, sencillamente, no lo permite.