Es evidente que en España pesa más lo que es autonómico que lo que es estatal. Y eso no es bueno para un país en el que los Gobiernos democráticos (todos sin excepción) han preferido ocupar el poder a solucionar los problemas.
Cuando se redactó la Constitución española del año 1978, el Título VIII que trata ‘De la Organización Territorial del Estado’ no se remató bien. Las carencias de redacción del texto final nos han arrastrado hasta una situación en la que existen 17 formas de hacer las cosas en materias tan sensibles como la sanidad o la educación. Ahora, en plena pandemia hemos comprobado lo fatal que puede resultar no disponer de políticas globales sin recurrir a figuras como el estado de alarma o cualquier otra.
Es imposible que los españoles sean iguales si el máximo factor regulador, la educación, con el se consigue salvar diferencias, no hace su función sino la contraria. Es imposible construir una sociedad igualitaria y justa sin una sanidad que trate del mismo modo a unos y otros. No se puede progresar como nación existiendo diferencias tan importantes entre ciudadanos.
Es bueno que las Comunidades Autónomas tengan su propio margen de maniobra, la posibilidad de desarrollar políticas de todo tipo, pero eso no se puede convertir en una España como resultado de la suma de tantos Reinos de Taifas como CCAA hay. Eso no puede ocurrir como tampoco es posible mantener el poder excesivo de algunas Comunidades Autónomas por su condición de ‘bisagras’ para los Gobiernos de turno.