Que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los políticos y no por sus pares (en buena parte) no deja de ser un asunto incomprensible para la ciudadanía y un motivo de preocupación en Bruselas.
Desde Europa, se exigen cambios estructurales en la economía española. Llegar al 120 por ciento de deuda pública respecto al PIB convierte a nuestro país en una especie de amenaza inminente que se debe atajar. Eso es lo que más suena y parece lo más urgente. Pero, en realidad, en Europa están preocupados por otros temas de vital importancia. Uno de ellos es la independencia de la Justicia y la clara separación de poderes que una democracia está obligada a tener y salvaguardar. Desde Bruselas se insta a Gobierno y oposición a pactar un acuerdo que garantice la independencia de los jueces y sugieren que sean los propios jueces los que elijan, al menos un 50 por ciento, de los miembros del CGPJ. La política no puede copar los intereses de las instituciones y para evitarlo son necesarias las reformas estructurales.
Tras recibir la carta firmada por más de 2.500 jueces, que manifestaban su preocupación por una reforma anunciada por el Gobierno que era claramente perjudicial para su independencia, la presión de Bruselas ha conseguido que Pedro Sánchez retirase una propuesta completamente delirante con la que se quería copar la Justicia española.
Las instituciones deben estar al margen de las presiones políticas. Los partidos deben sentarse a negociar sabiendo que lo importante es resolver el problema sin imponer a una de las partes una idea preconcebida. En un país moderno como quiere ser España este tipo de acciones políticas, que ponen en peligro la independencia de los jueces, sencillamente, no tiene cabida.