La peor caída del PIB desde la Guerra Civil ya es una realidad contrastada. A pesar de un leve aumento de ese índice en el último trimestre de 2020 (0,4 por ciento), al final del año el descenso se eleva hasta el 11 por ciento. Es el peor dato registrado en la zona euro en ese mismo periodo.
La destrucción de 623.000 empleos durante el año pasado es otro dato muy negativo aunque, dadas las circunstancias, se podía esperar un resultado mucho peor en marzo de 2020, cuando apareció el SARS-CoV-2 en la vida de todos los seres humanos.
Estos datos se unen a una tercera ola desastrosa de la Covid-19. La más brutal y letal de todas las que se han producido. Y es algo que hace pensar que la recuperación económica será más lenta de lo deseado y de lo esperado. Mientras no haya seguridad sanitaria en las calles, las cosas seguirán un curso incierto y poco halagüeño. Los primeros seis meses del año se prevén durísimos en todos los sentidos.
Soportar una situación como esta solo era posible con la ayuda del UE y del BCE. Con la prima de riesgo desaparecida y sin preocupar a los mercados, todo es más sencillo. Si no fueran a llegar los fondos de reconstrucción y si se estuvieran mirando con lupa las deudas y el déficit de los distintos países, España y algún otro país tendrían que declararse en quiebra técnica. La llegada de las vacunas es otro factor que alivia la angustia por todo ello. El Gobierno no ha gastado de forma discrecional y espera (casi de forma temeraria) los fondos exteriores, soluciones médicas exteriores y miradas amables exteriores.
No gastar de forma discrecional significa hacerlo sabiendo que existen estabilizadores como puede ser el seguro de desempleo. El Gobierno ha gastado, por ejemplo, cantidades abrumadoras utilizando como escudo unos ERTE’s que fueron una herramienta magnífica y que ahora ya comienzan a ser complicados y cuestionados. El Gobierno ha negado las ayudas directas a las empresas, lo que supone un error de bulto ya que miles de ellas no volverán a abrir nunca jamás. Además, las deudas de las que quedan abiertas tendrán que modificarse de forma que no supongan un ahogo definitivo para los empresarios.
España no parece que pueda acogerse al Plan de Recuperación de la UE. Reformas laborales y el sistema público de pensiones serán necesarias para poder acceder a unos fondos que, hoy, están muy lejos. Sin esas reformas y una fiscalidad distinta y en consonancia con las exigencias europeas, no parece que el futuro económico español esté claro. Y los socios de Pedro Sánchez parece que no lo quieren entender. Un problema esencial que nos puede generar enormes problemas.