Una moratoria fiscal es imprescindible dadas las circunstancias. No se puede estrangular el margen de maniobra de pymes y autónomos si se piensa en no perder puestos de trabajo durante esta crisis.
Está claro que todos los españoles están dispuestos a realizar los esfuerzos que sean necesarios para lograr superar esta crisis sanitaria tan demoledora. Pero, del mismo modo, el sentido común indica que no es posible cargar sobre las empresas, y solo sobre ellas, el costo de medidas durísimas que afectan directamente a la situación de miles de entidades que no podrán sobrevivir.
El tejido productivo español está construido, fundamentalmente, sobre las empresas privadas. Y una medida como la que anunciaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daña gravísimamente los intereses de todas y cada una de esas empresas. El Gobierno de la nación tendrá que plantearse que, si bien las medidas son necesarias y lógicas, el coste de las mismas debe ser soportado por el Estado al menos en una parte considerable.
De nada sirve anunciar cantidades astronómicas de ayudas a las empresas si poco después metes en un callejón sin salida a las entidades que deberían utilizar esas ayudas para salir adelante; de poco sirve anunciar la prohibición de los despidos si con ello obligas a las empresas a cerrar por no poder seguir adelante (a veces, sacrificando algunos puestos de trabajo se logra sobrevivir).
La situación es muy compleja. No cabe duda de que el Gobierno debe velar por los intereses de los trabajadores y evitar abusos en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Pero se han de valorar muy bien las medidas para evitar colapsos y estrechar márgenes imprescindibles para seguir adelante con los negocios.