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Actualizado: 10 nov 2020 / 17:33 h.
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  • Celaá recoloca su mascarilla. / Foto Ballesteros - Efe
    Celaá recoloca su mascarilla. / Foto Ballesteros - Efe

Llega la LOMLOE, la nueva Ley de Educación, la que va a sustituir a la que causó tantos problemas y se conoce como Ley Wert (LOMCE). Llega una nueva ley de educación arrastrando problemas, sin el consenso que algo de esa envergadura debería llevar adosado.

De momento, los colegios concertados se sienten atacados y colocan pancartas en sus fachadas pidiendo que esta ley se paralice. Por otra parte, algunos partidos políticos van a llevar a los tribunales la ley puesto que el castellano desaparece como lengua vehicular en todo el territorio español y queda a criterio de la Comunidad Autónoma correspondiente si el tratamiento en su territorio es uno u otro cuando existe lengua cooficial.

Solo un ministro de Educación, Ángel Gabilondo, estuvo a punto de llegar a un acuerdo con todas las partes que integran la comunidad educativa. Pero no tuvo tiempo para sacar adelante una ley de consenso. Este es un mal endémico que soporta España desde la muerte de Franco. Y representa un auténtico desastre puesto que los resultados son muy malos entre los estudiantes en todos los aspectos. Los niveles académicos son muy bajos, el fracaso es muy alto y la formación profesional sigue siendo una cenicienta sin que nadie ponga remedio.

La ley que llega intentará que la enseñanza pública comparta con la concertada el alto número de estudiantes de origen extranjero o de niveles sociales económicos y sociales bajos. Es necesario que los colegios públicos no se conviertan en lugares exclusivos para estudiantes de estas características, en definitiva, en guetos.

Los terrenos públicos no podrán utilizarse para construir centros privados. Esto es algo lógico. También parece que es lógico no financiar a los colegios concertados que segregan por el sexo de los alumnos. Aunque esta es una educación que el Tribunal Constitucional no considera discriminatoria, parece que es contraria a los principios de equidad y coeducación que marcan los Gobiernos que se hacen llamar progresistas.

Se acaban los itinerarios que marca la ley actual y que parece que solo sirven para que los alumnos peores sean señalados y apartados a otros caminos que les condena. Se plantea una reforma de la carrera docente, cambian los mecanismos de evaluación y la autonomía de los centros será distinta y más amplia en general.

Y todo esto sin que las partes estén de acuerdo. Ni siquiera cercanas. Es imposible que un país en el que la educación de los jóvenes sea moneda de cambio política vaya bien. Esto es algo con lo que llevamos cargando los españoles demasiados años y debería corregirse.

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