Pedro Sánchez tiene que ordenar que se investigue si el fondo público que ha creado el Gobierno de la Generalitat, para contraavalar a los exdirigentes a los que el Tribunal de Cuentas reclama una importante cantidad que supera los 5,4 millones de euros, se ajusta a Derecho. Y, además, tiene que empezar a pensar, si es lógico o no lo es, el peaje que tendrá que pagar el país para que él pueda seguir gobernando, si no es un peaje excesivo para el conjunto de los españoles, es decir, para los que votaron al PSOE, al PP o a cualquier otra formación política. Los independentistas son insaciables y han demostrado que si logran un objetivo se lanzan de inmediato a la consecución de otro mayor.
Del mismo modo que no todos los españoles son socialistas o seguidores de Vox, no todos los catalanes son independentistas y este movimiento del Govern se hace injustificable. Y es que no todos los catalanes son independentistas, pero sí todos pagan sus impuestos y sí todos tienen los mismos derechos. Por tanto, el uso de esa cantidad asignada al fondo público creado para ayudar a las 34 personas que deben aportar el dinero reclamado por el Tribunal de Cuentas, debe estar justificado sin fisuras y, además, debe estar garantizado su buen uso y retorno en el caso de que alguna de esas personas tenga que devolverlo. Todo el montaje financiero que la Generalitat ha tenido que diseñar debe sostenerse sin problema alguno en el ámbito económico, político, legal y moral.
Promocionar el procès en el exterior fue muy caro y se utilizó el dinero de los contribuyentes de forma irregular. Ahora, este movimiento que se anuncia ha de ser legal y el Gobierno debe procurar que sea así. De no serlo tendrá que recurrirlo sin duda alguna aunque le cueste al presidente un alto precio personal. Es muy saludable querer hablar con unos y otros, quedar bien con todos o con los que te interesan, pero lo que no se puede es traspasar esa línea roja que está trazada para separar lo legal de lo que no lo es.