El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves pedir que la Junta se dirija al titular de la Basílica de la Macarena, en Sevilla, para que, en el plazo de un mes como máximo, proceda a la exhumación y retirada de los restos del golpista Queipo de Llano de su actual ubicación, en virtud de una Proposición no de Ley de Adelante Andalucía que en este punto ha sido rechazada por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox.
El PSOE-A sí había respaldado este punto pero una vez que Adelante había aceptado una enmienda que instaba al Gobierno a desarrollar el artículo 32 de la ley para dar garantías jurídicas al asunto de Queipo de Llano.
Con la misma correlación de votos, la Cámara andaluza ha rechazado pedir a la Junta que apruebe antes de que termine el actual periodo de sesiones el desarrollo normativo de la Ley andaluza de Memoria, priorizando los aspectos relativos al régimen sancionador así como a un nuevo protocolo de exhumaciones; y tampoco ha salido adelante pedir que aumente la partida destinada a Memoria en el Presupuesto del 2020.
Otro de los puntos rechazados proponía incrementar, de manera progresiva, la financiación de actividades relacionadas con el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas; así como retirar, en un plazo máximo de tres meses, la simbología franquista que aún permanezca en los edificios de titularidad de la Comunidad autónoma.
Si bien Vox ha rechazado la iniciativa en su totalidad, con el apoyo del resto de fuerzas se ha aprobado pedir a la Junta que garantice el cumplimiento que obliga a la denuncia judicial cuando se localicen fosas comunes; que se inscriba en el Catálogo de Lugares y Senderos de la Memoria, la carretera Málaga-Almería, como Sendero de la Memoria, y La Colonia de Víznar como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía; y reclamar al Gobierno central la desclasificación de toda la documentación que guarde relación con hechos acontecidos en Andalucía y copia certificada de la documentación relativa al asesinato de Manuel José García Caparrós.
Entretanto, y con el apoyo de PSOE-A, Adelante y Cs, y el rechazo del PP-A, se ha aprobado reclamar al Gobierno central que solicite a la Secretaría de Estado del Vaticano las medidas oportunas para la apertura de los archivos eclesiásticos diocesanos para la consulta de sus fondos en el periodo de referencia; y también que se elabore un censo guía de los archivos andaluces de los fondos de que dispone relativos al periodo que abarca la Ley andaluza de Memoria.
En defensa de la iniciativa, Ana Naranjo ha llamado la atención sobre "los constantes incumplimientos" de esta ley, el "descenso" de la inversión presupuestaria, así como "el escaso o nulo interés" por parte de la Junta con el traspaso de las competencias de la Consejería de Presidencia a Cultura, junto a una "falta de compromiso claro y concreto".