A estas alturas, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, no podía hacer mucho más que pedir disculpas: «Deseo pedir perdón a toda la sociedad, porque cuando uno de los nuestros comete un acto como el que la sentencia describe, toda la universidad se empobrece. Y yo, como máximo dignatario, debo, en nombre de todos los universitarios, pedir disculpas a la sociedad».
A partir de ahí, los detalles.
La sentencia que condena al catedrático de la institución Santiago Romero a siete años de cárcel como autor de tres delitos continuados de abusos sexuales y un delito de lesiones psicológicas cometidos entre 2006 y 2010 sobre dos profesoras y una becaria de investigación se ha podido leer con toda su enorme crudeza en numerosos medios de comunicación. Eso, y los larguísimos plazos con los que se ha resuelto el caso, llevaron al rector a comparecer en la rueda de prensa más multitudinaria de su año y pico de mandato con todas las trazas de acabar convertido en muñeco de pimpampum.
Por varios motivos. Por ejemplo, por la tardanza en dar explicaciones ante la prensa. Por esto también pidió disculpas, justo al inicio: «En primer lugar, pedir disculpas por no haber comparecido ayer –por el martes–, que fue cuando se conoció la sentencia por parte de Universidad». El motivo, explicó, que ese día tuvo lugar el Claustro de la Universidad, en el que el rector rinde cuentas de su trabajo durante el año, aclaró.
A continuación lanzó un mensaje contundente, «un mensaje absoluto de condena y de repulsa ante la situación vivida por nuestras compañeras de acuerdo con lo dictado en la sentencia. Deseo mostrar la máxima condena y la máxima repulsa a las situaciones de acoso que han vivido nuestras compañeras en la Facultad de Ciencias de la Educación. La Universidad de Sevilla no puede más que lamentar y condenar los hechos, y solidarizarse con nuestras compañeras. Continuaremos ofreciendo todos los apoyos que la universidad ha puesto a su disposición y que en el futuro puedan necesitar para que continúen su actividad docente e investigadora».
Era consciente el rector de que la manera de actuar de la institución que dirige se ha puesto en entredicho desde el mismo momento en el que la sentencia se hizo pública. De manera que se aplicó en explicar cómo la Hispalense ha afrontado el caso desde el momento mismo en el que tuvo conocimiento de los hechos, el 2 de noviembre de 2010, «cuando las tres compañeras realizan la denuncia». A estas explicaciones dedicó la mayor parte de su comparecencia, y por aquí le llegaron también sus mayores problemas cuando se abrió el turno de preguntas.
Castro contó que, al día siguiente de conocer los hechos, el 3 de noviembre, con Joaquín Luque ocupando el cargo de rector, «se pone en marcha un procedimiento de información reservada», que duró hasta el 18 de noviembre. «Como consecuencia de la información recabada contra el profesor Santiago Romero, se da traslado a las autoridades judiciales. La Universidad de Sevilla es la que pone en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos que consideramos que son constitutivos de delito penal», cuenta, y se mete luego en uno de los asuntos más peliagudos: «Cuando se inicia el procedimiento judicial –el 18 de enero, lo ordena la ley, ese mismo día debemos bloquear el procedimiento del expediente sancionador. Desde ese día hasta ayer –por el martes–, que recibimos la sentencia, han pasado ya seis años, un tiempo demasiado largo». El catedrático está ya suspendido. Durante ese tiempo, el ya condenado ha continuado realizando su trabajo docente en la universidad.
Las dudas llegaron, y el rector no acertó a contestarlas con precisión, cuando fue interrogado sobre si no existía legislación que hubiera permitido a la institución no haber paralizado el expediente sancionador durante el tiempo que el proceso judicial ha ocupado. Tampoco solventó otra duda inquietante: si el condenado recurre y el proceso judicial se reabre, ¿estará la Universidad obligada a paralizar de nuevo su expediente sancionador? «Espero que la norma no me obligue a hacerlo. Mi determinación ahora es clara y contundente para que no vuelva», respondió Castro. Más tarde, fuentes de la Universidad confirmaron que en este caso no habría que paralizar el expediente, sin aclarar por qué ahora es posible ese criterio diferente.
Además de la autocrítica, matizada tirando de la rigidez de la normativa legal, el rector sí atacó la actuación de la Justicia. «En todo este periodo, las autoridades judiciales en ningún momento desarrollaron ni activaron ninguna medida cautelar contra el profesor denunciado», destacó, en contraposición con la batería de medidas que, dijo, tomó la Universidad. Interrogado sobre los motivos por los que no actuaron de modo más contundente, dijo: «En seis años, los que de verdad saben de leyes, los jueces, no lo hicieron». Tampoco quedó claro por qué la Hispalense no se decidió a presentarse como acusación particular en el caso.
El rector aclaró que su intención es recibir a las víctimas cuanto antes y tuvo que explicar otro aspecto delicado: el condenado seguirá percibiendo el 75 por ciento de sus «retribuciones básicas», una cantidad que roza los 15.000 euros anuales según las tablas salariales de la US
