La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha valorado este jueves "el interés" del Gobierno local socialista por "solucionar" el futuro del tradicional puesto de incienso de la céntrica calle Córdoba tras quedar extinguida su licencia por la muerte de la viuda del vendedor que solicitó la misma, pero ha avisado de un "agravio comparativo" a los comerciantes regularizados ante la actividad de los vendedores ilegales o "manteros", reclamando que se aplique a estos últimos "la misma rigurosidad".
Según opina Peláez, el Gobierno local socialista ha optado por "buscar una solución" a este caso "para intentar apagar la polémica generada, no por poner punto y final al agravio comparativo que supone que mientras los manteros ejercen impunemente su actividad ilícita a ojos de todos en las principales calles de Sevilla, a los comerciantes locales se le aplica con toda la rigurosidad posible la ordenanza municipal".
"Lo ocurrido a esta familia del puesto de incienso de la calle Córdoba es una anécdota, un simple ejemplo de lo que ocurre todos los días y a todas horas en Sevilla con aquellos ciudadanos, con aquellos comerciantes, que intentan hacer las cosas bien, abrir o mantener sus negocios en regla, pero que se encuentran con ese muro muchas veces infranqueable que es el Ayuntamiento de Sevilla que suele tratar al comerciante como un elemento sospechoso", avisa.
Y mientras hace meses el Ayuntamiento de Sevilla y el colectivo de vendedores ambulantes senegaleses analizaban cómo "buscar salidas" a estas personas, "normalizar su situación administrativa" y su posible "integración" en los mercadillos, la portavoz de Vox ha especificado que no reclama al Consistorio "que se relaje con los comerciantes a la hora de exigir documentación e impuestos", sino que "se cumpla la ley con el comercio ilegal, porque desde el poder municipal se podría estar cometiendo un delito de omisión del deber de perseguir delitos".
Porque según insiste, la "realidad" de Sevilla es que los vendedores ilegales gozan de "vía libre para vender lo que quieran, especialmente si se trata de productos falsificados", mientras los comerciantes regularizados afrontan el cumplimiento "a rajatabla" de ordenanzas, leyes y obligaciones.