Ya es oficial lo que todo el mundo intuía: no habrá toros en Sevilla, al menos en esta segunda primavera de la pandemia que entra en su yema con nuevas restricciones de horarios y movilidad. La decisión –por más previsible que fuera- se tomó en la noche de este jueves apurando los plazos hasta más allá de lo razonable. La pelota había ido pasando de mesa en mesa aguardando la decisión definitiva: de la consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de éste, a la Comisión de Salud Pública celebrada este mismo jueves donde, para asombro de propios y extraños, el asunto del metro y medio volvió a quedar aplazado.
Pero la Junta no podía justificar más demoras. Había que tomar una decisión y sobre todo, comunicar a los aficionados y profesionales qué iba a pasar con la corrida del domingo. Fue el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, el que terminó de dar la puntilla al asunto evitando contestar de forma directa a la pregunta del millón y volviendo a echar la pelota al tejado del muy antitaurino gobierno sanchista, al que se quiere colgar ahora el sambenito de la suspensión de Sevilla. En cualquier caso, no había dudas. La temporada sevillana había quedado definitivamente desactivada. Desde ese momento, la emisión de los comunicados de la Junta y la propia empresa Pagés –que mantuvieron una reunión en la noche de este jueves- era cuestión de horas. El esperpento de los últimos días tocaba a su fin.
Varios capítulos para un final previsible
Toca recapitular: la empresa Pagés había presentado el pasado 7 de abril ese célebre plan de contingencia que condicionaba la apertura de la plaza de toros de la Maestranza a poder contar con la mitad de su aforo, obviando la inamovible distancia de metro y medio de espectador a espectador esgrimida por la Junta de Andalucía y refrendada por el BOE del pasado Martes Santo. La Junta y la empresa Pagés, es evidente, hablaban dos idiomas distintos. Al final se trataba de aclarar la famosa coletilla a la norma nacional que señala que “cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”. De ahí esta incomprensible tardanza que no ha dejado a nadie satisfecho.
El gerente de Pagés había echado toda la carne en el asador en la gestación de unos atractivos carteles que se apoyaban en una evidente debilidad: gravitaban sobre un incierto supuesto, sobre una remota posibilidad condicionada por la evolución de la pandemia. Todo estaba cifrado a que la Junta de Andalucía –que ha jugado un papel delirante- abriera la mano en la normativa que consagra el metro y medio de separación de espectador a espectador en espectáculos taurinos que quedó confirmada en el BOE publicado el pasado 29 de marzo.
Mientras tanto, ese famoso metro y medio había venido gravitando en las sucesivas declaraciones de los responsables políticos. Pero las huestes del toreo demandaban una mayor flexibilidad en la interpretación de la norma que sí permite mayores aforos en Extremadura o Castilla La Mancha. A todo esto, la maquinaria de la empresa tomó velocidad de crucero a la vez que las sucesivas filtraciones de distintas autoridades de la Junta de Andalucía invocaban una y otra vez la distancia legal. Primero fue la propia delegación del Gobierno la que, el pasado 10 de marzo y en coincidencia con la presentación del cartel pictórico de Julian Schnabel mostró su “preocupación” y la demanda de “un plan B” orientado al otoño en varias llamadas a distintos representantes de la prensa especializada.
En esos toques de atención ya se profetizó que “difícilmente podrían darse las circunstancias favorables para poder abrir la plaza a un 50% de su capacidad en primavera”. Paradójicamente, en ese acto convocado en la propia plaza de toros, no faltaron Miguel Briones y Ricardo Sánchez, secretario general de Interior y delegado del Gobierno andaluz en Sevilla lo que indujo a pensar en algún tipo de respaldo o carta oculta en alguna manga. No había tales. Eso sí, en el mismo evento se fijó pública y claramente la fecha aproximada del 8 de abril para presentar el famoso plan de contingencia que condicionaba la apertura de la plaza a poder cubrir la mitad de su aforo: exactamente 5.597 localidades.
Dos días después, el 12 de marzo, llegaba la presentación oficial de los carteles preparados por la empresa Pagés. Ricardo Sánchez volvía a asistir a un acto que sumaba más dudas que ilusiones e incluso desveló junto al empresario la atractiva cartelería. Valencia, una vez más, iba a subrayar la condición que había marcado desde el inicio del proceso: “El 50% es prioritario y necesario”. Lo de menos, en ese momento, eran los carteles. Interesaba más conocer de boca del empresario los pormenores de su plan, que nacía con más riesgos que fortalezas. Para entonces ya se habían activado los plazos de renovación y venta de abonos. No había vuelta atrás...
Una espera demasiado larga
La espera se adentró en un territorio de incertidumbre mientras desde ciertos despachos oficiales se repetía en voz más o menos baja lo que ya se sabía: “la normativa que hay es la que hay...”. Pagés ofreció hacer un test de antígenos –después lo ha llegado a declarar obligatorio para entrar a la plaza- a la vez que redoblaba el ambicioso despliegue publicitario de los festejos. Pero todo eso iba a contrastar con las sucesivas declaraciones del vicepresidente Juan Marín y, especialmente, las del presidente Juanma Moreno. Fue un clavo que terminó de golpear el plenipotenciario consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, que animó a celebrar corridas de toros, sí, pero “cumpliendo las normas de aforo, que son las mismas para todos”. A partir de ahí, parecía que había poco que rascar por más que la Unión de Criadores pidiera “sensibilidad” a la Junta de Andalucía o los empresarios taurinos agrupados en ANOET afearan a Bendodo una concreta frase de sus declaraciones en la que señalaba que su gobierno no podía entrar “en la cuenta de resultados de un empresario o en si le salen las cuentas o no”.
El 7 de abril, miércoles, se presentó el plan de contingencia en la Delegación del Gobierno. Se pensaba que la respuesta de la Junta –la que fuera- no debía tardar pero, desde ese momento, el proceso quedó inexplicablemente ralentizado ante la perplejidad del sector taurino, asombrado por la inacción de la Junta de Andalucía y su resistencia a tomar una decisión definitiva. Aficionados y espectadores, los toreros que se tenían que poner delante y los ganaderos que tenían que embarcar sus toros quedaron en el limbo más absoluto mientras los sectores económicos implicados volvían a tentarse la ropa.
A pesar de las evidencias, Pagés siguió adelante en una carrera hacia el imposible. Mientras Aguirre comparecía se levantaba la carpa que debía acoger esos test obligatorios para acceder a la plaza que volverá a permanecer cerrada, al menos, cinco meses más. Si el ciclo septembrino puede celebrarse estaremos a punto de cumplir dos años de clausura taurina en Sevilla. La recentísima declaración de nivel 3, lógicamente, no ha marcado un escenario favorable. Tampoco la progresiva suspensión de actividades programadas para el placebo de feria que preparaba el ayuntamiento. Todas estas circunstancias eran la antesala inevitable de la cancelación de la temporada taurina, al menos en su tramo primaveral. La decisión era obvia pero se ha tomado tarde, tardísimo, y pasando una patata caliente que nadie quería retener. La brecha es evidente. El daño para el sector, incalculable.