Tarde y mal

Exhaustos. Así concluimos la semana que se fue todos los que nos dedicamos a juntar dos o tres letras para hablar y escribir de toros. Pero no podemos compararnos a los que tenían que ponerse delante del toro este domingo; a los que tenían que embarcarlos o a los cientos de aficionados que ya tenían abonos y entradas en su mano sin saber si sonaría el clarín. La cancelación de la temporada de primavera –que había empezado a ser una certeza desde el mismo anuncio de los carteles- sólo tuvo oficialidad cuando no se podía esperar ni un segundo más. El consejero Aguirre compareció el jueves –contestando con circunloquios a las preguntas de la prensa y evitando decir claramente que el asunto estaba difunto- cuando ya se había agotado hasta la última gota de la paciencia de los actores de este mundillo. Faltaban menos de 70 horas para que hubiera salido el primer toro de Victoriano del Río; para que Morante –que sí se ha batido el cobre en los medios- diera el primer capotazo... para que la Fiesta renaciera en su escenario más lujoso.

Pero en ese anochecer del pasado 15 de abril nadie pensaba ya en toros y toreros. Se hablaba de test de antígenos, planes de contingencia, reuniones, comisiones, porcentajes... y sobre todo de ese famoso metro y medio que se ha convertido en el anchísimo abismo que ha separado a las autoridades de la Junta de Andalucía y a la empresa Pagés. Una y otra han caminado en líneas paralelas, hablando idiomas radicalmente distintos, durante el mes largo que ha separado la presentación de las combinaciones de toros y toreros y –repetimos- la cada vez más previsible cancelación de las mismas.

El asunto terminó de entrar en un terreno psicodélico en coincidencia con el anuncio de la comparecencia del señor Aguirre. En esos momentos se procedía al montaje de la carpa que tenía que haber acogido las pruebas anti covid, preceptivas para acceder a la plaza de la Maestranza según dictaba el célebre plan de contingencia presentado por Ramón Valencia el pasado 7 de abril. Pero las declaraciones del consejero, con o sin evasivas, dejaban claro que el viaje a ninguna parte había terminado. No habría toros en Sevilla. A partir de ahí se celebró una reunión entre empresa y autoridades, se redactaron comunicados... Todo había acabado tarde. Y había acabado mal.

Conviene ubicar las respectivas debilidades de este desaguisado: la Empresa Pagés había apoyado su plan sobre una delgadísima línea roja basada en un supuesto: que las autoridades permitieran abrir la plaza de la Maestranza al 50% de su aforo. Esa premisa chocaba desde un primer momento con la normativa vigente que consagraba ese metro y medio que se marcó a fuego en los aforos de los espectáculos taurinos celebrados en Andalucía después de la polémica inflada –a la que no fueron ajenos Pagés, ANOET o Francisco Rivera- que siguió a la corrida de El Puerto de Santa María del pasado 6 de agosto, único espectáculo que se pudo verificar con la mitad de aforo.

Pero conviene afinar más. La Junta de Andalucía, que filtró desde el minuto uno sus dudas, refrendó de alguna forma la hoja de ruta marcada por los Pagés al respaldar con su presencia –la de Briones y el delegado Ricardo Sánchez- los sucesivos actos de presentación del cuadro de Schnabel y los carteles de la temporada. Es importante el dato: esos carteles –desvelados con ayuda del propio delegado del Gobierno- se presentaban condicionados al plan trazado por Ramón Valencia y en esos mismos actos se subrayó el asunto del 50%. Nadie paró nada. Es más, en ese momento ya se había puesto en marcha la maquinaria logística de la empresa. Se vendieron y renovaron abonos, se dispusieron entradas por internet, se abrieron las taquillas para las localidades sueltas... Pero hay más: los representantes de la Junta se comprometieron públicamente a valorar el plan de contingencia y hasta se marcó una fecha aproximada, la del 8 de abril, como punto de no retorno para saber si habría toros. A pesar del mar de dudas había un lugar razonable para pensar que el asunto era posible o, al menos, revisable.

A partir de ahí, a la Junta hay que demandarle su inacción; la incapacidad de tomar una decisión –ojo, la que fuera- asumiendo las consecuencias. Se dilató el asunto hasta límites insoportables y hasta se pasó la pelota a no sé qué comisión del ministerio de Sanidad a la que, finalmente, se le ha colgado infantilmente el sambenito de la suspensión de los festejos sevillanos. ¡Venga hombre! El final de esa política de aplazar decisiones –Moreno Bonilla imbuido de Rajoy- coincidió con la huida hacia delante de la propia empresa Pagés, atravesando tierra quemada. El asunto podría tener indeseados efectos colaterales: el gobierno se plantearía ahora reducir el aforo de cualquier espectáculo a un máximo de mil espectadores mientras el padrecito Sánchez nos echa azucarillos en forma de fin del estado de alarma. Pues a ver quién aclara este descalzaperros...

La Junta, más allá del terreno sanitario, tenía que tomar una decisión política llena de riesgos. Seguimos pensando que lo del metro y medio puede y debe ser revisado pero si los responsables políticos y sanitarios manejaban datos que aconsejaban la suspensión tenían que haberla acordado mucho, muchísimo antes y no haber entrado en ese extraño juego de ‘bienquedismo’ que no ha contentado a nadie. Si el no ya estaba decidido, ¿para qué se prolongó la agonía? Gobernar es decidir y eso es precisamente lo que se trató de evitar por más que se sucedieran mensajes, recomendaciones... Había que marcar claramente el camino a seguir pero se optó por la política del avestruz.

Contemplar la plaza al 50% de su aforo, quien lo duda, implicaba asumir el riesgo de la fotografía de un lleno aparente. Ha ocurrido en Mérida este mismo sábado sin que se rasgue el velo del templo. Hace algunos meses más sucedió en El Puerto. Y ahí empezó todo.