El cupo catalán: ver para creer

Muchos de los que llevamos años lidiando con los entresijos del concierto vasco y el convenio navarro no imaginábamos que la cigüeña le traería un hermanito. Mayor en este caso. La anomalía de las forales en el ámbito internacional, el oscurantismo con que se determinan sus magnitudes y el privilegio financiero que, en definitiva, disfrutan respecto a todas las demás, es aceptado, mal que bien, como interesada implementación de un mandato constitucional. Pero ampliar ese esquema que, digámoslo con claridad, supone establecer una relación confederal (ojo, no federal) entre un territorio y el resto del país, implica modificar sustancialmente nuestro edificio constitucional. Y ese debate no puede asentarse sobre la base de un acuerdo de investidura entre dos partidos de una Comunidad Autónoma.

Están en juego, además, aspectos financieros centrales de nuestro modelo como país. Bien es cierto que casi todos ellos necesitados de profundas reformas, como la financiación autonómica y local, la tributaria o la gobernanza fiscal. Pero extender el modelo foral no es, precisamente, una propuesta constructiva en aras del consenso. A continuación, argumento en este sentido con algunas implicaciones finales para Andalucía.

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Descentralizar impuestos es muy razonable en un contexto de federalismo fiscal avanzado como el español. Pero, como casi todo en la vida, hasta cierto punto. Entregar todos los impuestos a las autoridades de una región, que comparte bases imponibles con amplia movilidad por el resto del país y la Unión Europea, no es positivo para la eficiencia. Primero por fenómenos de competencia fiscal, que estaría asentada en la mayor capacidad fiscal de la Comunidad, como ahora ocurre con Madrid. Y la experiencia foral ilustra que no serían casos puntuales, desde las vacaciones fiscales vascas de los años noventa al reciente impuesto sobre las grandes fortunas, que allí se aplica suavizado.

Segundo, porque trocear la Agencia Tributaria por territorios no anticipa nada bueno para el control del fraude y la eficiencia recaudatoria. El acceso directo de la Agencia Tributaria de Cataluña a bases de datos interregionales e internacionales no sería inmediato ni posible en muchos casos. La pérdida de economías de escala al ir de lo grande a lo pequeño, tampoco. Nuestra administración tributaria funciona razonablemente bien, ¿por qué estropearla entonces?

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Un segundo argumento contrario a una relación confederal entre el Estado y la Generalitat catalana pisa terrenos de economía política y, a mi juicio, resulta más relevante que el anterior. Dado que, en media, los habitantes de Cataluña disponen de más capacidad económica que los del resto del país, su salida del sistema de financiación de régimen común limitaría los recursos disponibles para los demás. Si el Estado quisiera mantener el nivel de redistribución actual eso solo sería viable subiendo impuestos al resto y/o emitiendo más deuda pública. Este escenario no resulta muy acogedor.

En principio, desde Cataluña se aportaría una cuota de solidaridad hacia el resto del territorio estatal. Su cuantía y condiciones están por determinar. Pero, de nuevo, dada la experiencia foral y la apuesta por el cambio régimen propuesta, no intuyo que sea muy generosa. Máxime con la condición de ordinalidad sugerida, a saber, que la financiación por habitante sea más elevada en las CCAA de mayor capacidad fiscal.

Yendo a lo mollar, el concepto de equidad, esencial y compartido en la Constitución de un Estado moderno como el nuestro, se trocearía por territorios, e incluso se circunscribiría a una negociación bilateral y sesgada (por tener las llaves de la caja) entre el Estado y el gobierno de una Comunidad Autónoma. El concepto de equidad debe ser decidido a nivel nacional, entre todos los que aportamos y recibimos. Con una solidaridad por barrios, no deberíamos extrañarnos luego de la polarización.

Un último apunte general. En el preacuerdo entre el PSC y ERC no he leído una sola línea referida a qué hacer con la ingente deuda pública catalana en manos del Estado. No tiene su origen en una infrafinanciación relativa de esa Comunidad. Quizás está relacionada con el ciclo económico, con la mala gestión de gobiernos anteriores o la insuficiencia general del sistema de financiación, como en otros lugares. ¿Entonces? ¿Han olvidado añadir una adenda al preacuerdo para que se condone sin más? Veremos.

¿Cómo afectará todo esto a Andalucía? Dada la parquedad del preacuerdo en detalles, es imposible realizar una cuantificación precisa. Pero la música se anticipa con cierta perspectiva. La menor y arbitraria disponibilidad de fondos para redistribución personal y solidaridad interregional dañará la financiación de nuestros servicios públicos. Nuestra Comunidad ya se encuentra infrafinanciada en términos relativos y el gobierno de la Junta de Andalucía, además, embarcado en una política fiscal que genera déficits multimillonarios, con gran parte de la deuda sostenida por el Estado.

En este contexto, no estamos en condiciones de pedir un concierto económico andaluz (café para todos) pues nuestra Comunidad no cuenta con capacidad fiscal suficiente para cubrir sus necesidades de gasto. Salvo que el Estado auxilie a todas las CCAA en la misma tesitura y ello suponga la quiebra del mismo.

Estamos, en definitiva, en presencia de un debate constituyente de primera magnitud. De entrada, esto no es negativo. Puede ser incluso la antesala para resolver problemas largo tiempo enquistados. Pero lanzarlo en las condiciones actuales, sin hacerlo explícito en consultas electorales, por una coyuntura política particular y ante el silencio de quienes debería dar su opinión con nitidez, es decepcionante.