Razones de los excedentes de producción en el sector del plátano

Una vez más se están generando grandes excedentes en el sector del plátano de Canarias en el mes de agosto , siendo previsible una gran bajada de precios que se extenderá posiblemente hasta fin de año o incluso hasta marzo del 2025. Cada vez que esto se produce surgen las quejas lógicas de los agricultores, todos afectados proporcionalmente por igual y, consecuentemente, la polémica social está servida a disposición de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.

Se producen excedentes de producción en el sector del plátano debido a múltiples factores. Es una situación compleja que hay que analizar con objetividad y no de forma pasional. Sin embargo, la solución planteada por el Gobierno de Canarias, presionado por determinadas comunidades, es la aprobación de una Proposición no de Ley (PNL) para limitar la producción por hectárea sancionando al buen agricultor con el erróneo convencimiento que así protege al pequeño.

Entre las tres medidas que se adoptaron cuando España entró en la UE, una de ellas garantizaba un precio mínimo por kilo producido a todos los agricultores, no importando la fecha de producción, la cantidad y la calidad. Esto tenía el problema de que Europa carecía de una ficha fija, sin saber cuál era el límite máximo de las ayudas. Después de varias negociaciones y litigios internacionales y, desde hace unos 30 años, se produjo un acuerdo para de limitar la producción de toda Canarias a 420.000 toneladas, para lo cual la Unión Europea aportaría unos 141 millones de euros. Era una ayuda restringida, fija, limitada a unos 34 céntimos por kilo y condicionada a que no se plantase más superficie. Dicha ayuda fija no se ha cambiado ni actualizado desde entonces.

Sin embargo, a lo largo de estos años han ocurrido importantes cambios en el sector. Así el Gobierno de Canarias con la entrada en vigor del Posei (Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad) ha ido reduciendo esta cantidad para destinar parte a otros sectores agrícolas, de forma que en la actualidad llega al agricultor solo unos 30 céntimos por kilo, ello a pesar de que el precio medio de los insumos –el agua para riego, los abonos químicos, fitosanitarios, transportes, cajas, cartón, costos de personal, impuestos, etcétera– han subido muy significativamente. Si en el año 1995 se podía producir un kilo por 40 céntimos en la actualidad el costo ronda los 0,80 euros.

Nuevos cultivos

No contenían los acuerdos europeos especial mención de la superficie a cultivar, ni del rendimiento por hectárea, lo que ha permitido que empresas bien de ámbito local o nacional hayan adquirido más terrenos y ampliado las producciones, ante la decidía de la Consejería de Agricultura que permitió que se arrancaran otros cultivos y se transformaran a plataneras beneficiándose a nuevos productores de las ayudas existentes. Nunca se estudió seriamente, ni se asesoró para la plantación de otros cultivos alternativos.

Craso error. El actual mercado español absorbe entre 7,5 a 8 millones de kilos por semana, que en 52 son unas 400.000 toneladas. Por tanto, todo lo producido por encima de esa cifra hay retirarlo del mercado, venderlo a muy bajo precio, reexportarlo, donarlo a Bancos de Alimentos o para comida y forraje de animales.

Se cambiaron las variedades cultivadas y se empezó a plantar la ‘gran enana’, así como otras de mayor productividad a fin de competir con la banana americana.

Se producía con un doble efecto: una falsa imagen, ya que el agricultor tradicional que no invertía y mantenía sus cultivos como los heredó podía producir a 40 céntimos por kilo, mientras que para el inversor que trabajaba la calidad de las tierras, de las aguas, hacía invernaderos o cambiaba las variedades, el costo no era inferior a 70 céntimos por kilo, si bien se compensaba con mayor producción y calidad. Hay que tener en cuenta que en un principio la Consejería subvencionaba la instalación de invernaderos como consecuencia de grandes temporales de viento en el año 1997 y siguientes.

De esta forma, cuando se negociaron los acuerdos en origen Canarias ni siquiera alcanzaban las 400.000 toneladas de producción. Sin embargo, en el año 2023 se llegó a la cifra de 467.256 toneladas y la consecuencia fue una drástica bajada de ingresos.

2023, un año inaudito

Cierto que en agricultura no se pueden predecir determinadas variables como el cambio climático, ni dirigir las plantaciones a los meses que se requiere. Así 2023 fue un año especialmente cálido y sin viento, de forma que se adelantó la producción correspondiente al primer trimestre de este año al último del pasado, aumentando el número de kilos y racimos cosechados por hectárea, el promedio de kilos por racimo, etc, y bajando posteriormente la producción de principios de 2024. Esta circunstancia es inusual y difícilmente volverá a producirse en muchos años, siendo directa la repercusión en los precios. 

En 2023 –un año excepcional–, muchas fincas cosecharon 80.000 kilos por hectárea, cuando lo normal está entre 60.000 a 70.000. Esto ha hecho creer a la Consejería que es necesario limitar la producción a un máximo 65.000 kilos con penalización al agricultor que produzca más calidad para premiar al que no lo hace, cuando debería ser al contrario, sancionar al que no produzca 50.000. Cree la Consejería que es a causa de plantaciones en invernaderos o al cambio de variedades, cuando no solo es así.

En los últimos 30 años han aparecido, y crecido exponencialmente, algunas grandes cadenas alimentarias que exigen muy alto nivel de calidad para la venta en sus lineales, sencillamente quien no produce calidad su producto ya no tiene acceso a los mercados. Así en otros países la selección es tan estricta que retiran hasta el 25% de lo producido, mientras que en Canarias defendemos hasta plátanos sueltos y de segunda categoría para intentar mejorar el precio al agricultor –otro error–, fruta que se vende en mercados secundarios.

También han aumentado las exigencias de la Agenda 2030 y el compromiso global sostenible suscrito por 193 países para desarrollar un Plan de Acción a favor de la alimentación de las personas, del medio en el planeta y de la prosperidad. Plátano de Canarias ha tenido que estudiar su huella de carbono y obtener una Indicación Geográfica Protegida (IGP), se ha dejado la forma de tradicional de cultivar para vender plátanos ecológicos y de producción integrada. Es decir, el agricultor tiene que profesionalizarse y dejar entrar en sus terrenos a las nuevas tecnologías, al asesoramiento técnico, las inspecciones de calidad, cambiar o adaptarse a las nuevas formas de cultivo, abandonando el modelo clásico, el de fin de semana o el de alternativa complementaria. Es de pura lógica que a medida que avance la tecnología seguirá subiendo el rendimiento por hectárea, pero no necesariamente el de los cultivos.

No tiene sentido rebajar la calidad de las producciones, ni limitar la producción por hectárea, sino todo lo contrario. Producir menos kilos es fácil, basta con no regar suficiente, hacerlo con aguas no aptas o no aplicar los tratamientos que lleva la plantación y, consecuentemente se crearán menos puestos de trabajo y bajará el prestigio en los mercados de Plátano de Canarias, pero el costo medio de producción bajará.

Cuestión de calidad

Lo que debe de hacer la Consejería de Agricultura es controlar mejor el fraude. Históricamente se han detectado casos de conceder subvenciones a personas ya fallecidas o a agricultores que alteran los derechos históricos, traspasando los kilos producidos entre sus fincas, quitándoselas a unas y añadiéndolas a otras, o declarando volúmenes producidos no creíbles. 

No se trata por tanto de diferenciar entre agricultores grandes o pequeños, ni de ricos o pobres, sino de diferenciar entre agricultores que lo hacen bien –buenos y malos– y que producen buena calidad, así como buscar nuevas alternativas fomentando otros cultivos.

La solución no es desviar ayudas de un sector para mejorar a otros, ni entre plataneros vestir a un santo desnudando a otro, sino dotar más medios para la defensa del sector primario, a fin de poder llegar a nuevos mercados en condiciones de competir con los precios de la banana y de otros productos en España y fuera de ella. Debe negociarse por tanto una nueva ficha financiera.

Señalar, no obstante, que es de agradecer y felicitar a la Consejería por la importante cantidad que percibe este sector para el transporte, así como del precio de las aguas desaladas que generan los consejos insulares.

No es ningún lujo que se permiten las Organización de Productores al retirar la fruta de mercado cuando baja significativamente el precio, dado que se han dado casos que por llevar la fruta a los almacenes ha habido que pagar sin recibir nada a cambio, por ello es necesario estar muy alerta, determinando cuando se puede defender toda la fruta al mejor precio y cuando restringir los envíos. Es muy lastimoso ‘para todos los agricultores’ ver cómo se desperdicia hasta el 15% de su fruta después del trabajo de haberla producido. En general, el 5% en el computo anual.

Afortunadamente las crisis de precios son cíclicas y lo que Asprocan trata de controlar es el precio medio a percibir durante todo el año, sin dejar de abastecer el mercado, intentando que otros productos similares no ocupen mayor porcentaje o parcelas del mismo, para ello se retira fruta, se hacen costosas campañas publicitarias que han hecho que el consumidor aprecie nuestro producto, y se ha conseguido que el 100% del sector esté asegurado contra catástrofes naturales.

Es evidente que se producen en ocasiones muy significativos desfases entre el precio percibido por el agricultor y el precio en los lineales de las cadenas, algo que no regula la Ley de Cadena Alimentaria, el error está en que no sirve de poco garantizar el precio de costo si no se regula la diferencia entre márgenes comerciales.

Desde el punto de vista del productor lo importante es el precio de venta, ya que vale más 100.000 kilos a un euro que 200.000 a 30 céntimos, por eso la cantidad retirada afecta directamente a los precios y es difícil saber cuál es el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, dado que el precio de la fruta es muy volátil, cae con mucha facilidad, pero sube poco a poco, quizás meses.

Cierto que ha habido desde el año 1995 una concentración parcelaria, en principio el colectivo era de 10.500 agricultores, se pasó a unos 8.500 y ahora se estiman unos 7.500, pero según los datos oficiales la superficie cultivada es muy similar, así como el rendimiento de la tierra. Hay que entender que si el Gobierno y los ayuntamientos no tienen medios para impedir que en una economía de libre mercado las grandes cadenas no abran en el centro de las ciudades y pueblos, desapareciendo el pequeño emprendedor, tampoco se puede impedir que cada día más muchas grandes empresas y fondos de inversión inviertan en el campo, cada día más tecnológico. La culpa no es de otro que de los gobiernos autónomos. Cada día más el pequeño y mediano agricultor se encuentra más amenazado por empresas que van adquiriendo desde la cadena de producción, fincas o almacenes de empaquetado y desde siempre hemos dependido de las multinacionales para las compras de abonos, fitosanitarios, cajas cartón, transportes, etc.

De la gran enana a la gruesa palmera

Esto también es delicado pues en Canarias existe un erróneo concepto de dimensión y tendemos a confundir grandes agricultores con empresas de muy mediano tamaño que están igualmente amenazadas, no solo lo está el micro-agricultor minifundista.

Una de las medidas que puede adoptar la Consejería es motivar el cambio de variedad de forma que se vuelva a arrancar la ‘gran enana’ y similares para replantar otras plantas de mayor calidad como la ‘gruesa palmera’, la ‘brier’ u otra que pueda producirse con calidad y menos kilos.

También renegociar la ficha financiera inmóvil desde unos 30 años, existiendo gran complejo a este respecto pues en toda Europa hay agricultores a los que se financian invernaderos de cristal para cultivos diversos, mientras que en Canarias hay que ser un agricultor mediano para construir sin ayudas invernaderos de plástico que causan un gran impacto en el medio.

Otra medida a adoptar es el fomento del asociacionismo, no solo entre los almacenes de empaquetados cuyo costo está entorno a 40 céntimos por kilo, que es muy elevado, así como el de unión de pequeños agricultores colindantes a fin de facilitar la recogida y tratamientos, ya que en realidad quienes mantienen los almacenes son los agricultores que producen en cantidad y sobre todo en calidad para que todo esto sea rentable.

La denominada PNL no llegará a cumplir la finalidad a corto plazo, ya que la Consejería basa la productividad en las cantidades producidas en el ‘histórico’ de la producción y esto se hace con bastante retraso, promediando al menos tres años, y lo que pretenden algunos son medidas inmediatas.

En estas condiciones poco puede hacer el consejero, el señor Narváez Quintero, para influir en el precio final del producto, pero sí en la mejora de los sistemas. También hacer que la información semanal llegue a todos los agricultores, en especial en los más desvinculados, para que conozcan las causas se destruye fruta y por las se percibe menos o más según se mire. Qué duda cabe que todos tratamos de defender lo mejor posible al agricultor y lo hacemos con el mayor interés.

Es de esperar que muy a corto plazo y, para el mes de septiembre con la incorporación a la vida rutinaria y la apertura de los colegios y universidades aumente la demanda, lo que ayudará a la estabilidad de precios. Defender el sector es para todos no importa el tamaño, sino la solidaridad.

Quitar dinero a unos para dárselo a otros va contra principios constitucionales como equidad, igualdad, proporcionalidad, libertad de mercado, etcétera.

Es de desear que las temperaturas bajen, que no se mantengan tan cálidas o que se adelante el invierno, así la fruta se distribuiría en mayor plazo, no aumentando la oferta significativamente.