Ni paro ni vivienda: la inmigración complica sus planes a Pedro Sánchez

Ni el paro, ni la vivienda, ni la infrafinanciación de los servicios públicos… el principal problema de España es la inmigración, según lo percibe la mayoría de los ciudadanos y ha recogido el estudio de septiembre del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. El asunto sin embargo baja hasta el quinto lugar cuando se le pregunta al encuestado cómo le afecta personalmente, en su día a día. Eso evidencia que en ese pódium algo tiene que ver el hecho de que los políticos hayan situado el fenómeno migratorio como uno de los grandes temas de la legislatura. Como uno de los asuntos espinosos que pone en apuros la delicada mayoría con la que hasta ahora contaba, al menos a ratos, Pedro Sánchez en el Congreso.

Además, según los estrategas del PP, la gestión de la inmigración irregular es también una oportunidad para que Alberto Núñez Feijóo pueda hacer un agujero al Ejecutivo y mirar cara a cara a Vox. No es casualidad que Feijóo se haya desplazado este jueves a Italia en busca de una fotografía con la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, quien desde un ideario extremo ha convertido la lucha contra la crisis migratoria en un caballo de batalla que le da rédito político interno y externo. Al menos en un sector de población muy nutrido. "La política migratoria en Italia funciona y en mi país no", espetó el jefe de los populares desde Roma, evitando entrar en detalles sobre algunas de las medidas más polémicas de Meloni. El objetivo no era profundizar, sino dar la batalla internacional a Sánchez. Y por el mismo precio lanzar un mensaje a Santiago Abascal, quien se divorció de los populares en los gobiernos autonómicos en los que eran ‘pareja de hecho’ porque el PP apoyó el reparto entre comunidades de menores migrantes llegados a Canarias.

Pero el desgaste por la gestión de la inmigración no le llega solo al Gobierno de coalición por el costado natural, que es el de la oposición. Los hipotéticos socios de legislatura también han levantado la mano. Algunos, como Junts, con especial virulencia. Esta misma semana los siete diputados que obedecen a Carles Puigdemont volvieron a frenar, en el Congreso, un proyecto clave del equipo gubernamental: una proposición de ley para combatir el fraude en los alquileres temporales. Votaron con PP y Vox para impedirlo. Amagan con pasar de un costado de Sánchez al otro. La razón que esgrimen: quieren el traspaso integral de la competencia de inmigración, que es del Estado. Los postconvergentes no son precisamente progresistas a la hora de enfrentar el fenómeno migratorio. La razón que esconden: el escozor del pacto del PSC con ERC para hacerse con la Generalitat catalana. La carta que guardan: la posibilidad de tumbar los presupuestos para el próximo año y de agitar el fantasma de la moción de censura junto a la derecha.

Hay más. El PNV ya ha dado un pellizco al Ejecutivo votando recientemente con el PP, en vez de con su socio socialista, para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. En el Gobierno se insiste en que esto fue excepcional, pero el ministro Félix Bolaños precipitó un encuentro con la cúpula peneuvista para evitar más asperezas. Este miércoles, el director general de Migración y Asilo del Gobierno vasco, Xabier Legarreta, dejó otro aviso: la crisis migratoria necesita con urgencia de “respuestas estructurales” y “no valen discursos solidarios”. Reclamó al gabinete de Sánchez más “valentía” para hacer frente al fenómeno y propiciar acuerdos urgentes. El incremento de la preocupación social por la inmigración y su gestión a raíz de los discursos políticos también se ha detectado en Euskadi.

En Canarias, el presidente Fernando Clavijo dice no saber qué hacer ya para que le den una solución estructural al problema que tiene en las islas con la llegada masiva de migrantes. No quiere más repartos de menores voluntarios entre autonomías, sino unas normas claras y financiación. Todo por ley, no por pena o presión social. Se da la circunstancia que Clavijo es dirigente de Coalición Canaria, organización socia del PP en el gobierno isleño pero aliado en las Cortes de los socialistas… al menos hasta ahora. Clavijo se ha reunido y sonreído hasta donde es capaz con Sánchez y con Feijóo. Con las autoridades europeas. Y en breve parece que lo hará con el Rey y hasta es posible que con el Papa.

El presidente canario no quiere renunciar a ningún apoyo para salir del bucle en el que se encuentra, pero tampoco a ninguna amenaza: ha aprobado en septiembre un cuestionable y cuestionado protocolo de atención de menores migrantes que aumenta, y mucho, las condiciones previas para garantizar la atención a los niños y busca forzar la cooperación del Estado. Ha sido recurrido por la Fiscalía y ha puesto en alerta al Gobierno central. Más tensión.

Y por si esto fuera poco, CC ha decidido hacer otro gesto significativo ante el PSOE en el Congreso: se ha negado a prorrogar una comisión de investigación sobre compra de material sanitario en pandemia, como querían los socialistas, en la que se iba a investigar contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a Eulen, empresa en la que trabaja la hermana de Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué? Porque pretenden dedicar todo el tiempo y la energía parlamentaria a resolver el drama migratorio, avisan los nacionalistas canarios, que admiten seguir de cerca la jugada política de Junts para lograr la atención de Pedro Sánchez.