Opinión | Nueva ley de vivienda vacacional

Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias

Nuestro mejor proyecto de vida es Canarias

Vivienda en alquiler. / LA PROVINCIA / DLP

Canarias asiste a uno de los debates más intensos e importantes de los últimos años: la regulación de la vivienda vacacional. Lo que comenzó como una forma de economía colaborativa, donde las personas alquilaban habitaciones en sus propias casas, rápidamente evolucionó hasta convertirse en lo que conocemos hoy.

Canarias no ha sido distinta al resto de los destinos consolidados y maduros: París, Lisboa o Nueva York ya han dado soluciones distintas a este fenómeno y, en España, no estamos exentos del debate ni tampoco de la responsabilidad de regular mejor una oferta que se ha consolidado, que tiene demanda y que, al igual que el resto de modalidades alojativas, necesita una respuesta como tiene el resto del sector: ordenación en el territorio, equilibrio, calidad y conciliación entre residentes y turistas.

Y era más que evidente que toda regulación, da igual en qué términos se produjera, iba a suscitar grandes debates entre los más de 20.000 propietarios, el sector privado y también el sector público, cabildos y ayuntamientos. Pero lo que nadie duda, tampoco muchos propietarios, es que necesitamos una nueva regulación, una en la que no todo vale, una en la que no todo sobra.

Siempre hemos defendido que es una modalidad con demanda y, por tanto, se debe quedar, pero buscar equilibrio no ha sido ni está siendo fácil. Es una regulación donde se mezclan normas de todo tipo: Ley del Suelo a nivel estatal, Ley de Vivienda Canaria, Ley del Suelo y los Espacios Protegidos de Canarias, derecho de los consumidores, derecho a la propiedad, uso social que la Constitución atribuye a la vivienda o numerosas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, por relatar solo algunas de las cuestiones que minuciosamente se describen a lo largo de los más de cuarenta folios en los que se distribuye el Preámbulo de la Ley.

Clima privilegiado y belleza

Al lector de este artículo le hago una pregunta. ¿Dónde cree que radica el éxito de la industria turística en Canarias? Muchos estarán pensando en el modelo de negocio (el sol y la playa). Otros en el clima privilegiado y todos en la belleza de nuestras islas. Por supuesto, todo eso es verdad. Pero el verdadero éxito de este modelo es el principio de especialización de usos. ¿Y qué es eso? Es la herencia que nos han dejado los que en los años 70 y 80 ejercieron sus competencias en el ámbito municipal, planificaron dónde y cuántas camas cabían, dónde se situaban las zonas de ocio de esas zonas turísticas, dónde residían los canarios, dónde iban los hospitales, colegios, zonas verdes y todos los servicios que garantizaban y equilibraban los servicios públicos básicos y esenciales con la generación de economía, riqueza y empleo. La premisa: somos islas, el suelo es estratégico y, además, escaso.

La democratización del turismo, la proliferación de nuevos canales de comercialización donde es el propietario el que directamente oferta un alojamiento sin necesidad de turoperadores o intermediarios y, finalmente, el cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos hizo que este sistema de especialización de usos saltara por los aires. Me explico: donde antes no había turistas, ahora hay. Y esto no es malo de por sí, genera economía local y eso es indiscutible. El problema es cuando grandes volúmenes de vivienda, cuando barrios enteros, pasan de ser residentes a turísticos, donde ya al residente le cuesta más caro vivir o, sencillamente, no puede descansar.

Esto tiene un doble efecto: el turista que busca una experiencia local, no la encuentra ya que convive con otros turistas. El residente se ha desplazado de la zona en la que vivía aunque siga trabajando en el mismo lugar y eso provoque que, si antes no cogía el coche, ahora lo coja, el que quiera alquilar, al reducirse la oferta, encuentre precios más caros o que la tienda de proximidad desaparezca para dar servicio a otro tipo de clientes que, recordemos, están de vacaciones. ¿Cómo volver a encontrar el necesario equilibrio?

Democratización del turismo

Es indiscutible que la Ley de Vivienda Estatal también ha jugado un mal papel en todo esto: ha retirado el 40% de la oferta de alquiler residencial del mercado provocando una subida de precios. Justo lo que no querían conseguir pero que todos sabíamos que iba a pasar cuando proteges más al que deja de pagar sin razón que al propietario. Sí, hay que construir más vivienda y modificar esa ley nacional, pero eso no cambiará el hecho de que, tal y como pensaron aquellos planificadores, el uso del suelo en Canarias es y debe ser estratégico por estar limitado y ser escaso.

Decisiones sobre el planeamiento motivaron la moratoria. Fueron las leyes de ordenación del territorio las que permitieron desclasificar suelo turístico y, recientemente, ha sido el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda la que habilita el uso de nuevos suelos para la construcción de viviendas.

No podemos mirar para otro lado con una oferta que ya supone el 37% de las camas, que vive al margen del planeamiento municipal e insular y donde legales e ilegales ejercen por igual la actividad. Por eso, la columna vertebral es paramos para revisar, paramos para planificar y ordenar: a la entrada en vigor de la ley, ni una más hasta que no haya planeamiento.

Hemos recibido más de tres mil aportaciones al texto. Las hemos leído y analizado conscientes de que muchos canarios dependen de estos ingresos extra. Por eso, los propietarios explotadores que cumplen hoy el decreto 113/2015 que rige la actividad, pueden consolidar el uso turístico: si son legales hoy, pueden seguir mañana y solo se les aplica la Disposición Transitoria Primera. Nada más.

Poner viviendas en el mercado residencial

Para los que son explotadores no propietarios, se aplica la Disposición Transitoria Segunda, con un régimen de cinco años prorrogables a veinte si se acogen al régimen de incentivos: poner viviendas en el mercado residencial.

Y, a la entrada en vigor de la Ley y las ordenanzas, los nuevos tendrán que cumplir las exigencias que determina la ley en su totalidad y las ordenanzas del municipio en el que se ubique la vivienda.

Los ayuntamientos y cabildos tendrán seis meses para aprobar los planes de comprobación de sus actividades clasificadas y declaraciones responsables respectivamente y cuatro años para revisarlas. Finalmente, cinco años para aprobar su ordenanza provisional. Los ayuntamientos siempre han tenido la competencia para zonificar, para decir dónde, cuántas y cómo quieren esta actividad. La Ley no otorga nuevas competencias, solo se las aclara y se las recuerda y, además, les recuerda un precepto legal que está en la Ley del Suelo donde se establece que el 40% de las viviendas deben ser en régimen de protección oficial por lo que parece razonable que el otro 50% sea para esas rentas que, afortunadamente, tienen ingresos superiores y no pueden acceder a las ayudas del mercado protegido. De ahí que, justificadamente, el ayuntamiento reserve el 10% para vivienda vacacional o superen este porcentaje si son capaces de construir más viviendas para los canarios.

Por eso, esta ley no es un punto y final. Necesariamente es un punto y seguido en el que, incluso antes de su aprobación, todas las administraciones públicas debemos caminar de la mano. Esta no es una ley para limitar a nadie. Es una ley en la que nos jugamos mucho más que el modelo económico de Canarias. Entiendo las legítimas reclamaciones que ha hecho algún colectivo, pero que sean legítimas no las convierten en reclamaciones justas porque tenemos que ser conscientes de que nos jugamos la convivencia, nos jugamos la necesaria calidad de vida de quienes aquí vivimos, sean propietarios o residentes. Por eso, no nos encontrarán en debates estériles de números y confrontaciones políticas oportunistas de quienes jamás movieron un dedo ante una realidad latente.

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Muy al contrario. Estaremos donde los canarios nos quieren: trabajando para encontrar el equilibrio necesario entre la permanencia de esta actividad, la economía, la generación de empleo de calidad en esta modalidad y la obligatoria responsabilidad de hacer que el turismo y todas sus actividades estén al servicio de los que aquí vivimos. No será fácil, cometeremos errores, pero todo el equipo de la Consejería de Turismo damos las gracias por todas las aportaciones que nos han acercado mucho más al sector en Canarias, a sus necesidades presentes y a las futuras en un Archipiélago que siempre será el mejor lugar del mundo para vivir, nuestro mejor proyecto de vida.