Ya está, el asunto de La Manada me ha sobrepasado, lo reconozco. Cuando salió la sentencia hice un esfuerzo tremendo por no mostrar mi desagrado más allá de mi círculo íntimo. Lo hice porque me conozco y tiendo a expresar mis opiniones con demasiada vehemencia y termino por arrepentirme. Pero, visto lo visto, prefiero arrepentirme que seguir mordiéndome la lengua. El auto en virtud del cual se ha puesto en libertad a estos tipos me causa desasosiego, un cabreo intenso y rechazo. Lo acato porque son las reglas del juego que nos hemos dado todos, esas que dan a individuos como estos, una evidente ventaja sobre los demás. Sin embargo no confío en que no traten de fugarse, ni en que estemos a salvo de este tipo de personas. Puede que durante unos días estén confinados en sus casas pero antes o después saldrán y el riesgo para todas las mujeres será obvio. ¿Por qué? Pues porque no es la primera vez que actuaban así y porque estos señores gozan de apoyo social. Una señora de pueblecito de Navarra se apresuró a invitarlos a cenar (habían hecho buenas migas con su hijo en prisión) y los amigos del Prenda iban al día siguiente a saludarlo y presentarle sus respetos: abrazos y besos para el pobre recluso que abandona la prisión, ante el estupor y la indignación de la mayoría. Porque no se debe olvidar que somos mayoría las personas que desde cualquier rincón de España repudia su conducta y la condena.
La alarma social causada por esta última resolución es evidente, la indignación se desborda y la Justicia deberá prepararse para ser objeto de la crítica social, igual que lo son los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo. Sé que los jueces están acostumbrados a otro tipo de crítica, la que se ejerce habitualmente frente a sus resoluciones, a través del sistema de recursos, pero en esta ocasión, como cuando se emitió la Sentencia, la crítica va más allá: ha salido e inundado las calles. Y los jueces tendrán que aprender a aceptarla como hacen los políticos, con deportividad. No quiero ni pensar lo que puede suceder como alguno de estos individuos se fugue antes de que salga la Sentencia del Tribunal Supremo.
Por otro lado, creo que ha surgido algo positivo a raíz de esta (desafortunada) sentencia y del (aún más desafortunado) auto. Hemos tenido la ocasión de contemplar una sociedad que se revela, que busca su lugar en la defensa de los derechos humanos y especialmente de las mujeres, una sociedad que va muy por delante de sus juzgadores y legisladores. Las personas que se han lanzado a la calle me hacen sentir orgullosa. Lamentablemente también hay quien ha preferido apoyar a estos señores que aún están protegidos por la presunción de inocencia: ustedes son libres de retratarse como yo lo hago. A los machistas es mejor descubrirlos cuanto antes, libres del ropaje ambiguo con el que pretenden vestirse en ocasiones.
Pero hay algo que me lleva dando vueltas a la cabeza varios días y que no termino de entender: el procedimiento de Pozoblanco. Reconozco que parto de un desconocimiento del estado de las actuaciones, pero no deja de sorprenderme. No parece que el Ministerio Fiscal haya pedido el ingreso en prisión provisional para estos individuos a raíz de su puesta en libertad por la Audiencia Provincial de Navarra. No sé si el Juez de Instrucción lo adoptaría o no pero, a priori, con lo poco que ha trascendido, parece es imprescindible una actuación decidida por parte del Ministerio Fiscal (como ministerio público encargado de defender la legalidad). En un supuesto como el presente, donde los investigados han sido condenados en primera instancia por una conducta similar ¿cómo es posible que no se haya solicitado y/o acordado una medida cautelar de prisión? Tal vez Pozoblanco sea la última esperanza para los que entendemos que la puesta en libertad de estos individuos no es ajustada a derecho.
Lo cierto es que el caso de La Manada seguirá dando que hablar los próximos meses y que lo más pronto posible deben ponerse en marcha medidas modificativas de la legislación penal que aborden una situación como esta y por supuesto deberán implantarse medios en la Administración de Justicia que la hagan más efectiva y sensible hacia las víctimas de este tipo de delitos. El asunto va para rato.