Se estaba viendo venir, era imposible que esto acabara bien. Alberto Casero, aquel diputado que equivocó el voto e hizo posible que se aprobara la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados (“la que he ‘liao’ decía compungido”), está a un paso del banquillo que le espera en el Tribunal Supremo. Una vez que se siente en él, tendrá que responder sobre delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Este hombre que fue secretario de Organización del PP en la etapa de Pablo Casado, fue alcalde de Trujillo y ha solicitado su baja de militancia en el PP y ha dejado (por fin) su acta de diputado.
Es preocupante que un sujeto que se sienta en el Congreso de los Diputados o que es alcalde de una localidad cualquiera, pueda cometer delito tras delito sin que pase gran cosa y sin que las dimisiones en los partidos políticos se conviertan en una cascada de luz y de color. Es preocupante que esto pase mientras el escándalo de ‘Tito Berni’ sigue creciendo y avergonzando a los que todavía conservan un mínimo de decencia. Pero es mucho más preocupante saber cómo es posible que este hombre haya llegado a ser alcalde de Trujillo y diputado en el Congreso de los Diputados. Es el gran misterio. Lo que queda claro es que cualquiera puede llegar a ocupar un cargo político de importancia y que estamos en manos de una banda de mequetrefes que abochorna a cualquiera.
¿Quién es el que hace las pruebas de acceso a cargos políticos? Ah, que no existe tal cosa...
¿Alguien ha pensado que estamos justo en el mismo lugar que estábamos cuando el bipartidismo era lo que ordenaba la vida política en España? No hay día que no conozcamos un nuevo caso de corrupción o detalles escabrosos de los que ya conocemos. Ahora se entiende muy bien la prisa con la que se modificó el delito de malversación en el Código Penal y la protesta tibia (muy tibia) desde el otro lado.
Ay, que pena, penita, pena.