Bajo este mismo título José Luis Cuerda rodó en 1989 una película atípica que refleja de forma magistral, a través de un collage donde se mezcla el surrealismo y el esperpento, nuestras más profundas contradicciones. Esta pudo también ser la frase con la que el expresidente Rajoy saludase la llegada de su primer amanecer fuera de la presidencia del gobierno.
El día anterior, el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había conseguido, contra todo pronóstico, sumar a sus ochenta y cuatro diputados la voluntad de otros noventa y seis, pertenecientes a otros siete grupos políticos distintos y ganar –por primera vez en la historia de nuestra moderna democracia– la moción de censura presentada contra el gobierno del PP, cuyo detonante fue la sentencia de la Gürtel. Una de ellas, quedan aún otras. La derecha PP–CS quedaba noqueada.
Al día siguiente Pedro Sánchez prometía su cargo. Pasados unos días se configuró un gobierno con once mujeres y seis hombres –para asombro del país y de Europa–; la bolsa y la prima de riesgo no se afectaron; y el país siguió funcionando. Desde entonces han pasado sólo quince días. España ha demostrado ser una nación consolidada y tener una sociedad madura.
Incluso la desafortunada elección del ministro de Cultura y Deportes y su cese a menos de una semana de su nombramiento, ha servido para certificar un cambio en la manera de proceder ante una circunstancia política que afecte a la honorabilidad de un cargo público.
No cabe duda de que todos estos cambios y en tan corto espacio de tiempo han traído un aire fresco y esperanzador en contraste con la gestión desarrollada por el Partido Popular durante los últimos veinte meses y la agresiva política antisocial publicada en el BOE desde 2011.
Sin embargo, todos los actores que hicieron posible el triunfo de la moción son conscientes –o deberían– de las grandes dificultades que va a tener gobernar este país con un apoyo asegurado de tan solo ochenta y cuatro diputados sobre trescientos cincuenta, teniendo que negociar con el resto de los apoyos, políticas muchas veces dispares o contradictorias, y con el partido mayoritario de la oposición habiendo salido del gobierno con el convencimiento de habérsele robado sus derechos ancestrales.
Ciudadanos, por su parte, tras perder la iniciativa política se alineó durante la moción junto al Partido Popular –algo que el Partido Popular le agradeció culpándolo del resultado– disolviendo en veinticuatro horas gran parte del capital político acumulado durante sus meses de patriotismo impostado, reduciendo su espacio y quedando relegado a su representación real, no a la demoscópica con la que pretendía deslumbrar últimamente.
Resentidos con el PSOE, este cambio en la percepción de su papel como partido llamado a liderar el «nuevo tiempo» –claramente escorado hacia la derecha– va a tener repercusión política más allá del hemiciclo. Al tener que disputar el voto con un Partido Popular –que, aún en horas bajas, no va a dejar que le coman fácilmente el terreno del conservadurismo ni su presencia mayoritaria en el Congreso y el Senado–, Ciudadanos se resituará endureciendo su papel de oposición, compitiendo con el PP por ver quién hace una oposición más dura, que no más útil.
Sus dirigentes en comunidades autónomas y ayuntamientos valorarán de muy distinta manera su papel de colaboración con el PSOE y previsiblemente acentuarán sus críticas; reforzarán su papel de oposición y sus exigencias en esos ámbitos. No cabe duda de que dos de esas administraciones donde librarán su batalla serán la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.
Tal contingencia explicaría los movimientos de la presidenta Díaz al nombrar al nuevo consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez; y a la nueva consejera de Conocimiento Investigación y Universidad, Lina Gálvez; ambos provenientes, en distintas etapas de la vida política andaluza, de posiciones a la izquierda del PSOE.
En los seis meses que quedan hasta final de este año, el gobierno de Sánchez podría sin duda llevar a cabo decisiones políticas demandadas por los trabajadores y las trabajadoras; modificar normas lesivas o represivas que afectan al conjunto de la población; recuperar aquellas políticas sociales más deterioradas durante estos años, como igualdad, dependencia o violencia de género. En suma, actuar decididamente para cambiar el signo de los últimos siete años. Para hacerlo posible, uno de los retos será saber sacarle el jugo a unos presupuestos que le vienen ya cerrados y, en aquellos casos en los que esos presupuestos no sean un inconveniente, tener una decidida voluntad de acometer las reformas necesarias. Pero en todo caso, el mayor reto vendrá de que el presidente Sánchez y su partido apuesten decididamente por mantener el nivel de entendimiento y colaboración con las fuerzas políticas que hicieron posible su nombramiento, especialmente con Unidos Podemos y sus confluencias.
No sólo porque sea el grupo más importante –con diferencia– de quienes le apoyaron; no sólo porque sus máximos dirigentes se implicaron con actitud responsable en aunar voluntades con el resto de esos grupos; si no porque para poder concluir esta legislatura –como parece ser la intención de Pedro Sánchez– soportando la presión constante de la derecha PP–CS, el gobierno seguirá necesitando de su complicidad. Y ésta no se ofrecerá ya a cambio de la amortizada cabeza política de Rajoy.
De lo contrario, los enfrentamientos en la vida política y parlamentaria podrían impedir incluso la cuestión clave para la supervivencia del gobierno: los presupuestos para 2019 y verse abocado a una convocatoria anticipada de elecciones. El PSOE no debería olvidar, ni mirándose hacia dentro ni mirando hacia fuera, que su gráfico de estimación electoral hasta la presentación de la moción de censura era plano.
Claro está que esa posición de colaboración abierta requiere de una contraparte que la reciba sin recelos y la valore positivamente con una actitud similar. La declaración de Pablo Iglesias, durante los prolegómenos del nombramiento de ministras y ministros, lamentando que no se le hubiese ofrecido participar en el gobierno no son el mejor ejemplo.
Unidos Podemos tiene la obligación de responder en positivo a la ilusión y la esperanza creada en los sectores progresistas de nuestra sociedad. Para ello no es necesario que abandone su papel fiscalizador de la acción del gobierno, al contrario. Debe de hacerlo pero facilitando el entendimiento. En palabras de Íñigo Errejón: que respalde, sostenga y empuje. Que reclame, más allá de los gestos positivos que se esperan –algunos de los cuales ya se están viendo–, un proyecto transformador que se refleje en la elaboración de esos presupuestos para 2019.
El objetivo que no puede tener discusión es el de reforzar el papel de la izquierda. Conseguir que este sea un gobierno de amplio apoyo social y parlamentario; de entendimiento claro y sin complejos entre el gobierno del PSOE y Unidos Podemos. Un entendimiento y colaboración que podría ayudar también a desbloquear el asunto territorial. Que se marque un ambicioso plan para recuperar derechos civiles y laborales, de género, medioambientales, derechos humanos e inmigración, etc., junto a los ya clásicos y no menos importantes como las pensiones, la sanidad, la educación, la economía y el empleo pero avanzando en políticas progresistas que acaben con la precariedad generalizada, que contemple la perspectiva de género y se preocupe trasversalmente por la juventud.
Dice uno de los personajes de la película de Cuerda: «Yo podía haber sido una leyenda..., o una epopeya, si nos hubiéramos juntado varios». Seamos epopeya.