Han transcurridos ya 38 años desde aquel lejano febrero de 1980 donde los andaluces y las andaluzas dijimos sí a nuestra Autonomía en el referéndum del 28F. Pese a que fue un camino repleto de zancadillas y dificultades, la ilusión, el trabajo y el esfuerzo de miles de ciudadanos y ciudadanas hicieron posible un histórico resultado que nos dotó de un marco autonómico y de autogobierno al mismo nivel que otras comunidades autónomas.
La vía del artículo 151 de la C.E. posibilitó el inicio de un camino de ruptura con los 40 años de dictadura durante los que Andalucía estuvo asolada por el analfabetismo, la pobreza y la represión. Años terribles que marcaron a varias generaciones de andaluces de la peor forma posible y que aún hoy persiste en la memoria de muchos de ellos.
Como no podía ser de otra manera, estos años de autogobierno han supuesto un antes y un después. Ha habido evidentes avances en el desarrollo social y económico de nuestra comunidad, pero no es menos cierto que aún existen profundos problemas que nos alejan del nivel de desarrollo de otras comunidades.
Sin caer en el pesimismo y la indiferencia de unos, ni en la autocomplacencia de otros, es una ocasión propicia para reflexionar sobre los retos y desafíos que debemos afrontar a corto y medio plazo, pero sobre todo para poner las luces largas y hacerlo a más largo plazo.
Entre los primeros, de la máxima urgencia y prioridad, sería el abordaje de un nuevo modelo de financiación autonómica que sustituya al vigente del año 2009. Es evidente y notorio que este sistema es poco transparente, arbitrario e injusto, a la vez que claramente insuficiente para dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad; algo que incluso Rajoy, acuciado por los problemas nacionales, no ha tenido más remedio que reconocer.
Andalucía está infrafinanciada respecto a la media de comunidades autónomas; representamos el 18 por ciento de la población española, pero tenemos asignados los recursos correspondientes a una población que representa el 13,5 por ciento. Una situación que, por razones obvias, impide la necesaria convergencia con España y Europa.
Se hace pues imprescindible un modelo de financiación –consensuado con el gobierno y el resto de las comunidades autónomas– solidario y equitativo, cuyo eje fundamental sea la igualdad de oportunidades del conjunto de ciudadanos y ciudadanas, independientemente del lugar donde residan.
Un modelo que debe servir para dar estabilidad a los servicios públicos –Educación, Sanidad, Servicios Sociales e incluyendo expresamente la Dependencia– con las mismas prestaciones y con los mismos estándares de calidad en todo el territorio y que debe blindarse de cara a futuras situaciones de recesión o crisis económica. Resulta un sinsentido que dependiendo de donde residamos tengamos diferentes derechos o podamos acceder a diferentes servicios públicos.
Con la excusa de la crisis y de un hipotético rescate por parte de Europa hemos asistido al progresivo desmantelamiento de nuestros servicios públicos, vía recortes presupuestarios, techo y reglas de gastos. Las políticas neoliberales, que se han cebado especialmente con nuestro sistema de protección social y han provocado el consiguiente empobrecimiento de la población y el ensanchamiento de las desigualdades sociales, ha situado a España en el tercer país donde más ha aumentado la tasa de pobreza, un 4,1 por ciento puntos porcentuales mayor que el año 2008, solo por detrás de Grecia y Chipre; y su impacto en Andalucía sólo puede calificarse de brutal.
Así pues, por razones históricas, sociales y económicas, Andalucía debe ser la más interesada en impulsar el debate y el consenso entre comunidades –a ser posible sustentado en el acuerdo de todos los grupos políticos de la cámara andaluza– en pro de un nuevo sistema de financiación, dado que no se trata de un debate territorial ni de banderas –como algunos nos quieren hacer ver– sino de derechos, solidaridad e igualdad de oportunidades.
Entre los segundos, a medio y largo plazo, se hace imprescindible la sustitución del actual modelo productivo –insostenible social, económica, y ambientalmente, basado en empleo precario y en la eliminación de los derechos laborales y sociales– por uno diametralmente opuesto cuya base sea el empleo de calidad, salarios dignos, que respete los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que garantice la plena y efectiva igualdad laboral entre hombres y mujeres.
Un modelo que supere y reoriente el actual monocultivo del turismo y los servicios, y en el que debe jugar un papel fundamental el sector industrial (aeronáutica, agroindustria, energías renovables...), al tiempo que aborde con decisión la potenciación de las redes de logística y comercialización de nuestros productos. A ello debemos añadir una apuesta real por la I+D+I, estableciendo estrategias enfocadas a crear un verdadero ecosistema de innovación donde las administraciones, universidades y empresas estén plenamente implicadas.
El próximo día 28F es un momento idóneo para poner las luces largas y sentar nuevas bases que supongan un salto cuantitativo y cualitativo de nuestra comunidad. Una oportunidad para demostrar altura de miras por parte de partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y del conjunto de la sociedad andaluza.
Los andaluces y andaluzas sabemos que nada de lo conseguido hasta ahora ha sido regalado. Que sólo con trabajo, esfuerzo, tesón y mucha lucha se construyen sociedades más justas, igualitarias y con más derechos sociales y laborales. Ese debe ser el objetivo común.